El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o, como popularmente se la conoce, la Tasa Google, mediante anteproyecto de ley para su creación. El Gobierno cree que esta medida cubre la necesidad de hacer frente a los retos de la globalización y las nuevas formas de negocio.
El impuesto sobre determinados servicios digitales lo han querido enmarcar en una reforma fiscal centrada en el negocio digital. Con una economía mundial que se está desplazando a un carácter mucho más tecnológico, cada vez la presencia física tendrán menor recorrido. Por lo tanto, para el gobierno este gravamen pretende conseguir que las empresas tributen en aquel lugar que se genere la actividad.
¿Quién es el sujeto pasivo de este impuesto?
El impuesto digital gravaría tres supuestos específicos: la prestación de servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en interfaces digitales.
No todas las empresas de servicios digitales estarían sujetas a este impuesto, sino que serían sujeto pasivo aquellas que su cifra de negocios sea superior a los 750 millones de euros a escala global y cuyos ingresos tengan origen de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.
Para el gobierno, estos umbrales que hemos mencionado, es una manera focalizar el impuesto a las grandes empresas y por lo tanto, ni las pymes ni las startups, en principio verían afectada su fiscalidad. En otras palabras, hay que ir a por Google, Amazon, Facebook (que también es propietaria de la red Instagram), Airbnb y Uber, justamente las empresas que están liderando la trasformación digital.
Poner una losa a la cuarta revolución industrial
El impuesto digital del 3% está perfectamente diseñado para dañar a la gran empresa, discriminándola fiscalmente por el hecho de haber ejecutado un modelo de negocio en crecimiento continuado y ampliamente competitivo. Se castiga pues, los modelos de negocio que triunfan y aportan valor a los consumidores que han logrado ventajas competitivas a través de economías de escala y un efecto red entre sus usuarios.
El gobierno tampoco valora la carga o la incidencia económica real de este impuesto ya que finalmente recaería sobre los usuarios y las empresas que compran anuncios online o colocan sus productos en este tipo de plataformas.
Pensemos por un momento una empresa distribuidora que no le queda otra alternativa que pasar por Amazon para internacionalizar sus ventas y expandirse. En este sector, fruto de la alta competencia, se trabaja con márgenes especialmente estrechos, por lo que un coste repercutido del 3% puede marcar la diferencia entre vender o no vender.
También puede darse el supuesto en el que un español está buscando alternativas de viaje para este verano en Google en México y hace clic en un anuncio patrocinado de un hotel mexicano que puede cumplir sus expectativas de viaje. Este anuncio trataría los ingresos de ese click como "parcialmente atribuibles a España" y por ello, se aplicaría el impuesto del 3% a esos ingresos aunque la única transacción que se haya realizado sea entre el Hotel de México y Google.
Supongamos que tras el fantástico viaje de México decidimos subir en Facebook nuestros recuerdos. Y, con esa información, Facebook mejora su algoritmo para colocar futuros anuncios. En ese escenario, se gravarían los ingresos atribuibles a esos datos adicionales en un 3%.
En otras palabras, en un momento en el que se plantea como clave un posicionamiento en la economía digital, el Gobierno de Pedro Sánchez está encorsetando toda capacidad disruptiva que supone la digitalización y que conlleva precios más bajos para los consumidores y una gran flexibilidad para su contratación.
España se adelanta al consenso de la Unión Europea
Hay que decir que desde la Unión Europea ha habido siempre la intención de poner en marcha la Tasa Google pero requiere el apoyo de los 28 estados miembros, incluido los países pequeños y con una baja fiscalidad como pueden ser Irlanda, y que han sido un polo de atracción para las multinacionales digitales.
En una Europa en la que se hace bandera de la represión fiscal para mantener un gasto público del 47% del PIB, que se abra la economía digital lleva a que los Estados miembros no puedan gravar a las empresas digitales que operan en Europa cuando tienen poca o ninguna presencia física. Esto representa un agujero negro (que irá a más) para los miembros de la UE, porque la base impositiva se está erosionando.
Desde la Comisión Europea se pensaba en este impuesto como una solución meramente cortoplacista hasta que los países de la OCDE pudieran encontrar un consenso sobre la decisión óptima y respaldada por sus miembros. Un escenario que se presenta complicado por los factores abiertos de guerra comercial y además, las principales tecnológicas son estadounidenses.
En marzo 2018, la Comisión Europea propuso nuevas reglas para garantizar las actividades comerciales digitales se gravaran "de manera justa y favorable al crecimiento de la Unión Europea". A raíz de esto, se hacían dos propuestas:
La primera, reformar las reglas de Impuesto sobre Sociedades para que los beneficios se registren y se apliquen impuestos cuando las empresas tengan una interacción significativa con los usuarios a través de canales digitales. Esta constituye la solución preferida para la UE a largo plazo.
La segunda, está vinculada a la creación de un impuesto interino que cubra las principales actividades digitales que actualmente escapan del impuesto en la Unión Europea. Y es esta medida la que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría impulsando, cuya recaudación estimada es de 1.200 millones de euros anuales.