El vicepresidente de la Comunitat Valenciana ha confirmado los planes de ajustes del Gobierno de Fabra para despedir entre el 40% y el 50% del personal contratado por empresas públicas. José Císcar ha asegurado que se quedan fuera funcionarios y personal laboral al servicio de las administraciones públicas y el ajuste sólo se llevará a cabo en la estructura empresarial pública.
Según los datos que ha puesto de manifiesto el vicepresidente, actualmente se cuentan 47 empresas públicas y fundaciones que se quedarán aglutinadas en 6. Los mecanismos que se pondrán encima de la mesa para este adegalzamiento del sector público valenciano pasan por la privatización de muchas de estas empresas y por la realización de expedientes de regulación de empleo en aquellas empresas en las que no se lleve a cabo su traspaso al sector público.
La empresa que más se verá afectada va a ser la RTVV, empresa en la que se prevé un ajuste en torno a los 1.000 trabajadores. En el resto, nos encontramos empresas públicas de alquileres, gestión de aguas, como la contraída Emarsa y los casos de corrupción de esta sociedad y algunas fundaciones más de dudosa utilidad.
Las medidas que pone en marcha el ejecutivo valenciano van en línea con las directrices marcadas por el Gobierno Central en la tarea de reducir el sector público empresarial y en acotar los límites presupuestarios de las televisiones públicas deficitarias. La reflexión que hay que hacerse es ¿cómo que se ponen en marcha estas medidas después de 4 años de crisis? Aunque bueno, más vale tarde que nunca y esperemos que el resto de las comunidades copien esta iniciativa por vía urgente.
En El Blog Salmón | El Gobierno abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, El Consejo de Ministros quiere limitar los salarios de las empresas públicas
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