En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la ‘necesaria reducción’ que debe afrontar la administración del Estado en general, y la administración local en particular. Por ello, el tamaño necesario que ha de tener un municipio para ostentar un ayuntamiento se está cuestionando.
Los municipios de nuestra geografía han tenido un crecimiento muy desigual, de modo que localidades que han perdido habitantes han mantenido una estructura administrativa propia de municipios de mayor tamaño, y otros más grandes en los que dicha estructura ha crecido más que lo que le correspondería teniendo en cuenta las ‘necesidades del servicio’.
Es una realidad que existen muchos puestos directos e indirectos que genera una casa consistorial, y aunque en en muchos de los casos los puestos se obtienen por oposición, hay una gran mayoría que son decididos ‘a dedo’ por políticos, creando puestos que reservan para sus ‘amiguetes’ como moneda de cambio a un conjunto de actividades privadas y ajenas a los intereses de la localidad.
Por esa misma razón, al ser la administración del Estado con mayor porcentaje de empleados que han accedido a sus puestos de trabajo al margen del procedimiento y sin tener en cuenta criterios objetivos de selección, los ayuntamientos tienen el problema añadido de qué hacer con este colectivo de trabajadores públicos, de estómago agradecido, que en muchos de los casos no posee una formación competitiva.
A mi parecer, este nivel de la administración del Estado es el más reticente a disminuir su tamaño, a pesar de ser el más débil desde el punto de vista financiero, cuya financiación procede en su mayor parte de tributos y tasas recaudados en la propia localidad, y que tienen un margen muy limitado por la agudeza de la crisis en las familias, en un país que por su naturaleza posee un coste de la administración muy superior al de los países de nuestro marco de comparación, y en el que cada día se admite más que desde hace tiempo es excesivo.
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