La ayuda entrará en vigor el 15 de enero de 2015 y se prolongará durante quince meses. Sus beneficiarios sólo podrán cobrarla durante un período de seis meses y dispondrán de algo así como un tutor-orientador de los servicios públicos de empleo que le ofrecerá un itinerario individualizado para encontrar trabajo. Se estima que se beneficiarán de la misma entre 400.000 y 450.000 personas, con un coste para el erario público de entre 1.000 y 1.200 millones de euros.
Evidentemente, el concepto es bueno: ayudar a quienes más lo necesitan, los parados de larga duración. Sin embargo, la implementación de la medida arrastra algunos interrogantes. En primer lugar, el papel de los servicios públicos de empleo, que llevan años demostrando su ineficacia a la hora de sacar a los desempleados de la lista del paro. ¿No había otra forma? ¿Deberíamos haber vitaminado de alguna manera el papel de las ETTs tal vez?
Por otra parte, nace una especie de copago de nóminas empresa-Estado. Me explico: si un beneficiario de esta ayuda encuentra trabajo, el Estado seguirá haciéndose cargo del pago de los 426 euros durante el tiempo que le quede de prestación, mientras que la empresa abonará la diferencia hasta llegar al salario pactado. ¿En serio? Sí. El Gobierno entra de lleno en el subvencionismo de salarios. No lo veo congruente.
Mención a parte merece el hecho de si verdaderamente este tipo de ayudas fomentan el empleo o, pese a la buena intención de las mismas, no desincentiva esta búsqueda. Quizás el exceso de protección por parte de la Administración pueda alargar el período de estancia de los desempleados en la lista del paro. Es una cuestión polémica y que habría que mirar con lupa, sin duda.
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