Esta modificación persigue mejorar el sistema de cotización del régimen de empleadas de hogar equiparando al regimen general este régimen de cotización mediante la inclusión del derecho a desempleo dentro del régimen y las mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal, puntos que actualmente este régimen no cubre. Como es lógico, estas mejoras llevarán aparejado un aumento de la cotización y por supuesto, un aumento de precio. Si en la relación laboral usuario-empleado de hogar introducimos una empresa, los costes finales aumentarán de una manera importante, dado que los riesgos de sustitución y los propios costes empresariales se tendrán que repercutir al usuario. En este sentido, si la reforma busca evitar las bolsas de economía sumergida del sector, se equivoca de plano, dado que desde que se puso en marcha el régimen de empleados de hogar, cada dia existen menos personas trabajando en negro en los domicilios.
Para evitar que se canibalice un sector que tiene casi 300.000 afiliados (PDF) y que funciona, se debe mejorar el escenario para los prestadores finales de servicios de asistencia al domicilio mediante un sistema de deducciones y bonificaciones fiscales en el IRPF de una cuantía importante para que sea más costoso tener a una empleada de hogar trabajando en negro que en situación regular.
En esta línea, se amortiguaría el impacto económico final sobre el domicilio y todos aquellos que contratan estos servicios y se podrían crear de una manera muy efectiva una buena cantidad de puestos de trabajo. Por contra, como suele ocurrir con estas deducciones, se suelen favorecer los hogares con alto poder adquisitivo, en el que todos sus miembros trabajan y tienen un nivel de renta elevado, que al fín y al cabo, suelen ser lo que más recurren a los servicios de asistencia al domicilio
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