Es uno de los debates más repetidos en los últimos meses. Compañías como Uber o Airbnb, desconocidas hasta hace apenas unos meses, han saltado a la palestra y han monopolizado ese debate. Éstas y otras compañías se sitúan bajo el enorme paraguas de la economía colaborativa, pero... ¿Lo son? ¿O más bien se debería llamar economía de bienes infrautilizados?
Puede que haya quien piense que este es un debate más lingüístico que económico. Pero no lo es. En este tiempo todos los actores hemos analizado los fenómenos de estos dos gigantes bajo ese paraguas de la colaboración. Bajo esa denominación que implica compartir gastos o bienes gracias a plataformas o iniciativas nacidas en internet.
Sin embargo, las fronteras entre compartir de manera pura y generar negocio, ingresos y trabajos (más o menos rentables) en torno a esta actividad se diluyen en casos como el de Uber o Airbnb. Pese a los mensajes que se tratan de trasladar desde esas compañías, el objetivo de quien presta servicios como el de UberPop o el del alquiler de habitaciones o camas es generar un ingreso por un activo (un vehículo, una vivienda...) sin utilizar.
Eso, en parte, ya lo hacen otros actores del sector. Pero hay dos matices importantes que lo diferencia. Por un lado, la desintermediación frente a los jugadores 'tradicionales' lograda por estas nuevas compañías gracias a las nuevas tecnologías. Por otro, la no obligación de cumplir con las reglas (cánones, tasas, licencias o permisos) con las que, en teoría y según la normativa actual, se otorga la capacidad legal para ofrecer los servicios.
Ahora, el Gobierno autonómico de Cataluña ha encargado la elaboración de una propuesta con la que regular esta actividad, abordando el tratamiento fiscal de estas actividades. "Ha llegado para quedarse y hay que regularla", explicaba a principios de este mes el conseller de Empresa, Felip Puig.
Se abordará el tratamiento fiscal, la protección de los consumidores o la prevención de la competencia desleal. Por tanto, pese a la denominación oficial de 'economía colaborativa', el Gobierno se decide a dar carta de naturaleza al sector y regularlo como otra actividad más. Una actividad económica que no es ni más ni menos generosa o colaborativa que la 'tradicional'.
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