La deuda pública está en plena escalada. Durante el primer trimestre del año la deuda pública se incrementó hasta alcanzar una ratio del 98,9%, hasta los 1,22 billones de euros** y hasta junio ha seguido su tendencia al alza hasta los 1,29 billones, rebasando ya el 100% del PIB. Por ahora, la pandemia nos ha supuesto 88.000 millones de euros de más deuda pública.
La senda levemente bajista de reducción de esta ratio en estos años ha sido cortada y, en los próximos trimestres, veremos un fuerte incremento a raíz de las grandes necesidades de liquidez por parte de las administraciones públicas para afrontar el golpe derivado de la crisis.
La deuda pública española ya era un problema anterior a la crisis económica que sufre actualmente el mundo. Si nos ponemos en antecedentes, la ratio deuda pública sobre PIB fue incrementándose con las crisis anteriores hasta alcanzar en 2014 el nivel del 100,7% del PIB.
En los últimos años, España ha mostrado un crecimiento económico fuerte, superando a la media europea. No obstante, debido a la falta de estabilidad presupuestaria tanto en la etapa del PSOE como del Partido Popular en el Gobierno, el déficit ha sido líder en europa, y, tras los máximos, la ratio únicamente ha descendido cinco puntos en cinco años, un fracaso de gestión.
El déficit se ha reducido sí... pero con una calma preocupante. Si en 2012, España tenía un déficit público del 10,7%, en 2018 llegó al 2,5% y un año más tarde, con los Decretos de Pedro Sánchez, se rompió la tibia senda de reducción y se incrementó tres décimas hasta el 2,8%.
Por lo tanto, el punto de partida ya era malo, se estaba poniendo a España en el punto de mira de un potencial shock externo. Una crisis inesperada que ha afectado específicamente a España por la confluencia de una actividad económica vinculada a eventos multitudinarios y unos gestores públicos del todo ineficaces, que han llevado las cifras de muertes de coronavirus por millón de habitantes a ser las tercera más elevada del mundo (se contabilizan los 29.000 muertos publicados por el Gobierno y no los 48.000 del INE) quedando por detrás de Bélgica y Perú.
Este cóctel peligroso nos lleva a que la deuda pública entre en una escalada importante en los próximos trimestres. Según las previsiones realizadas por el Banco de España, el déficit público se elevaría este año hasta el 9,5% en el escenario de recuperación temprana y hasta el 11,2% en el de recuperación gradual.
Sin embargo, para 2021 se esperan un rebote de la actividad económica con el desvanecimiento del impacto de las medidas que han tenido un carácter puntual y ha sido la respuesta a la pandemia. Todo ello llevaría una disminución del déficit del 5,8% y el 6,8% del PIB en uno u otro escenario.
Por otro lado, la deuda publica se incrementaría aproximadamente entre 20 y 25 puntos porcentuales de PIB, hasta situarse cerca del 115% y del 120% en cada uno de los dos escenarios, respectivamente, y permanecería en niveles muy elevados en los dos años siguientes dependiendo de las medidas que se lleven a cabo.
Por ahora el BCE ayuda a controlar los intereses de la deuda pero el riesgo está presente
Durante los últimos años se ha desarrollado una política monetaria viciada cuyo objetivo no ha sido otro que manipular las rentabilidad de es de los títulos de deuda, con la única finalidad de desvincular el riesgo del emisor frente a al retorno esperado por el inversor y empujar a los inversores a tomar más riesgo. De este modo, se ha podido refinanciar la deuda, reducir el coste de la deuda y alargar la vida de los vencimientos.
Debido a esta acción por parte de la autoridad monetaria, los Estados, en términos generales, han sido especialmente el laxos para el control del déficit público, sobretodo en el sur de Europa, y, como resultado, la deuda pública sobre el PIB ha descendido muy levemente en una etapa de crecimiento económico, a excepción de Alemania que sí ha sido un país que ha hecho los deberes en términos de estabilidad presupuestaria.
Es un absurdo que con semejante crisis, en la que el PIB ha caído en una tasa interanual por encima del 20% y liderando la contracción entre los países desarrollados, el bono español a 10 años esté cotizando con una rentabilidad del 0,37%. Y peor aun... la prima de riesgo únicamente está cotizando con 80 puntos básicos.
En otras palabras, recurrir al déficit continuado independientemente de la evolución económica, interrumpir la senda de reducción del déficit y ser el país más dañado por la actual crisis, cotiza una prima de riesgo inferior a 100 puntos básicos, lo que nos puede dar una idea de la necesidad de la deuda española de la acción del BCE.
No obstante hay un problema, y es el incentivo perverso que se está generando y ya hemos visto en años anteriores. Si ser un emisor poco riguroso con la estabilidad presupuestaria no tiene una consecuencia directa en los tipos de intereses, el incentivo es ir incrementado la deuda, hasta llegar a dos escenarios.
El primero es que vayamos a una japonización de la deuda. Es decir que el los próximos años se incremente sustancialmente la deuda y que detrás esté apoyando el BCE. Debido al incremento de la deuda, el pago recurrente al servicio de la deuda va a más y es que, a pesar de los menores intereses que enfrentan, el alto volumen lleva a que el servicio de la deuda pondere cada vez más en el presupuesto.
El segundo escenario es que el BCE llegue a un punto de frenar la manipulación de la deuda y el riesgo empiece a cotizar en su justa medida. En este escenario, los mayores intereses de la deuda obligaría al gobierno a dirigirse a la estabilidad presupuestaria para transmitir confianza a los inversores y, de no ser así, coquetear con la idea del impago de la deuda.