El mercado laboral está en plena convulsión por la fuerte pérdida de empleo que estamos viendo. El colectivo de los autónomos no es ajeno a esta realidad y en un solo mes se han perdido 41.250 autónomos, un descenso que supone el 1,3% del total, la mayor caída desde que se tienen registros. En consecuencia, con los datos del mes de abril hemos pasado de 3.252.516 de autónomos a 3.211.267 autónomos.
El panorama empresarial es dantesco, con esta crisis que estamos viendo ya hemos perdido un total de 142.000 negocios. Se ha destruido tejido empresarial en medio de una crisis que será mayor que la de 2008 y, para más inri, los costes impositivos simplemente quedarán diferidos el tiempo, sin una reducción.
En la etapa de desconfinamiento deberán afrontar mayores costes para ofrecer una mayor seguridad en sus respectivos establecimientos comerciales, asumirán la reversión gradual de los ERTE, en un entorno en el que la facturación habrá caído notablemente por la crisis y la numerosas limitaciones para la reapertura al público.
Durante la crisis del COVID-19, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha mostrado un claro sesgo negativo contra el colectivo de los autónomos, una desprotección absoluta.
Se decretó que para los trabajadores autónomos que han sido afectados por la suspensión de actividades decretadas por el estado de alarma o ven reducida su facturación, al menos, en un 75% en el mes anterior a la solicitud frente a la facturación media del semestre anterior pueden acceder a la prestación económica extraordinaria a cargo de la Seguridad Social, cuyo importe será el 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. Durante este periodo, el autónomo no debe hacer frente al pago de la cotización de la Seguridad Social.
A fecha de 30 de abril se había concedido esta prestación por cese actividad extraordinaria un total de 1,1 millones de autónomos, es decir, el 33% del total. Pero curiosamente eso no significa que no hayan afrontado la cuota del mes de marzo.
El gobierno ha estado utilizando en los dos últimos meses a los autónomos como si una póliza de crédito se tratara ya que a unos 400.000 autónomos con la prestación por cese de actividad extraordinaria reconocida, les cobraron tanto la cuota de marzo como las de abril y no serán devueltas hasta dentro de dos meses.
En el mes de abril hemos visto que 82.000, pymes y empresas han tenido que solicitar el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social. En términos porcentuales no suponen ni el 3% del total del colectivo y es un 5% de los autónomos y empresas que no verían exoneradas estas cotizaciones empresariales mientras que, comparativamente, tenemos que un millón de beneficiarios de la prestación de cese de ERTE para los que 500.000 sí tienen exoneradas estas cotizaciones.
También hubo unas ayudas para las moratorias de hipotecas, suministros de alquiler de la vivienda habitual que han sido ayudas que los autónomos prácticamente no han percibido, solo el 1% ha podido beneficiarse. Y es que para beneficiarse de estas ayudas debe de computarse una baja censal en la Agencia Tributaria y 95% han mantenido las altas en la Seguridad Social y Hacienda.
Si profundizamos en la comparativa entre autónomos y trabajadores, vemos este sesgo negativo. Tenemos que seguramente en mayo muchos autónomos tendrán actividad por debajo del 50% y que vayan a tener que pagar toda la cuota y ningún tipo de ayudas, frente a las ayudas de los ERTEs a media jornada.
Con relación a la liquidez prometida por parte del ICO desde el gobierno, existe una demanda por parte de 800.000 pymes y autónomos que lo han solicitado pero no más de 200.000 han conseguido esos recursos inmediatos