Ante toda la vorágine creada desde las últimas elecciones del 20 de Diciembre, sobre la necesidad e imposibilidad de crear gobierno en España, las frustradas combinaciones de coaliciones potenciales, el anuncio de nuevas elecciones el 26 de Junio, y lo que es peor aún, las encuestas sobre intención voto hechas por Metroscopia, el CIS, así como otras instituciones, que a pesar de la variabilidad del resultado de dichas encuestas, en ningún caso dan ninguna mayoría absoluta a ningún partido. Todo parece ser, que estamos abocados a entrar en otro proceso de coaliciones después de Junio, para crear gobierno. Esperemos que esta vez sea mucho más productivo, de lo que han sido las elecciones del pasado Diciembre.
Analicemos dicho fenómeno de forma más detallada para ver el impacto económico-social de un sistema democrático, que en muchos casos se ha puesto en tela de juicio. No a la democracia en sí, sino el modo de aplicarla, como por ejemplo, el famoso sistema de D´Hondt en el recuentos de votos, así como otras teorías que se han atrevido a cuestionar la democracia como un sistema de partidos, como es la ¨Paradoja democrática¨ del matemático bielo-ruso Moisei Ostrogorsky. Por no omitir el volumen de gasto público que envuelve unas elecciones nacionales, en un modelo que no se antoja ideal.
Las elecciones del 20D y su impacto económico.
Como todo el mundo puede comprender, unas elecciones generales no son baratas, pero ¿a cuánto ha ascendido dicha partida de gasto público? El importe total que el estado se ha gastado en las últimas elecciones ronda el montante de 130 millones de euros, con el siguiente desglose, 48 millones de gasto en Correos, 12.8 millones en el gasto de escrutinio y publicación de datos electorales, 12.5 millones de euros en gasto de logística, y 55.1 millones en gastos generales de las distintas administraciones públicas. Proporciono un desglose más detallado de en el gráfico de abajo (Datos del ministerio del Interior).
Como sea, todos los partidos políticos están de acuerdo en la reducción de dicho gasto electoral en las siguientes elecciones. Cierto es, que mucho de los gastos de dichas elecciones son insalvables. Es decir, no hay demasiadas alternativas en principio para poder reducirlos o eliminarlos a corto plazo. El gasto más polémico por ser de los más altos, y el más evitable, es el gasto atribuido a Correos, ya que gran parte del mismo se refiere al gasto de mandar papeletas y publicidad electoral a los votantes potenciales por correo. Como sea, los partidos más veteranos no son muy partidarios de cambiar dicho procedimiento, en contraste con las nuevas fuerzas políticas emergentes que son partidarios de mandar toda la formación conjunto de todos los partidos, así como hacer uso de las nuevas tecnologías como el e-mail o las redes sociales para proceder con el envío de toda la publicidad de los partidos.
En lo referente al gasto en los que han incurrido los distintos partidos políticos, las formaciones clásicas han generado más gasto que las formaciones nuevas, cuando estas últimas han obtenido más rédito electoral, en detrimento de las clásicas. Un partido como Podemos se ha financiado con unos 3 millones de euros y ha ganado 5,189,333 votos, mientras que un partido como el PP ha necesitado una financiación cuatro veces mayor para perder en torno a 3.6 millones de votos Está claro que no existe una correlación directa entre el gasto electoral e incremento del número de votantes. En el gráfico de abajo, vemos el gasto real incurrido en la campaña del 20D, desglosado por partidos políticos.
En el gráfico siguiente, vemos el importe de subvenciones que les correspondería a cada partido según la ley electoral, por número de escaños adquiridos en el congreso, así como la subvención por el mailing.
Si comparamos ambas gráficas, entre el gasto ejercido por los partidos, como la subvención que les corresponde, vemos que el PP ha gastado más o menos la subvención en su totalidad, pero partidos como PSOE, Podemos o Ciudadanos han gastado menos de lo que les corresponde, con el consecuente ahorro a las arcas del estado.
El estado devuelve el gasto de mailing y propaganda electoral por correo a los partidos en 0,18 euros por votante, siempre y cuando el partido obtenga votos suficientes para crear grupo parlamentario. Dicho importe se redujo para las elecciones del 20D, ya que antes era de 0.23 euros, y existen propuestas de bajarlo a 0.15 euros/votante. Este importe no depende de los resultados obtenidos, sino del volumen de población con derecho a voto en cada una de las circunscripciones en las que dichos partidos se presentan, de ahí que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos tengan el mismo importe de subvención por este concepto, en torno a 6.2 millones. El montante total de dicha partida incluyendo subvenciones y otros gastos asociados, asciende a 48 millones de euros para el estado.
Por otro lado, el estado subvenciona con 21,167.64 euros a cada partido por cada escaño recibido, además 0.81 euros por cada voto recibido a los partidos en el congreso de los diputados, y 0.32 euros por cada voto recibido para el senado, eso sí con un límite máximo de 0.37 euros por cada habitante con derecho a voto en las circunscripciones correspondientes. La formación política con más subvenciones estatales por estos conceptos fue el Partido Popular con un importe de 12.8 millones de euros como se muestra en la gráfica de arriba, (el límite máximo que marca la ley), ya que en principio le hubiese correspondido en torno a 22.1 millones.
Lo que se debe tener muy en cuenta, es que el estado paga a los partidos por las cuantías de gastos efectivamente hechos y justificados al Tribunal de cuentas, de modo que el gasto no realizado, no se subvenciona, y los desembolsos se hacen de forma progresiva en el tiempo al 30%, 90% y el resto a liquidar. En el portal de transparencia del Gobierno, ya se pueden ver las cuantías satisfechas a los partidos por el 30% del total, ya que las otras partidas siguen pendientes.
El sistema electoral español
Es importante saber como funciona el sistema electoral español, para entender que el gasto total de unas elecciones impacta en todos los ciudadanos, pero no todos ellos se ven igualmente beneficiados por el mismo sistema.
El sistema electoral español reparte los 350 escaños del congreso de los diputados en 52 circunscripciones, que engloba las 50 provincias más Ceuta y Melilla. El reparto de los diputados entre las distintas jurisdicciones se establece en la Ley Orgánica del Régimen electoral General (LOREG). Ceuta y Melilla reciben un diputado cada una, y para el resto de circunscripciones reciben como mínimo dos, siendo este reparto en base al volumen de población empadronada. De modo que Ceuta o Melilla son las provincias con menos diputados, (1), o Soria (2) y Madrid la provincia con más diputados (36).
Esta estructura electoral hace la necesidad de diferenciar entre el porcentaje de votos escrutados por las distintas formaciones y los escaños ganados por las mismas. También contribuye la polémica regla de D´Hondt en el recuento de votos que explicaré más adelante. Como sea, el modelo electoral favorece a los partidos mayoritarios y nacionalistas en detrimento del resto de formaciones. En las eleciones de Diciembre del año pasado, un partido como Izquierda Unida necesitó recibir 461.552 papeletas para recibir un diputado, mientras que un partido como el PNV tuvo que recaudar 50.264 papeletas para recibir un diputado, esto es en torno a 9 veces menos que IU para conseguir un escaño.
Bien, esto en principio no parece muy democrático, teniendo en cuenta que el gasto de dichas elecciones se imputan al gasto público de forma proporcional para todas las provincias del país. En toda esta diferencia de votos para obtener el mismo diputado, tiene mucha influencia el ¨Sistema de D´Hondt¨. Este es un sistema de recuento de votos ideado por el jurista belga Victor D´Hondt. Este sistema divide progresivamente entre el número de diputados a obtener en una circunscripción, los votos obtenidos por cada formación (siempre y cuando superen el 3% del total de los votos obtenidos para obtener representación parlamentaria), y se elige en la elección de cada diputado, la formación con mayor número de votos. El ejemplo que expongo abajo explica el método en sí. Los datos se refieren a los votos obtenidos en las elecciones generales de 1996 en la provincia de Burgos, para el reparto de cuatro diputados.
En los datos mostrados en la table de arriba, se deduce que el PP no ha ganado ni el doble de votos que el PSOE, pero sin embargo ha obtenido el triple de escaños. Este método da más fuerza electoral a los partidos mayoritarios en cada provincia. Existen alternativas diferentes como el ¨método de Niemeyer¨, que es el se aplica en Alemania, o ¨el método de Sainte-Lague¨ que es el que aplican los países escandinavos, entre otros. Este último método, tiende a minimizar el peso de las formaciones mayoritarias. Se divide entre, 1,3,5,7....los votos obtenidos. De ahí que también se conozca como ¨el método de los divisores impares¨. Veamos que resultado se hubiese obtenido en la provincia de Burgos en 1996, si se hubiera aplicado el método escandinavo o ¨de los divisores impares¨.
Como se puede observar en este segundo método, el reparto de escaños favorece a los partidos políticos más minoritarios, ya que el PP perdería un escaño, en favor de IU, cuando el PP obtuvo 5 veces más votos que IU, pero solo consigue el doble de escaños.
Lo que viene a demostrar ¨la regla de D´Hondt¨ y la comparativa con ¨el método de los divisores impares¨, es que muchos votantes en España pueden verse en cierto modo ¨forzados¨a votar a los partidos mayoritarios, para que su participación no se considere un ¨voto perdido¨ y tener así un peso democrático más alto.
Lo que está más que claro, es que aplicar un método matemático perfecto en todo este asunto, sería lo más injusto en lo que se refiere a la realidad socio-política del país. Esto sería, un ciudadano-un voto, con el mismo peso específico electoral. Es decir, si un partido obtiene el 20% del total de votos escrutados debería llevarse el 20% del congreso de los diputados independientemente de la provincia o circunscripción, es decir 70 escaños. Esto produciría que los partidos del gobierno, gobernasen para los núcleos de población con mayor densidad poblacional, ignorando plenamente las provincias con menos población, ya que de ellas no obtendrían ningún crédito político, lo que tampoco sería muy democrático.
Desde el momento que queda demostrado que un método matemáticamente perfecto en el recuento de votos resulta socialmente injusto, estamos abocados a aplicar métodos de recuento matemáticamente imperfectos para mitigar la desigualdad democrática que genera el método que matemáticamente sí lo es, lo cual es una paradoja en toda regla.
La conclusión es que los ciudadanos no tenemos el mismo peso en la votación, pero si en el gasto electoral que genera dicha votación.
¿Cómo reducir del gasto electoral para el 26 J?
El coste de las elecciones del 2011 fue de 124 millones, un 5,8% menor que el coste de las anteriores del 2008, y en contraste con el coste de las del 2015 que ascendieron a 130 millones, importe que parece que será bastante similar en la campaña del 26 J.
Las formaciones políticas están de acuerdo en reducir el presupuesto de gasto de sus campañas de forma unánime, pero no hay consenso en la forma de hacerlo. Propuestas no han faltado para la reducción del gasto total de las elecciones, como la propuesta de Ciudadanos o Podemos de utilizar un servicio de mailing conjunto que envíe las papeletas de todos los partidos a la vez, el cual producirá una fuerte reducción del gasto, o la propuesta por parte de Ciudadanos de reducir a la mitad la financiación máxima de 13 millones por partido, y dejarla en 6.5 millones, o la de Podemos que propone reducirlo a 3 millones por partido.
El gasto de correo es el más controvertido de todos. Como podéis ver en el desglose proporcionado al principio del artículo, es un gasto ¨evitable¨ y de los más altos, ya que los demás se refieren a administración electoral, seguridad el día de las elecciones, escrutinio, etc..
La cuestión es vislumbrar si esos 48 millones de gasto de ¨mailing¨ por recibir el voto en el domicilio de los ciudadanos, así como publicidad, genera un impacto real a la hora de convencer al ¨votante indeciso¨, ya que el otro 63% del electorado, lo tiene claro.
En un mundo cada vez más globalizado y con unas redes de comunicación tan desarrolladas, la información llega ampliamente a todos los votantes potenciales. Hay programas diarios en todas la cadenas de radio y televisión que no paran de hablar de política, redes sociales en las que la población comparte y comenta los asuntos de actualidad, posibilidad de contrastar información con los datos dados por los medios de información mayoritarios, así como acceso a fuentes internacionales que pueden proporcionar información con otros puntos de vista, blogs alternativos de economía y política, posibilidad de acceder a periódicos online de diferentes ideologías de forma rápida y contrastar información, etc...
Ante toda esta infraestructura informativa, ¿es realmente necesario mandar información a los votantes indecisos y papeletas electorales por correo a la hora de incidir en la intención de voto, sabiendo que las mismas papeletas están totalmente disponibles en todos los colegios electorales el día de la votación, y que la información de la actualidad política fluye a raudales?. Bien, mi opinión es que dicho gasto no es que sea evitable, sino que está totalmente ¨injustificado¨.
Como sea, la mejor forma de reducir el gasto en las elecciones hubiese sido llegando a un acuerdo que hubiese evitado unos segundos comicios, teniendo en cuenta que los resultados esperados en las siguientes elecciones y según las encuestas, son bastantes similares a las anteriores. ¿Qué se plantean, gastar 130 millones en elecciones cada 6 meses hasta generar un gobierno estable?.