Durante el año 2007, España tuvo un superávit fiscal de un 2 por ciento del PIB y se había disminuido la deuda pública neta hasta el 22 por ciento del PIB. EL gran problema fue el endeudamiento privado de las compañías y los hogares que se canalizó a través de las entidades bancarias y concentrándose en créditos vinculados a la ya famosa burbuja inmobiliaria.
La burbuja inmobiliaria fue acompañada de la excesiva construcción y crédito que generó un gran aumento de los ingresos públicos. El Gobierno, ayuntamientos y comunidades autónomas asumieron los incrementos de ingresos como si fueran permanentes e incrementaron los gastos estructurales.
El gasto público, quitando el efectivo cíclico y el pago de los intereses, pasó del 36 por ciento del PIB a finales de la década de los 90 hasta el 41 por ciento del PIB a finales de la primera década del siglo XXI.
Nos podemos preguntar: ¿Estamos otra vez en peligro de tener una crisis de deuda pública?
En una década la deuda pública ha aumentado 60 puntos del PIB
La burbuja inmobiliaria en España pinchó en medio de la peor crisis financiera global durante casi un siglo y tuvo efectos nefastos sobre el empleo y la actividad económica. Los ingresos públicos, desestimando el efecto cíclico, se redujo 6 puntos del PIB.
Un déficit público alto junto a la intensidad y duración de la crisis económica generó un fuerte incremento de la deuda pública. Solo el efecto de la reducción de los ingresos fiscales derivados de la explosión de la burbuja inmobiliaria en una década de crisis ha supuesto un incremento de 60 puntos de PIB en deuda pública.
En 2009, según el informa de perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a los países iniciar una estrategia de salida para la política fiscal anticíclica aplicada durante la gran recesión.
El FMI recomendó no aplicar ajustes fiscales estructurales superiores a 1 punto del PIB y acompañarlos con políticas monetarias expansivas y compras de deudas de los bancos centrales para así evitar la inestabilidad financiera que forzaría a los países a realizar nuevos ajustes fiscales con mayor intensidad.
Los ajustes bruscos nos metieron de nuevo en una recesión durante el 2012
Estados Unidos siguió la recomendación y aplicó un ajuste fiscal de forma gradual. Alemania y la Comisión Europea tomaron una senda equivocada con ajustes fiscales bruscos que fueron intensificando grandes fugas de capital y consiguieron volver de nuevo a una recesión durante el 2012.
La llegada del PP al Gobierno y la torpeza en la gestión de la crisis bancaria provocaron otra nueva gran fuga de capitales del 25 por ciento del PIB durante la primera parte del 2012. Aquí España tuvo que solicitar el rescate financiero y la troika obligó a España a realizar un ajuste fiscal de 6 puntos del PIB durante el 2012 y 2013, 3 veces mayor a los recomendado por el FMI.
Durante el 2013 la troika reconoció sus errores y permitió un ajuste fiscal gradual. En 2015 el Banco Central Europeo (BCE) inició el programa de compra de la deuda pública que la Reserva Federal de Estados Unidos había iniciado 5 años antes.
En 2015, el Gobierno del PP envió a Bruselas el 'Programa de Estabilidad' donde esperaba que la economía aumentara al 3 por ciento hasta este año y se comprometía a reducir el déficit público al 0 por ciento y la deuda pública al 93 por ciento del PIB.
La gran realidad es que con un crecimiento del 3 por ciento desde el 2015 y sin que el Gobierno del PSOE haya tomado cartas en el asunto fiscal, el déficit público de España aumentará este año alrededor del 3 por ciento y la deuda pública en el 98 por ciento del PIB.
España ha desaprovechado la compra de deuda para reducir el déficit
España ha desaprovechado la gran oportunidad de las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) para reducir su déficit público y tiene una desviación de 55.000 millones de euros de deuda pública que se deben pagar con impuestos futuros.
Desde 2015 España tiene el Congreso fragmentado, lo cual ha hecho casi imposible realizar ajustes fiscales y disminuir la deuda pública. Durante ese año el Gobierno del PP ejecutó una disminución de impuestos que aumentó aún más el déficit estructural y en los Presupuestos del 2017 y 2018 se han exigido reducción de impuestos o incrementos de gastos que han incrementado el déficit estructural.
En 2018 España va a cumplir con el 'Pacto de Estabilidad' ya que va a tener un déficit inferior al 3 por ciento del PIB y se incorpora un mecanismo preventivo que se basa en el presupuesto equilibrado en el ciclo, sugerido por los Keynesianos.
La Comisión Europea está exigiendo un ajuste del 0,6 por ciento del PIB y el Gobierno del PSOE se ha comprometido en realizar un ajuste del 0,45 por ciento. El Gobierno del PSOE sólo ha reconocido una desviación del déficit público de este año y ha mantenido la senda nominal. Por tanto, no se ha presentado el ajuste estructural que ya se han comprometido.
Corregir el déficit estructural es una condición indispensable para España
El Gobierno del PSOE ha iniciado la negociación de los Presupuestos del Estado con Podemos que le exige incumplir el pacto con la Comisión Europea e incrementar el déficit estructural. Sólo volver a vincular las pensiones al IPC supone un incremento del déficit estructural del 0,2 por ciento del PIB.
En las últimas décadas el principal problema de la economía en España ha sido la elevada deuda pública que ha generado inestabilidad financiera y profundas crisis en la economía.
Debemos tener en cuenta que en 2019 España tiene que emitir el 20 por ciento del PIB en deuda pública y no va a tener el respaldo de las compras del Banco Central Europeo.
Por tanto, corregir el déficit estructural es una condición indispensable para disminuir las emisiones de deuda y enviará una señal a los mercados de que asumen que tenemos un problema y que tenemos previsto una política económica para arreglarlo.
Tanto los gobiernos de derechas desde 2015 y ahora los gobiernos de izquierdas no son capaces de disminuir la deuda pública en España. Se nos presenta la gran incógnita si vamos a volver a tener que reducir la deuda pública de forma forzada por una nueva gran fuga de capital y con otra crisis en la economía española como paso en 2012.
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