Siempre que hay una iniciativa pública hay una participación privada, de eso no tengamos dudas. Cuando se construye una carretera el Estado pone el dinero y muchas veces el proyecto, pero la construcción en sí la hace una empresa privada (que se presenta a una licitación). Algunas veces toda la iniciativa es pública, como por ejemplo en la educación o la sanidad, pero siempre hay empresas privadas proporcionando bienes o servicios incluso en dichos casos.
Así que cuando a los políticos empiezan a hablar de "colaboraciones público-privadas" hay algo detrás que se sale de lo normal. Y lo mejor es ponerse a temblar porque lo que están implicando es que quieren sortear de alguna forma la ley. Recientemente hemos visto un caso, con la remunicipalización de la gestión de la M30 en Madrid.
Cómo tapar la deuda de una inversión
El caso de la M30 viene de lejos, cuando en 2007 se hizo su soterramiento. La obra era impresionante, muy posiblemente necesaria, pero brutal en magnitud y costes. Lo lógico es que la hubiera abordado el Estado o la Comunidad de Madrid, pero por motivos electorales lo hizo el Ayuntamiento (de hecho la M30 era del Estado y la cedió a la ciudad para realizar el soterramiento).
El problema es que era una obra excesivamente grande para un Ayuntamiento, incluso para el de Madrid. Y la deuda que tenía que contraer era excesiva para lo que permitía la UE para una entidad local. Así que se inventaron una "colaboración público-privada".
La obra la haría una empresa (Emesa) participada en un 80% por el ayuntamiento y un 20% por ACS y Ferrovial. La empresa asumiría la deuda y así no se incumpliría ninguna ley. Y dicha empresa se encargaría del mantenimiento.
Saltarse la ley sale mal
Sin embargo al poco los tribunales determinaron que eso era ilegal y que la deuda pertencía al Ayuntamiento. Y la estructura de Emesa dejó de tener mucho sentido. El próximo año se abre una ventana para hacer completamente pública Emesa y el Ayuntamiento lo va a hacer. Una vez que el objetivo principal de dicha "colaboración" no está (es decir, una vez que la deuda se no se puede ocultar), la "colaboración" carece de sentido pues el mantenimiento de la vía es más caro que con simples concursos periódicos.
La lección es clara. Ya existen colaboraciones público privadas que funcionan bien y consisten en licitaciones para ejecutar obras, realizar mantenimientos, estructurar proyectos, comprar material y un largo etcétera. Si los políticos hablan de nuevas formas de "colaboraciones público-privadas" es porque quieren sortear la ley para su propio interés. Hay que ponerse a temblar porque normalmente implica mayores costes para el ciudadano.
Imagen | Wikipedia - M. Peinado