La sostenibilidad está de moda. Europa marca la hoja de ruta tanto de la vivienda como de los nuevos coches que se comercializan en su territorio, algo que afecta también a España y, por ende, al poder adquisitivo de los españoles. Abogar por la eficiencia energética y la sostenibilidad en pro del mantenimiento del planeta hace que los ciudadanos, lejos de sentirse satisfechos con la gestión, se vean más asfixiados y encuentren serias dificultades para acceder a un recurso básico como es la vivienda.
La regulación de la vivienda
Europa está trabajando para cambiar completamente sus edificaciones, responsables del 36% de las emisiones y del 40% del consumo energético. Para ello, según cálculos de la UE, el Parlamento Europeo ha trazado una nueva directiva de trabajo para fomentar la descarbonización hasta 2050.
De este modo, con la nueva directiva de la Comisión de Energía de la UE, todos los edificios pasan de tener un sello medioambiental F o G a adquirir el E hasta 2030. Tres años más tarde, deberán tener el sello D, algo que supone un serio problema estructural y económico para todos los inmuebles que no cumplan con estas características y cuyos propietarios podrían ser sancionados.
Incluso, se contempla la posibilidad de prohibir la venta o alquiler de inmuebles sin este distintivo. Así pues, se obliga a más del 80% de las viviendas españolas a ser rehabilitadas para adaptarse a la nueva normativa, lo que supondrá un desembolso desorbitado para los propietarios y una subida incipiente de los precios de alquiler y venta.
El parque inmobiliario español es uno de los más envejecidos de Europa y de los más amplios, con 26 millones de viviendas. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), conlleva todo un elevado consumo energético en pro del Pacto Verde.
Del parque inmobiliario actual, el 60% de los inmuebles se construyeron sin aislamiento térmico, provocando un 40% de su consumo energético. De ahí que desde el Gobierno anticipen la necesidad de que España rehabilite 1,2 millones de viviendas hasta 2030 y 7 millones de cara a 2050. Todo ello además de apostar por la construcción de nuevas edificaciones sostenibles.
Consecuencias directas
Y es que la edificación en España genera el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones de dióxido de carbono. Ahora, muchas promotoras inmobiliarias están apostando por un modelo productivo más eficiente con viviendas sostenibles y personalizadas, ya que 6 de cada 10 compradores tienen en cuenta el criterio de la sostenibilidad a la hora de comprar una nueva casa. Y es que el 78,3% estaría dispuesto a pagar más por una vivienda (según el I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad del UCI). Construir una casa ecológica cuesta de media 1.000-1.500 euros/m2.
Las constructoras se enfrentan a unos costes más elevados, al tener que invertir en materiales más sostenibles, potenciar el reciclaje y obtener certificaciones energéticas rigurosas. Esto acaba afectando a la rentabilidad a corto plazo y asfixiando por completo al sector.
No obstante, 8 de cada 10 españoles desconocen que existen mecanismos que alivian los costes, como los Fondos Next Generation EU (83,6%), la deducción en IRPF por obras de rehabilitación (90,7%) o las ayudas estatales y autonómicas (86,7%).
La sostenibilidad de los coches: Euro 7
La nueva normativa Euro 7 busca reducir considerablemente las emisiones de transportes por carretera, dentro del Pacto Verde Europeo. Especialmente se ven afectados los vehículos diesel, limitando el número de emisiones e incentivando que las fábricas elaboren sistemas de propulsión menos contaminantes. No obstante, su implementación se ha retrasado hasta 2027 para turismos y furgonetas y hasta 2029 para camiones y autobuses.
Si bien es cierto, los fabricantes critican la norma al considerarla poco realista y técnicamente inviable (desde el punto de vista financiero). Si se sube el coste de fabricación de cada vehículo en 1.000 euros, supondría un aumento del precio de venta final en torno a los 2.000 euros, por lo que el descontento entre los consumidores sería mayúsculo. Una preocupación mayor para los vehículos de gama más baja, cuyos sistemas de reducción de emisiones serían más costosos y complejos.
Por su parte, los considerados como pequeños fabricantes(Morgan, Caterham, Wiesmann, etc.) gozarán de una moratoria hasta 2030 para prepararse mejor de cara al nuevo escenario.
Desde Bruselas no se relajan las intenciones con respecto a las emisiones de partículas contaminantes de neumáticos y frenos. Se estipula un límite de 3 mg/km para los vehículos ligeros 100% eléctricos y sendos límites de 7 mg/km para la mayoría de vehículos de combustión, híbridos o de hidrógeno y de 11 mg/km para las furgonetas de combustión de gran tamaño.
Es importante analizar hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a seguir la ‘línea verde’ marcada por Europa, aunque ello suponga la carestía de la vivienda y los vehículos, dos productos básicos para la economía nacional.