Tal y como hemos visto con las declaraciones de consejero delegado de Telefónica sobre el riesgo de colapso en las redes de telecomunicaciones, Telefónica puede hacer lo que quiera con sus tarifas dado que nada ni nadie le impide eliminar una tarifa plana en el acceso de ADSL aunque se haya querido colocar el punto de mira sobre las conexiones móviles.
Pero el caso es que, el argumento de la tarifa plana en accesos móviles es el anzuelo para tocar la tarifas planas de líneas ADSL fijas, porque hoy por hoy, Telefónica no tiene ninguna tarifa plana en accesos desde terminales móviles, dado que suele fijar unos límites de tráfico de datos y si se superan mensualmente, reduce drásticamente la velocidad de acceso, con lo cual, más que una tarifa plana, tenemos una tarifa “cuesta abajo”.
El problema de fondo que tenemos en todo este asunto es el precio que pagamos los usuarios de internet en España, PDF) y cómo el monopolio en redes fijas que tenía Telefónica no termina de romperse mediante el despliegue de redes independientes. Los operadores de cable no llegan aún al 20% de las conexiones ADSL (PDF) con datos de junio 2010 y gráfico de cabecera.
Ono o Jazztel siguen a remolque y no tienen la capacidad de expansión para dar cobertura a todo el territorio nacional, por lo que salvo una liberalización seria de las redes inalámbricas que eliminen las restricciones que ponen los ayuntamientos a las instalaciones de antenas de telefonía móvil con tecnología suficiente para soportar un gran tráfico de datos para internet o vamos a bailar al son de Telefónica queramos o no en el área de conexiones fijas, dado que hoy por hoy, un usuario medio a la red no puede depender única y exclusivamente del acceso móvil.
En este sentido, la Ley Omnibus, ley liberadora de servicios no se moja con las telecomunicaciones y no mejora las posibilidades de expansión de infraestructuras en telecomunicaciones. Es labor del ejecutivo liberalizar seriamente el establecimiento de las redes móviles impidiendo que ayuntamientos o comunidades autónomas puedan plantear restricciones y prohibiciones de instalación de redes inalámbricas para que puedan entrar fuertemente en nuestro mercado operadores extranjeros o se puedan impulsar nuevas empresas de telecomunicaciones con su propia infraestructura de red a precios asequibles.
Hay que olvidarse de las redes de cable y toda la inversión que conlleva y es labor de las administraciones públicas favorecer la competencia en un mercado en el que los usuarios finales son los grandes perjudicados a tener un escenario tan reducido y acotado en telecomunicaciones. Si nos encontramos con un cuasimonopolio, finalmente las empresas podrán cobrar lo que realmente quieran, pero para que esto no ocurra, es necesario que la regulación del sector no siga siendo favorable a las empresas que operan actualmente en el sector de telecomunicaciones y se permita e impulse desde le marco legislativo la entrada de nuevas empresas en el sector.
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