Ayer se cumplieron 45 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que lideró España en una de sus etapas más negras de retroceso económico y social. Su sublevación militar acabó con la segunda República y, tras tres años de conflicto armado, en 1939, se inició la autarquía del franquismo.
Esta etapa que marcó los primeros 20 años del dictador. En el ámbito económico, la idea inicial del régimen franquista era que, ante el desequilibrio de la balanza comercial, España debía sacrificar sus importaciones a través de la demanda interna. Es decir, proporcionar una oferta autóctona y únicamente reservar el sector exterior para aquellos productos que fueran imposibles de producir en España.
En consecuencia, se emprendió una visión dirigista del Estado en la economía, no tanto en el ámbito de fiscal sino a través de un entramado de empresas públicas, regulaciones y un marcado proteccionismo en una economía cerrada al mundo.
Con ese punto de partida, se marcó una profunda visión contraria al liberalismo y que hoy, por razones distintas, el Gobierno de Sánchez está retomando con peligrosidad.
La consagración del intervencionismo en la propiedad
Si nos ponemos en antecedentes, la banca española ya había sido protagonista de una tendencia a la nacionalización en la última crisis, aunque quedaba pendiente de privatizar Bankia, una entidad que finalmente se ha buscado impulsar la fusión con CaixaBank y que concedería al Estado el 16% del primer banco español, con elevados intereses políticos por la destacada influencia política. Al mismo tiempo, con las últimas fusiones que se están produciendo, la banca se está concentrando y tiende a un sector de oligopolio.
Esta idea de esta reordenación bancaria y el poder estatal en ella, ya se vivió en los primeros años del franquismo con la mayor representación del Gobierno en el Banco de España. Un intervencionismo que culminó en 1962 con la nacionalización del banco.
En esos años, la banca sufrió un proceso amplio de concentración a través de fusiones porque el Gobierno impedía la creación de bancos y prohibía todo cambio en los bancos existentes si anteriormente no recibían autorización. Esa restricción del mercado facilitó la colusión entre los bancos instalados, que se repartirían las rentas del monopolio, sin verse amenazados por la entrada de nuevos participantes.
Si volvemos al presente, vemos al BCE que incrementa la base monetaria comprando en el mercado secundario de deuda títulos del para que los Estados puedan financiarse a intereses irrisorios y, en muchos casos, con nominales negativos.
Algo parecido sucedió en el franquismo, gracias al proceso de reunificación monetaria, el Ministerio de Hacienda adoptó medidas dirigidas a preservar la financiación del gasto público y drenar liquidez del sistema. Los tipos de interés pasivos se fijaron en niveles muy bajos, (inferiores a los establecidos antes de la guerra civil), pero tratando de que el coste del dinero que debían sufragar los bancos a sus depositantes, en ningún caso, no fuera superior a la rentabilidad de la deuda pública.
En el sector de las aerolíneas también encontramos elementos en común. El régimen franquista nacionalizó Iberia en 1944 a través del Instituto Nacional de Industria (INI) y hoy, ante la grave crisis del COVID-19, ya se ha nacionalizado Air Europa aportando 475 millones de euros y no se descarta la renacionalización de Iberia si se considerara oportuno. Incluso, se está interviniendo de forma indirecta a través de líneas ICO, avales y una "coodinación con la banca" para dar respaldo a Iberia y Vueling.
Lo que hoy son unas ayudas de 3.750 millones de euros en el mercado del automóvil, en la etapa franquista se propició la intervención en el sector, con el nacimiento de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) en 1940 con la participación del Estado mediante el INI (51% del capital) y en confluencia con la banca (49% restante).
En último lugar, tenemos la agricultura que sufrió con el diseño la política comercial exterior. En ese momento, el Gobierno francquista creía que se debía optar por la intervención estatal para alterar los precios de los factores de producción mediante decreto. El subsector agrícola que más quedó afectado por la intervención fue el cereal, en especial, el trigo, con precios máximos dictados por parte del Gobierno que no cubrían los costes, y llevaron la expulsión de muchos agricultores del trigo hacia otros cultivos y la aparición de mercados negro (estraperlo).
En la actualidad hay un mismo objetivo: impedir la competencia por parte del sector exterior. La política agraria está diseñada desde Europa a través de la PAC y es favorable a la sobreproducción, generando montañas de excedentes de producción que son destruidos o arrojados a las naciones en desarrollo, socavando los medios de vida de los agricultores, al mismo tiempo que se genera una serie de medidas no arancelarias para impedir el comercio. Si el franquismo imputaba los costes de la intervención a los productores, desde Europa se persigue que sean el grupo conjunto de contribuyentes quiénes financien los subsidios.
Intervención en el mercado inmobiliario a través de los alquileres
El Gobierno de coalición está preparando la regulación del precio de los alquileres en una futura ley de vivienda cuyo objetivo sería rebajar y contener los alquileres en zonas tensionado, una medida que ya ha puesto en marcha el gobierno catalán y, en su primer mes de vida, ya ha visto un repunte al alza de los alquileres.
Intervenir en el mercado de alquiler puede parecer algo novedoso y rompedor, pero lo cierto es que el franquismo fue la precursora de la política de los alquileres en una España arrasada, y que se entendió que regulando los alquileres se ofrecía una mayor accesibilidad a la vivienda. Su apuesta era a través de la prórroga forzosa y la congelación de rentas.
En el caso del control de la renta de los alquileres, debemos remontarnos a la Ley 7 de mayo de 1942 que se facultó con la capacidad de regular las rentas de los arrendamientos urbanos. El texto de la ley impedía que la renta de los edificios, viviendas y habitaciones que estaban sujetos a la legislación especial de arrendamientos urbanos, por estar vigentes el 1 de enero de 1942, se impedía su incremento, aunque las partes hubieran establecido lo contrario. Más adelante en 1946 se dio un pasó más, se quiso imponer el alquiler forzoso de viviendas desocupadas o deshabitadas que su propietario no tuviera la intención de arrendar.
Para volver a ver una legislación que permitiría subidas de alquiler, debemos avanzar hasta 1964. En ese caso la ley contempló subidas vinculadas al IPC pero, por aquel entonces, el mercado ya había detraído oferta de vivienda en alquiler.
El impulso al gasto de la Seguridad Social
Para 2021, la Seguridad Social ha presupuestado unos gastos de 172.429 millones por la totalidad de sus operaciones, incluidas las de carácter financiero. La gran política del Estado es la Seguridad Social. De hecho, a pesar de la situación no se ha dudado en la revalorización de las pensiones. Las pensiones contributivas experimentarán en 2021 un incremento del 0,9% y las no contributivas al 1,8%.
Sin duda hay un impulso por parte de la Seguridad Social por parte de este Gobierno. De hecho, sin tener Presupuestos, el Gobierno de Sánchez ha ido decretando la subida de pensiones a cargo del déficit de la Seguridad Social.
Además, ha sido el impulsor del Ingreso Mínimo Vital. Una prestación a cargo de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
En este caso, si bien el franquismo no fue el responsable de la aparición de la Seguridad Social, sí ha sido uno de los grandes impulsores históricos. Gran parte de lo que se está revalorizando hoy se concedió como "derechos" en la etapa franquista de autarquía.
Entre sus aportaciones encontramos el seguro obligatorio de enfermedad (1942) para recibir una prestación de asistencia sanitaria en caso de enfermedad y maternidad, también el seguro obligatorio de vejez e invalidez (1947) para ofrecer una prestación a los ancianos en la etapa final de la vida y finalmente, la reformulación del sistema a través de la Ley de Bases de la Seguridad Social que concedió beneficios a los trabajadores que cotizaban y sus respectivos familiares y a los estudiantes.