La reforma fiscal que PSOE y Sumar (no sin tensiones internas) negocian, in extremis, con el resto de grupos parlamentarios resultará clave para el equilibrio de las cuentas públicas y la transparencia española en Europa.
Lo que ya queda claro es que, este próximo 2025, todos los españoles afrontarán una carga fiscal mayor debido a la decisión de no deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
¿Deflactar?, no deflactar
Esta política no implica una subida directa de los tipos impositivos, pero sí produce un efecto conocido como "progresividad en frío", que se traduce en un aumento efectivo de los impuestos para la mayoría.
Esto es debido a que, en un contexto donde existe inflación, la falta de ajuste en los tramos y deducciones del IRPF genera que, a medida que los salarios nominales suben, los trabajadores entren en tramos más altos del impuesto. En otras palabras, se pagan más impuestos sin una mejora real en el poder adquisitivo de las personas.
La deflactación consiste en ajustar los tramos del IRPF y las deducciones a la inflación, con el objetivo de evitar que una subida de sueldos (destinada a compensar el aumento de precios) se traduzca en un pago de impuestos desproporcionado.
Y la no deflactación...
Sin este ajuste, la inflación actúa como un incremento fiscal encubierto. Desde 2019, este fenómeno ha supuesto un aumento significativo de la recaudación del IRPF, con unos 11.000 millones de euros adicionales hasta 2023, y se estima que seguirá generando ingresos millonarios en 2025.
Entonces, si se trata de una cuestión de justicia redistributiva, ¿por qué el Gobierno se niega a actualizar el IRPF con la inflación? A grandes rasgos, el Ejecutivo considera que el resultado sería contrario a una verdadera política redistributiva, o esto defienden: si bien este ajuste beneficiaría a las rentas más bajas, también supondría un ahorro fiscal mucho mayor para las rentas altas.
Por lo tanto, como alternativa, se han aprobado alivios fiscales concretos para rentas anuales inferiores a los 21.000 euros, y se seguirá apostando por una mayor recaudación fiscal vinculada a la inflación.
La reforma fiscal y Europa
La decisión de no deflactar el IRPF tiene un trasfondo estratégico dentro del compromiso fiscal de España con la Unión Europea.
Según las nuevas reglas presupuestarias comunitarias, España debe reducir progresivamente su deuda pública, lo que requiere aumentar ingresos o contener el gasto.
De este modo, la no deflactación contribuye indirectamente a este objetivo, generando recursos adicionales que Bruselas considera válidos para cumplir con el ajuste presupuestario. Este enfoque ha sido respaldado como una medida indirecta para evitar recortes más profundos en sanidad o pensiones, muy vinculadas a la intención de voto.
Además, la reforma fiscal prevista para 2025, siempre que las negociaciones entre Gobierno y los principales actores hayan llegado a un acuerdo, incluye un paquete de medidas por valor de 4.500 millones de euros que complementará los ingresos derivados de la progresividad en frío, consolidando la senda fiscal acordada con la Unión Europea.
Menos poder adquisitivo
Pese a no anunciarse como una subida de tipos (lo cual sería aún más impopular), el efecto acumulativo de no deflactar el IRPF supondrá una mayor para todos los tramos de renta.
Desde 2019, el tipo efectivo del IRPF ha pasado del 12,8% al 14,7% y seguirá aumentando, alcanzando el 15,3% en 2025 según estimaciones del Banco de España.
Un fenómeno que afecta, sobre todo, a las clases medias, cuyos salarios tienden a ajustarse con mayor frecuencia a la inflación y, por lo tanto, son más vulnerables a saltar hacia tramos impositivos superiores.
La decisión de ajustes para complementar con la fiscalidad europea y española, tendrá un impacto directo en los ciudadanos a partir de 2025. A grandes rasgos, percibiendo una menor capacidad económica (real) a pesar de que existan subidas salariales nominales.
Nos viene(n) año(s) con menos poder adquisitivo, prepárense, ¿listos?, porque ya casi está aquí.