Tras una gran polémica y una tensa espera, por fin, el Consejo de Ministros de ayer aprobó su tercera reforma financiera, requisito impuesto por Bruselas para recibir la ayuda al sector financiero. Con esta reforma financiera se reparte el coste de las reestructuraciones bancarias entre el sector público y privado, con lo que unos de los primeros perjudicados serán los titulares de productos complejos como participaciones preferentes y deuda subordinada.
Según explicó De Guindos, los poseedores de preferentes de las entidades que reciban ayuda tendrán que aceptar canjes a precio de mercado más un 10% como máximo, con lo que las pérdidas que podrían asumir pueden llegar al 70% de la inversión final, yo diría que incluso más. Esta decisión supone una auténtica catástrofe para alrededor de un millón de personas que verán como sus ahorros de toda la vida se esfuman en un abrir y cerrar de ojos.
Para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, como explicamos hace unos días, el Gobierno apostará a partir de ahora por productos “más simples y mucho más transparentes”. Además, se introducen una serie de restricciones para la comercialización de estos productos. A partir de ahora, se exigirá un tramo para inversores profesionales mínimo del 50%. Además, se fija la inversión mínima en 100.000 euros, en el caso de las sociedades no cotizadas, y de 25.000 euros, en el de las cotizadas.
El objetivo de estas restricciones no es otro que evitar que el inversor inexperto se fije en productos de gran complejidad sólo por su alta rentabilidad y, de paso, cortarle las alas a los bancos a la hora de colocar estos productos. Aunque lo cierto es que después de lo mal parados que van a salir los actuales titulares de preferentes, malos jugadores del mercado que lo van a perder casi todo, lo más probable es que esta situación siente cátedra y a partir de ahora invertir en “cosas raras” se convierta en algo impensable para el pequeño ahorrador.
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