En los últimos días, ha ocurrido un hecho insólito en la política venezolana, el propio Presidente Nicolás Maduro ha confesado que su modelo productivo es un 'fracaso'. Su comentario fue el siguiente: "Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra. Es mía. Es nuestra".
Unas palabras que han pillado por sorpresa incluso a sus principales detractores, aunque es bienvenido cualquier reconocimiento desde el gobierno de Venezuela de los errores cometidos en su política económica que se ha desarrollado en la última década.
El primer paso para cambiar consiste en aceptar los errores propios, por ello cabe preguntarse si esta afirmación se traducirá en el futuro en un giro en las políticas que se han extendido en el país.
¿Cuál es el problema de su modelo productivo?
Es difícil poder explicar cómo el país que mayores reservas de crudo del planeta se encuentra en una situación económica tan deteriorada y con el desabastecimiento de productos básicos.
Antes de nada, hay que remontarse a lo que ha sucedido en la última década hasta finales de 2014. La posición fiscal de Venezuela era la más delicada del los países de la OPEP debido a que su sector público obtiene una gran parte de sus ingresos fiscales de las exportaciones de petróleo que representa alrededor del 90% de sus exportaciones totales.
En los años de Chávez se hizo una apuesta clara por los ingresos públicos provenientes del petróleo lo que permitió un mayor gasto público en programas ambiciosos que mejoró los niveles de vida de la gente. El crecimiento económico y las políticas de redistribución llevaron a una disminución significativa de la pobreza, del 50% en 1998 a aproximadamente el 30% en 2013.
Hay que tener en cuenta que en esos años la producción de crudo fue decreciendo pero se inició un ciclo alcista en el crudo a partir de 2003. De este modo se explica esa mejora de la vida de la gente por la generación de ingresos públicos por doquier.
En ese contexto, el gobierno estableció una variedad de empresas públicas y nacionalizó muchas empresas privadas en sectores como petróleo y gas, minería y metalurgia, cemento, banca y telecomunicaciones, unos hechos que puso en cuestión la seguridad jurídica del país. Incluso, queda para la historia el 'exprópiese' del Presidente Chávez a dedo.
Además, durante ese boom, Venezuela no acumuló ahorros para mitigar un retroceso en términos de comercio o para amortiguar el ajuste macroeconómico necesario, se apostó todo a la misma carta el petróleo cotizando a precios altos.
Tras el hundimiento de los precios del petróleo en 2014, Venezuela se encontró con un alto déficit fiscal por la pérdida de ingresos públicos derivados del petróleo. Y en un entorno de reestricción al acceso a la financiación externa, el déficit público se ha monetizado, es decir, se puso en marcha la impresora.
Inflación estimada: 1.000.000%
El régimen de Nicolás Maduro, marcó una política de mantener el tipo de cambio oficial sobrevaluado y reforzó los controles para el acceso a dólares estadounidenses, lo que significa que a los venezolanos les resulta más difícil cambiar sus bolívares, por el billete verde.
Si unimos a las limitaciones en el acceso a divisas, los problemas de financiación, el control de precios, y el colapso del sector privado en la provisión de bienes básicos, han llevado acumulativamente a una de las tasas de inflación más altas del mundo.
Según el anuncio del FMI, a cierre de 2018, la tasa de inflación de Venezuela superaría el 1.000.000%, siendo una de las peores crisis hiperinflacionarias que se ha visto en la historia moderna. Esta cifra es comparable con Alemania en la República de Weimar y la de Zimbabwe a comienzos de la última década.
Por otra parte, el FMI estima que la economía de Venezuela podría contraerse un 18% este año, frente a la caída, siendo este el tercer año consecutivo de caída de dos dígitos.
El problema de la capacidad de pago de la deuda venezolana
Venezuela continua con erosión de la capacidad de pago que conducirá a fuertes pérdidas para los tenedores de bonos, con incumplimientos continuos en los pagos de intereses de varios bonos, agravados por los próximos vencimientos del principal.
Además, los límites a la capacidad de Venezuela para reestructurar su deuda planteados por las actuales sanciones estadounidenses que impiden a los inversores estadounidenses aceptar nuevos instrumentos de deuda bajo un posible canje de deuda, exacerbará aún más las pérdidas.
La capacidad de Venezuela para cumplir con sus obligaciones de capital e intereses seguirá seriamente deteriorada, y que las pérdidas para los tenedores de bonos serán muy altas, probablemente superiores al 65%.
Este problema en la erosión de la capacidad de los pagos tiene varios factores.
En primer lugar, la disminución actual de la producción petrolera de Venezuela sea sostenida y que ejerza una mayor presión sobre los flujos de caja en moneda extranjera, con lo que es poco probable que disminuya la grave escasez de divisas. Es probable que las perspectivas para el sector petrolero de Venezuela reflejen el empeoramiento de la situación financiera del país. El gran déficit de financiación externa del país y la disminución de las fuentes de financiación implican que se seguirán incumpliendo los próximos pagos del servicio de la deuda.
Ya desde noviembre de 2017, cuando se produjeron los primeros impagos de la deuda del mercado, los pagos pendientes de cupones debidos tanto por el gobierno como por la compañía petrolera estatal PDVSA han superado los 1.700 millones de dólares.
Dado que hasta ahora el gobierno sólo ha hecho pagos atrasados de cupones de PDVSA que fueron más allá de los períodos de gracia de 30 días y no de cupones soberanos, es cada vez más probable que el gobierno no pueda hacer frente a los próximos pagos de capital de su deuda de mercado, el primero de los cuales cae ahora, en agosto, por 1.050 millones de dólares.
Las actuales sanciones estadounidense contra Venezuela contienen restricciones que hacen imposible que el país refinancie, y por lo tanto reestructure, sus obligaciones de mercado pendientes sobre la deuda mantenida por empresas o inversores estadounidenses.
La incapacidad de aliviar las presiones de liquidez a corto plazo mediante una reestructuración formal exacerbará las restricciones financieras del gobierno y aumentará las pérdidas para los tenedores de bonos.