Hace dos semanas la caída del Banco Popular sacudió todos los medios y mercados: un banco que había superado las pruebas de solvencia de la Autoridad Bancaria Europea hace menos de un año pero cuyas acciones llevaban meses cayendo en picado ante la sospecha de que la situación era más problemática de lo anunciado.

Al final, el Popular fue víctima de una profecía autocumplida: la espantada de los inversores alarmó a los clientes, que empezaron a retirar su dinero en masa. El banco se enfrentó a un pánico bancario en toda regla: agotó toda su liquidez, luego dilapidó todas las líneas de emergencia aportadas por el Banco Central Europeo y finalmente, el 6 de junio comunicaba que no tenía más efectivo para seguir cubriendo las masivas fugas de depósitos.

Se puso en marcha entonces el nuevo proceso de rescate bancario europeo surgido a raíz de la crisis: por primera vez en la historia, el Comité Único de Resolución usaba su autoridad para tomar control del Popular y salvaguardar los intereses de sus clientes (que no sus inversores). ¿Cómo funciona el nuevo mecanismo europeo de resolución bancaria estrenado por el Popular?

Una autoridad única europea para tomar el control de bancos en problemas

Hasta la llegada del Comité Único de Resolución (SRB), en Europa no existía un procedimiento sistemático para hacer frente a la implosión de un banco. Las soluciones eran ad-hoc, dependiendo del país (y del momento) en que el problema se produjera. Frecuentemente la intervención se aplazaba hasta que el agujero era demasiado grande para seguir tapándolo, como sucedió con las cajas españolas. Y las autoridades tenían poca alternativa a aportar dinero público si querían garantizar los ahorros de los clientes.

Tras ventilar decenas de millones de dinero público en rescatar bancos quebrados, los estados de la eurozona decidieron establecer una unión bancaria, con reglas comunes y autoridad ejecutiva. Uno de los pilares de este sistema es el Mecanismo Único de Resolución (SRM), con autoridad para resolver situaciones problemáticas de cualquier banco bajo la supervisión del BCE.

El principal objetivo del mecanismo es minimizar el coste público de cualquier intervención de rescate bancario. Para ello cuenta con un Fondo Único de Resolución (SRF), al que aportan dinero todos los bancos privados de la eurozona, con el objetivo de cubrir un 1% de los depositos garantizados en la misma. El SRM y el SRF están bajo control del Comité Único de Supervisión (SRB).

¿Cómo se decide la intervención de un banco?

Para que el procedimiento de resolución se ponga en marcha, el BCE o el SRB deben determinar que la quiebra del banco es probable y que se han agotado todas las medidas para evitarla, tanto privadas (ampliación de capital, venta a otra entidad) como públicas (programas de liquidez de emergencia del BCE y los bancos centrales nacionales). Llegados a este punto, el Comité decide si rescatar el banco es de interés público o no. Si no lo fuera, el banco se declararía en quiebra y sus activos serían vendidos para cubrir en la medida de lo posible los depósitos de los clientes.

En el caso del Popular, se estableció que el rescate del banco sí era de interés público, dado el enorme volumen de clientes particulares y pequeñas empresas con ahorros depositados en la entidad. En este momento se puso en marcha por primera vez el SRM: el control de la entidad quedaba así en manos de las autoridades europeas.

Una vez que un banco entra dentro del proceso de resolución, la Comisión Europea tiene 24 horas para aprobar el plan presentado por el SRB. La Comisión puede revocar algunos aspectos del plan, e incluso objetar el interés público de la resolución, extremo que debería de ser ratificado por el Consejo (formado por los jefes de gobierno de los estados miembros). En el caso del Popular, la Comisión no presentó objeciones y todo se decidió en cuestión de horas, con el objetivo de tener el proceso finalizado antes de la apertura de la Bolsa el miércoles 7 de junio.

Del bail out al bail in: rescatando bancos con fondos privados en vez de públicos

El SRM establece varias herramientas de rescate, con el objetivo de continuar las funciones críticas del banco y garantizar la estabilidad financiera con el menor coste para el contribuyente. Algunas de ellas implican la intervención pública, como por ejemplo la separación de activos 'tóxicos', que se pueden transferir a una entidad de propiedad total o parcialmente pública (una solución similar a la creación de un 'Banco Malo').

Pero en el caso del Popular no se consideraron este tipo de soluciones sino que la decisión final fue realizar un bail-in (rescate con fondos propios) y vender la entidad. El bail-in implica la amortización de los pasivos capaces de absorber pérdidas: las acciones y la deuda subordinada. De este modo, son los accionistas y acreedores quienes soportan las pérdidas: la anulación del compromiso financiero que el banco tiene con ellos es equivalente a inyectar capital en la entidad por el valor de las acciones y los bonos amortizados.

En el caso del Popular, el proceso funcionó de la siguiente forma:

• La entidad fue tasada en un rango entre ?2.000 millones de euros en un escenario normal y ?8.200 millones en uno adverso

• El capital social, valorado en 2.000 millones de euros (considerando cada acción a 50 céntimos) se redujo a cero amortizando las acciones, tal como está previsto en la legislación. Es en este momento cuando los accionistas del Popular perdieron el 100% de lo invertido. Hay que recalcar que esto es lo normal cuando una empresa quiebra: el valor de las acciones se esfuma.

• A continuación, se valoraron los instrumentos del nivel adicional de capital 1 (coloquialmente conocidos como 'cocos') en 1.350 millones de euros (cada título a 1 euro). Dichos bonos se convirtieron en acciones (otra medida previsible ya que se trata de bonos convertibles) para constituir un nuevo capital social, que también se redujo a cero euros amortizando estas nuevas acciones.

• Posteriormente, los instrumentos del nivel de capital 2 (bonos de deuda subordinada, más seguros que los 'cocos' pero también convertibles) se valoraron en 680 millones y fueron convertidos en acciones de un euro cada una, reconstituyendo por segunda vez el capital social del banco.

• Una vez realizado el bail-in, comenzó el proceso de venta, donde la única oferta que cumplió los requisitos fue la del Santander. El banco de Botín se hizo con el capital social del Popular por un precio de 1 euro. Aunque el valor contable de dicho capital era de 680 millones, esta cifra no refleja el valor real de la entidad, aún en números negativos pese a las amortizaciones realizadas.

Evidentemente no es cierto que "el Santander compre el Popular por 1 euro". Aunque ese es el precio al que el capital ha sido adquirido, el acuerdo incluye la obligación del Santander de garantizar los depósitos y el funcionamiento correcto del Popular, haciendo frente a los gastos y pérdidas que ello pueda ocasionar. Para empezar, el Santander deberá ampliar su capital en 7.000 millones para digerir la absorción.

A pesar de que el proceso no haya estado exento de sombras (sobre todo, la falta de transparencia), en la mañana del 7 de junio el mecanismo de resolución había concluido: el Popular se convertía en el primer banco de la eurozona rescatado según las nuevas reglas comunes, sin dinero público. Tampoco es estrictamente cierto que el coste para la economía española sea nulo (los millones de euros que han perdido accionistas y acreedores del Popular repercuten en el conjunto de la economía), pero se ha conseguido garantizar los ahorros de uno de los mayores bancos del país sin tocar un euro del presupuesto.

Se marca así la pauta para futuras restructuraciones bancarias. ¿Quién será el próximo? se especula ya con algunos bancos italianos... en cualquier caso, el nuevo mecanismo europeo de rescate bancario funciona. La era de los desastrosos rescates públicos puede haber llegado a su fin.

En El Blog Salmón | La cara B del sistema bail-in de rescate bancario: afectados por el Popular