Los ministros del Interior de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para que se retengan entre 6 y 24 meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para luchar contra el terrorismo. La directiva, que deberá ser ratificada por la Eurocámara, permitirá conocer quién ha hecho una llamada, a quién, desde dónde y cuánto ha durado, siendo sólo posible el acceso al contenido de la comunicación mediante la correspondiente orden judicial.
Aunque todavía está por ver que los costes tengan que ser asumidos por las operadoras y no por los Gobiernos, la realidad es que esta directiva ha puesto los pelos de punta a las operadoras, pues se estima que la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría un coste para cada compañía de ... ... 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria, así como 50 millones de euros anuales por su mantenimiento. Aunque, quizás, los que deberíamos tener los pelos de punta debiéramos ser todos los que tenemos un teléfono móvil, por la posible repercusión que puede tener en nuestro bolsillo la entrada en vigor de esta directiva.
Vía | El Mundo