El partido republicano, quien controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y la Administración de Obama han llegado a un principio de acuerdo para dar salida al proyecto de Ley de Suspensión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico, denominado Promesa.
Dicho acuerdo servirá para reestructurar los 70.000 millones de dólares estadounidenses de deuda que están presionando a Puerto Rico. La iniciativa pretende crear una junta de control para administrar las obligaciones financieras de Puerto Rica y supervisar la reestructuración de la deuda.
Por parte del representante de la Cámara, Paul Ryan, es la solución más responsable a la crisis de Puerto Rico, porque les da un camino hace una reforma, mientras protege a la vez a los contribuyentes de Estados Unidos.
Origen de los problemas de Puerto Rico
El sector manufacturero de Puerto Rico cada vez se enfrenta a una mayor competencia debido a los acuerdos de libre comercio de los Estados Unidos con los países de América Latina y el Caribe. Ha afectado también la derogación de un artículo de 'Impuestos Internos federal' que había proporcionado incentivos en forma de créditos fiscales para los fabricantes en Puerto Rico: Sección 936.
Con estos créditos fiscales y otros incentivos basado en el estatus territorial de la isla, los esfuerzos para construir una industria petroquímica se convirtió en uno de los principales impulsores del desarrollo. Puerto Rico trató durante un tiempo ser el centro de intermediario y financiero de los Estados Unidos en el Caribe.
A medida que se perdió, la isla trató de usar la Sección 936 recortes de impuestos para mantener a los fabricantes de productos farmacéuticos y de la Commonwealth. Que falló cuando los incentivos fueron derogadas por el Congreso en un plazo de retirada progresiva que comienza en 1996 y termina en 2005 fuera de las preocupaciones que ellos fomentaron la evasión de impuestos.
Desde que comenzó la recesión, la tasa de actividad ha alcanzado mínimos históricos: sólo el 39,6 por ciento en mayo de 2015. El desempleo está por debajo de su máximo de 17 por ciento en 2010, pero todavía se sitúa en torno al 12 por ciento, en comparación con la tasa de empleo EE.UU. actual de 5,3 por ciento. producto nacional bruto de Puerto Rico se redujo en aproximadamente un 14 por ciento entre 2005 y 2015, y ha alcanzado niveles no vistos desde la década de 1990.
Las pretensiones de reestructurar la deuda se originaron en septiembre del 2015
Puerto Rico propuso reestructura la deuda por valor de 47.000 millones dólares estadounidenses, siendo una cifra inferior al actual. Por entonces era el 65 por ciento de total de su deuda y pedió a los titulares de sus bonos que les perdonaran de pagar en los próximos 5 años unos 13.000 millones de dólares estadounidenses, siendo el 72 por ciento de los que se debería pagar durante.
Esta información surgió del plan de ajustes fiscales difundido por el propio Gobierno de Puerto Rico. En el informe se explicaba que de los 18.000 millones de dólares que se tendrían que destinar en los próximos años al pago de la deuda, se necesitaban 13.000 millones de dólares estadounidenses para garantizar las prestaciones de servicios básicos.
En Puerto Rico se habían aplicado varias medidas de ajustes, que no sólo incluían los despidos de los trabajadores público, e iniciativas para tratar de recuperar su crecimiento económico, llevando ya casi una década de recesión.
¿Qué se planteaba en la propuesta de Puerto Rico?
Según la propuesta que se presento por entonces a los *compradores de bonos después de anunciar su intención de renegociar la deuda que ha vuelto insostenible. Se planteó en su momento pagar únicamente unos 5.000 millones de dólares estadounidenses durante los próximos cinco años, sin concretar en ese momento qué tipo de bonos querrían dar a cambios.
En dicha propuesta de negociación no se incluyeron la deuda acumulada por las empresas públicas de luz y de agua, aunque ya estaban en negociaciones por separado con sus acreedores. Con parte de los compradores de bonos la 'Autoridad de energía Eléctrica' (AEE) realizo un acuerdo que incluía una condonación del 15 por ciento de su deuda, que estaba por entonces alrededor de los 8.600 millones de dólares estadounidenses.
Por su parte, la 'Autoridad de Agua y Alcantarillados' (AAA) debía, por entonces, alrededor de unos 3.700 millones de dólares estadounidenses.
¿Cómo se quería negociar con los titulares de los Bonos?
La intención que tenía Puerto Rico era negociar con los titulares de los bonos de que el plan planeado iba a ser efectivo y que merecía la pena realizar una negociación de la reestructuración, para evitar batallas legales que se pueden alargar, que no beneficiarían a ninguna de las partes.
Las medidas que se presentaron eran para contener los gastos y reactivar la economía implicaban en gran parte de la negociación entre el parlamento o concesiones que debían realizar desde Washington, al mismo tiempo que negociaban con los compradores de los bonos.
Entre las medidas propuestas se menciono el cierre de escuelas públicas, la reducción del gasto sanitario y reformar la legislación laboral. Por otra parte, se pedía facilitar exenciones para la paga extra de Navidad, regular las vacaciones de acuerdo con los intereses de los empresarios, ampliar un año los periodos de prueba para nuevos contratos o limitar las indemnizaciones en caso de cierre.
Entre otras propuestas también se mencionaba la eliminación de exenciones fiscales, la revisión de prestaciones sociales y las ayudas para la compra de alimentos, modificaciones al salario mínimo interprofesional, mejoras en la recaudación fiscal y la elaboración de las estadísticas y sus cuentas públicas.
Advertencias del Gobierno de Puerto Rico en el 2015
Esta situación que se planteaba no era nada nuevo para Puerto Rico, pero a diferencia del resto de veces, se ha quedado sin la posibilidad de acceder a los mercados y no pueden seguir pidiendo dinero prestado como habían hecho hasta ese momento para pagar las obligaciones de su deuda exterior.
¿Qué va a ofrecer el proyecto de ley a Puerto Rico?
En proyecto de ley planteado por la Cámara, que se le va a ofrecer a Puerto Rico un marco legal para reestructurar su deuda similar al que ya disponen las municipalidades de Estados Unidos bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.
Aunque se deben resolver algunas dudas como quién formarán parte de la junta de control que supervisará las finanzas de Puerto Rico. La Cámara se ha esforzado para que el texto impida a Obama rechace a los miembros y que la junta se elija de forma rápida.
La junta de control podrá exigir al Gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, lo que incluiría revisar la financiación para las pensiones, ya que actualmente Puerto Rico cuenta con un déficit superior a los 40.000 millones de dólares estadounidenses. Estados Unidos no va a destinar fondos federales para paliar la situación de Puerto Rico.
Objetivos de 'PROMESA'
Se pueden destacar los siguientes objetivos de proyecto de la 'Ley de Suspensión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto':
Control sobre el presupuesto: la Junta de Control Fiscal asume control total sobre la aprobación de presupuestos y la política fiscal. La Junta Fiscal busca que el gobierno local pueda implementar presupuesto multianual balanceados, incluyendo informes trimestrales para evaluar la relación de ingresos y gastos. Esto lleva solicitándose aquí por mucho tiempo.
Reestructuración de la deuda: el proyecto mantiene el mecanismo legal de proteger al gobierno de Puerto Rico de la demanda de acreedores, para crear un ambiente favorable para la negociación. De no llegar a acuerdos voluntarios, la Junta de Control Fiscal podrá autorizar procesos de reestructuración supervisados por un tribunal federal.
Desarrollo Económico: el proyecto establece la creación de un comité de siete personas para evaluar alternativas de desarrollo económico.
Sistema de Pensiones: estudiar la situación financiera de los planes de pensiones del ELA y determinar que, si en efecto tienen problemas, la Junta lo evaluaría como parte de sus funciones.
Salario mínimo: buscar medidas que promuevan la productividad laboral y no bajar salarios, toda vez que la libre movilidad laboral.
¿Cuál es la situación actual de Puerto Rico?
El Gobierno de Puerto Rico recurrió a un decreto de estado de emergencia para protegerse de demandas a una agencia pública de Puerto Rico y preservar su cada vez menor liquidez. Esta decisión permite a la 'Autoridad de Carreteras y Transportes' suspender la transferencia de ingresos por peaje a los poseedores de bonos, a la vez que se impone una moratoria sobre las reclamaciones legales.
La última versión de la propuesta de ley elimina una polémica cláusula que habría transferido al Gobierno de Puerto Rico un terreno federal en la isla cercana de Vieques. En el texto se conserva una cláusula que permite al Gobierno de Puerto Rico reducir los requisitos del salario mínimo federal para algunos trabajadores.
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