La desigualdad, entendiéndola como el reparto de la renta de un país, se considera uno de los indicadores más valorados para aquellos gobiernos llamados de izquierdas, por las implicaciones sociales que derivan de los altos índices de desigualdad.
Se tiende a poner un exceso de énfasis en este indicador, incluso, por encima de los niveles de riqueza, debido a que una sociedad plenamente igualitaria (Gini 0) no significa que deje de ser pobre.
La desigualdad ha sido uno de los grandes mantras en los últimos años, pero lo cierto es que se ha disparado con precisamente en los gobiernos de izquierda. Si recordamos el Gobierno del PSOE liderado por Zapatero, en 2003, el Gini de renta se situaba en 0,318, y al finalizar el segundo mandato en el año 2011, se incrementó hasta 0,357.
Después de la crisis financiera mundial, el PIB real per cápita en España se redujo en un 10% desde 2008 hasta el 2013 y el empleo había disminuido en promedio un 3,5% anual durante el período 2009-13. Vimos un mercado laboral capaz de provocar una tasa de desempleo que llegó a una cuota del 27% en 2013, mientras que la tasa de desempleo juvenil superó el 55%. En este contexto, el coeficiente de Gini aumentó y la proporción de la población en riesgo de pobreza aumentó en unos 4 puntos porcentuales en 2013.
Esta desigualdad de ingresos o Gini de renta es relativamente alta en España y se incrementó durante la crisis debido a que el empleo se redujo significativamente por la falta de flexibilidad en el mercado laboral que impidió el reajuste interno de las empresas lo que les llevó a la quiebra.
Si hablamos de desigualdad, en este punto conviene matizar que si bien la desigualdad de la riqueza (patrimonio) en España es mayor que la desigualdad de ingresos, enfocado desde una perspectiva internacional, es relativamente baja debido a las altas tasas de propiedad de la vivienda.
Volviendo a la desigualdad renta, a raíz de las reformas que consagraron la recuperación económica, el índice Gini de renta empezó a descender desde los niveles de 0,347 vistos en el año 2014 hasta el nivel 0,332 en 2018, niveles que quedan por debajo del año 2008.
En estos años la economía española vivió un crecimiento económico fuerte y equilibrado y, gracias a ello, se incrementó el empleo lo que proporcionó un apoyo a los hogares españoles que permitió la corrección de los desequilibrios, otorgando una mayor renta, contribuyendo a la reducción de la deuda privada.
La reforma laboral que hoy se quiere derogar parcialmente contribuyó muy positivamente a materializar esta realidad. De hecho, a pesar de alcanzar niveles de PIB anteriores a la crisis, la temporalidad, aunque elevada, fue inferior a la vista a la etapa de la burbuja española.
Sin embargo, con el primer gobierno de Sánchez que se presumía de izquierdas, asistimos en una primera etapa nefasta. Mientras se esperaba inicialmente que el mundo creciera más durante este año, España revisaba su crecimiento a la baja y, además, en el último año, antes de sufrir la dura realidad presente, vimos como se desaceleraba velozmente la caída del desempleo. España ya estaba en dificultades antes de la crisis del COVID-19.
¿Volveremos a una mayor desigualdad?
La desigualdad se ha reducido en los últimos años gracias a la creación de empleo, es un hecho. No obstante, el contexto ha cambiado notablemente este año. Nos dirigimos a una recesión que se proyecta un deterioro de la economía global del 9,4% al finalizar este año, y los datos del desempleo no dejan de empeorar tras asistir al peor mayo de la historia.
Nos encontramos ya con 3,8 millones de desempleados y 3 millones afectados por un ERTE. Con estos números abrumadores es difícil pensar que los niveles de desigualdad puedan mejorar en los siguientes años. Si agrupamos ambas categorías de desempleados, estaríamos con niveles del desempleo alrededor del 35%.
Además, tampoco se prevé que el tejido empresarial sea capaz de recuperar inmediatamente todo el empleo destruido. Esto se puede apreciar si tenemos en cuenta que la afiliación de empresas en la Seguridad Social durante este año ha caído en algo más de 107.000 empresas, volviendo a niveles de 2014.
No obstante, hay que resaltar positivamente la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que conocimos la semana anterior. Una medida que proporciona renta a los tramos más vulnerables de la sociedad de manera condicionada, alejándose del concepto de renta universal y que según el ministro Escrivá sacaría de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas.
Decimos positivamente porque una aplicación centralizada puede ser, si el objetivo es la igualdad, un contrapeso acertado para amortiguar parcialmente la subida de desigualdad que pueda provocar esta crisis. No obstante, que la aplicación sea centralizada no significa que sea positiva. Durante los últimos años las administraciones intermedias (comunidades autónomas) ya estaban realizando programas de renta mínima de inserción con una información mucho más detallada de la situación específica de su territorio.