Durante el día de ayer el Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP durante el año 2012. La sentencia explica que no es el vehículo adecuado para aprobar una medida así un decreto ley para realizar un indulto fiscal.
Por otra parte la sentencia avala las declaraciones que hicieron alrededor de los 31.500 contribuyentes para regularizar el dinero que se evadió. La sentencia no va a tener efectos prácticos, pero supone un duro golpe al Gobierno del PP y en concreto al Montoro.
Nos podemos preguntar: ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional que le ha hecho tanto daño al Gobierno del PP? ¿Qué efectos tiene para los evasores fiscales? ¿Fue efectiva la amnistía fiscal?
La sentencia sin efectos pero un duro golpe a Montoro
La amnistía fiscal fue anunciada por Hacienda en primavera de 2012 y desde entonces ha habido polémica tras polémica. El último revés ha sido del Tribunal Constitucional, declarando nulo el decreto ley con que el Gobierno del PP lo aprobó.
El Tribunal Constitucional explica en su sentencia que no es la manera regular la amnistía fiscal ya que afectan a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, de igualdad y progresividad.
Además añade que la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo para la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Gobierno del PP ante sus obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento del los gastos públicos.
El origen de la decisión ha sido un recurso presentado por el PSOE. Aunque la sentencia no tiene efectos prácticos porque está avalando las declaraciones para que los evasores fiscales pusieron en orden su situación fiscal.
La sentencia profundiza que la amnistía legitima la conducta insolidaridad a través del incumplimiento del deber de tributar de acuerdo con la capacidad económica. Por tanto, a este tipo de contribuyentes se les pone a una situación favorable que aquellos contribuyentes cumplieron de forma voluntaria y en plazo su obligación de contribuir.
La amnistía se crea en el peor momento de la crisis
El Tribunal constitucional dice que la amnistía legitima el fraude fiscal. La 'Declaración Tributaria Especial ' (DTE), fue creada por el Gobierno del PP para hacer aflorar, en los peores momentos de la crisis en España, el dinero que algunos contribuyentes habían ocultado a Hacienda.
Había una situación crítica donde la recaudación de Hacienda se desplomaba, el déficit público estaba descontrolado y España sufría los ataques continuos de los mercados disparándose la primera de riesgo con máximos históricos, lo que desencadenó graves problemas.
En este momento Hacienda abrió la puerta a la regularización. Los evasores fiscales solo tuvieron que pagar el 10 por ciento de las cantidades que supuestamente habían defraudado para quedar impunes. Aún así, la medida no fue suficiente atractiva para algunos el Gobierno del PP tuvo que suavizar aún más las condiciones.
El Gobierno del PP permitió regularizar pagando solo por los rendimientos no prescritos, los últimos 4 años. Esto consiguió que los evasores fiscales solo tuvieran que pagar el 3 por ciento de las cantidades que no habían declarado y sin necesidad de pagar intereses por demora, ni recargos adicionales por no haber liquidado cuando les correspondía.
Para más inri, el Gobierno del PP les ofreció la seguridad de blindar, a los evasores fiscales, posibles investigaciones penales por regularizar el dinero que se les había ocultado a la Agencia Tributaria.
Los datos de la amnistía fiscal de Montoro
Los resultados del proceso de amnistía fiscal se puede resumir en las siguientes cifras:
Contribuyentes acogidos: la amnistía permitió alrededor de 31.500 evasores fiscales regularizar sus activos no declarados a la Agencia Tributaria.
Cantidad regularizada: según datos de la Agencia Tributaria afloraron alrededor de 40.000 millones de euros.
Carga nominal: se ofreció a los evasores fiscales tributar únicamente al 10 por ciento de lo que se tenía que declarar, una disminución substancial del tipo impositivo aplicable.
Carga real: en realidad resulto más barato ya que en vez de tributar el 10 por ciento total del patrimonio aflorado, como se preveía en un inicio, se permitió a los evasores fiscales tributar al 10 por ciento de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía, del 2008 a 2010. Por eso se estima que se acabo tributando de media el 3 por ciento de la cantidad garantizada.
Cantidad recaudada: se consiguió recauda alrededor de 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones de euros que el Gobierno del PP había previsto ingresar.
Cantidad no conseguida regularizar: se estima que alrededor de 2.800 millones de euros fueros perdonados por la amnistía, por permitir tributar de media un tipo de interés del 3 por ciento, en vez del 10 por ciento previsto.
Inspecciones derivadas: la Agencia Tributaria, hasta el mes pasado, había abierto 3.545 inspecciones derivados de la amnistía de 2012, apenas una décima parte de los evasores fiscales.
Algunos de los evasores fiscales más conocidos
Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno y exministro de Economía y Hacienda, presentó la amnistía fiscal el última de plazo y pago a la Agencia Tributaria 11.533 euros, un 3,35 por ciento de los 344.213 euros que afloró.
Oleguer Pujol, el hijo menor de los Pujol, regularizó 3 millones de euros a través de la amnistía fiscal. Su hermano Josep Pujol afloró 2 millones de euros más.
José Ángel Fernández Villa, sindicalista de URGT, regularizó 1,4 millones de euros a través fiscal. Fue conocido como ser el secretario general del 'Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias' durante más de 30 años y tuvo un papel clave en las movilizaciones mineras de los 80.
Luis Barcenas, extesorero del PP, afloró 10,9 millones de euros procedentes de una empresa en Uruguy. Hacienda se le denegó la amnistía fiscal por presentar datos que consideraban no veraces.
Diego Torres, conocido por ser el antiguo socio de Iñaki Urdangarín, se acogió a la amnistía fiscal y regularizó su situación por 160.000 euros de una cuenta que tenía en Luxemburgo.
En El Blog Salmón | La amnistía fiscal fue un escándalo, pero, ¿es legal, como dice el pacto Cs PP, recuperar más dinero?
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