A diferencia de otros países, en España no se contempla una huelga de alquileres en la legislación. La ley no tiene presente estas prácticas y podrían suponer problemas para aquellas personas o familias que se adhieran a estas prácticas.
Sin embargo, en Madrid, ya han empezado a declararse en huelgas parciales o totales de alquiler para frenar cláusulas abusivas y subidas muy superiores al 3 % previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Se impone la necesidad
¿Qué problemas puede traer acciones como estas?
¿Existen otras opciones alternativas?
¿Por qué es ilegal?
La realidad es que, en nuestro país, la práctica no tiene respaldo legal debido a que no está reconocida en la legislación española. Por lo tanto, puede suponer consecuencias legales para los inquilinos que dejen de pagar el alquiler de forma parcial o total.
No obstante, no es un hecho que solo esté sucediendo en nuestro país; en otros países, como Argentina, México o Canada también han empezado a darse acciones políticas y sociales similares.
Las huelgas de inquilinos
Además, es legal en países como EEUU, donde si existen razones justificadas (por ejemplo, cuando el propietario no está cumpliendo las obligaciones) el alquiler puede ingresarse en el juzgado o en un fondo común.
En Nueva York, por ejemplo, las huelgas de inquilinos han conseguido obtener derechos históricos y mejores prestaciones, de forma similar a las acciones de los años 30, en Barcelona, donde más de 90.000 trabajadores se unieron en una huelga de alquiler para protestar por el precio de un arrendamiento frente a sus salarios.
La semana pasada, tras varias reuniones, el sindicato de inquilinos se declaró en huelga en Madrid. De este modo, aproximadamente unas 8.000 personas dejaron de pagar su alquiler de forma parcial, principalmente, alegando las importantes subidas a partir del tercer año de arrendamiento, como por la intención del fondo buitre de que el inquilino asuma otros gastos, como el IBI, la comunidad y el seguro de impago. Por poner algunas cifras, de 760 euros a 1.100 euros por vivienda.
Objetivo: negociar mejores condiciones
El objetivo de los inquilinos es seguir pagando el precio indicado en el contrato inicial, así como las actualizaciones exigibles: con la ley en la mano, esto no sería legal, pero la realidad social parece ajena a fondos buitre como Nestar-Azora, que técnicamente pueden seguir aumentando los precios sin límite dentro del marco legal.
En cualquier caso, las huelgas de alquileres, pese a su ilegalidad, son una acción recurrente para los sindicatos y los grupos de presión, tanto porque el casero o el fondo se verá obligado a negociar (en especial, las grandes empresas) como por el recorrido legal del propietario, lo que se traduce en gastos, tiempo y dificultades para que el alquilado abandone la vivienda.
A todo ello, se suma la saturación de la Justicia española, que puede hacer que un impago de alquiler pueda retrasarse durante años, por lo que los propietarios, antes o después, suelen estar abiertos a sentarse a negociar.
Un problema social
En este caso, sorprende que, pese al pacto del Gobierno con EH-Bildu para prohibir los desahucios de familias vulnerables hasta 2025, nunca se mencionasen las posibles huelgas de alquileres (en cambio, la pérdida de empleo o escasos ingresos sí están contemplados).
En el texto presentado por el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid frente a las cláusulas abusivas del fondo buitre Nestar-Azora se puede leer como del incremento anual previsto del 3 % en la LAU pasamos a alquileres que, de los 900 euros iniciales se han convertido en 1.600 euros al mes, así como en el abandono de hogares en un contexto de crisis social.
Ahora mismo, hay 10 bloques en Madrid en huelga parcial de alquileres, el tiempo nos dirá si esta tendencia va en aumento y si la solución pasa por este tipo de acciones o por una ley que realmente encare la realidad social en nuestro país. Por ahora, esto último parece lejos de solucionarse.