La decisión del Gobierno argentino, por mano de su presidenta Kirchner, de nacionalizar el 51% de YPF es una violación injustificable del derecho de propiedad. Independientemente de lo que se le termine pagando a Repsol como “indemnización”, esta acción es un expolio que poco o nada beneficiará a la sociedad argentina en un futuro.
A partir de ahora, ¿qué empresa en su sano juicio va a invertir un euro en Argentina? El riesgo a que su negocio pueda ser expropiado en un futuro prevalecerá sobre el apetitoso pastel que como inversión pueda suponer este país. Además, nadie olvida que Argentina es el país del corralito, lo cual ya de por sí supone un tremendo hándicap para cualquier inversor desconfiado.
El Gobierno argentino viaja a la deriva económica en estos momentos. El concepto de renovación y modernidad que ha tratado de dar al resto del mundo durante estos últimos años ha caído en un pozo sin fondo. El giro radical hacia la izquierda de las políticas económicas de Kirchner la acercan a países como Venezuela y engendran un nacionalismo bastante peligroso.
Mientras tanto, la respuesta del Gobierno español ha sido tajante, yo diría que incluso exagerada: “Los gestos de hostilidad contra las empresas españolas también serán considerados hostilidad a España y al Gobierno de España y tendrán consecuencias”. No debemos olvidar que más del 51% de Repsol no pertenece a España y que nuestro Gobierno no debería excederse de sus funciones como mero observador del mercado, pues son muchas otras las empresas españolas que también tienen intereses en Argentina. ¿O acaso piensa socorrer a todas las que sufran una agresión en el terreno internacional?
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