Es una de las grandes plataformas de equity crowdfunding en España y es la primera ‘víctima’ de la regulación planteada por el Gobierno. The Crowd Angel ha anunciado a través de su web que suspende temporalmente todas sus nuevas operaciones de financiación de compañías a la espera de una mejora del anteproyecto de ley. Sí mantendrá el apoyo a las siete que tiene ‘vivas’ actualmente.
Desde la plataforma aplauden el “paso adelante” para regular esta financiación colectiva. “Es un aspecto clave para dar seguridad a inversores y estabilidad a organizaciones que los amparan”, advierte su CEO, Ramón Saltor, en un comunicado. Y señalan los aspectos más positivos de la normativa: la inscripción en el Banco de España o la CNMV, la transparencia exigida, o las reclamaciones de capital social mínimo.
Pero en el lado opuesto coloca las limitaciones en cuanto a inversión de los que desembolsan la financiación. Los 3.000 euros por operación y 6.000 por inversor al año se sitúa, según él, muy por debajo de la media de las operaciones de equity crowdfunding en España y otros mercados. De hecho, señala que en The Crowd Angel la media por inversor y operación es de 12.000 euros y la tasa de repetición media es de 1,5.
¿Qué consecuencias, según la entidad, tendría esta normativa? Dos fundamentales: - La dificultad para financiar proyectos ante la inexistencia de un mercado lo suficientemente grande de ‘inversores crowd’ para alcanzar los tamaños mínimos de inversión necesarios (150.000 a 300.000 euros) a base de cantidades tan pequeñas.
- Exclusión de los Business Angels, que suelen invertir cantidades mucho más altas y que “están haciendo posible el éxito” de las operaciones de equity crowdfunding en España y otras zonas.
Desde la entidad, no entienden esta limitación tan importante cuando en otros países europeos la normativa es más laxa. Y recuerdan la ausencia de límites en Reino Unido, Suecia, Francia e Italia o la frontera de 100.000 euros al año en Alemania.
Ante esta situación, suspende cautelarmente las nuevas operaciones (hasta ahora habían financiado con éxito siete, con un desembolso de 1,6 millones de euros y 84 inversores) hasta conocer el alcance definitivo de la normativa. Quedan ahora, al menos, seis meses por delante hasta que el proyecto de ley llegue al Congreso y el Senado. Veremos.
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