El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, los sindicatos y la patronal han alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Y lo que podría parecer una buena noticia, no lo es.
El acuerdo supone, de facto, la derogación de la reforma de 2013, que no llegó a entrar en vigor de forma completa, ya que era una reforma muy escalonada. Y deja para más adelante la negociación de los puntos más conflictivos.
Los cambios de la nueva reforma de pensiones
Básicamente lo que se ha acordado es la derogación de los dos aspectos más polémicos de la reforma de 2013. Por un lado el Factor de Revalorización, que impedía incrementos de las pensiones de los ya pensionistas por más del 0,25% si el sistema estaba en déficit. Hay que recordar que la reforma de 2013 fijó este valor de una forma arbitraria, pues la recomendación del grupo de expertos sugería incluso bajadas para poder compensar este déficit, para que los gastos sigan la senda de los ingresos del sistema.
Por otro lado también se derogará el Factor de Sostenibilidad, que iba a afectar cuando entrara en vigor a los nuevos pensionistas. Este Factor calculaba la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida y no solo las cotizaciones pasadas. En principio esta parte de la reforma iba a entrar en vigor en 2019, pero se pospuso y ahora se va derogar definitivamente.
Pan para hoy y hambre para mañana
Estos dos factores aprobados en 2013 tenían la intención de hacer las pensiones sostenibles. Fue una reforma muy polémica, en un país en el que cada vez hay más votantes pensionistas, pero que era y sigue siendo clave para que la Seguridad Social no salte por los aires.
La mejor forma de proteger el sistema de pensiones público es hacerlo sostenible, y la reforma de 2013, con sus imperfecciones, proponía soluciones para que en el medio y largo plazo el gasto no aumentara por encima de los ingresos.
El acuerdo al que han llegado Gobierno, patronal y sindicatos es un simple "que lo solucione el próximo". La derogación del Factor de Revalorización y sustituirlo por el IPC, de nuevo, es un error. Las pensiones aumentarán más rápido que los ingresos del sistema. Y derogar el Factor de Sostenibilidad sin sustituirlo por otro (dice el Gobierno que en cinco meses tienen que aprobar otro) es un brindis al sol: si de verdad lo quieren sustituir por otro que lo hagan de forma directa, pero lo cierto es que no van a encontrar uno mejor.
Lo peor de todo esto es que el Gobierno, para rehuir la polémica, lo viste todo de un pomposo acuerdo. Pero veamos quienes son las partes: por un lado los sindicatos, que obviamente tienen interés en que las pensiones sean cuanto más altas mejor; por otro lado la patronal, que su único interés es en que no aumenten las cotizaciones sociales; es el Gobierno el que tiene que tomar las decisiones importantes e impopulares, el que tiene que ver la reforma en su conjunto. Pero prefieren, como llevamos haciendo desde los 90 excepto quizá en 2013, dando una patada hacia delante y esperando que lo solucione otro.
Lo bueno de la reforma de 2013 no llega a aplicarse
La reforma de 2013 no fue perfecta pero fue valiente. Se formó un grupo de expertos y evaluó como reformar las pensiones intentando minimizar los damnificados. El Gobierno hizo caso a bastantes cosas pero rebajó, por ejemplo, la dureza del Factor de Revalorización. Y dejó algunos aspectos de la reforma para el futuro, como la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, quizá para que la polémica se la comiera el siguiente.
Esta reforma es un paso atrás que simplemente quita sostenibilidad a la reforma de pensiones, traspasa el coste a los jóvenes y trabajadores actuales, y emplaza a una reforma más dura al futuro. Porque el problema de las pensiones no se va a solucionar de forma mágica, las reformas que necesitamos tendrán que llegar, y cuanto menos tiempo tengamos para solucionarlo más duras serán.