El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto en la obligación de adelantar la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril, por lo tanto se celebraban antes de las elecciones municipales autonómicas y europeas del 26 de mayo.
La causa que ha motivado esta anticipación electoral se debe a que finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2019 han sido tumbados por el Congreso, por lo que la capcidad de maniobra del Gobierno ha quedado seriamente dañada para impulsar su programa político.
Este Gobierno que nació de la moción de censura celebrada el 31 de mayo de 2018, ha sido incapaz de sobrevivir un año y abre las urnas para que los electores se pronuncien sobre la conformación de las cámaras. Es el momento de valorar cuál ha sido el balance económico de este fugaz Gobierno del PSOE.
Medidas en el mercado laboral: No cumplen la derogación de la reforma laboral pero sí inciden en más inspección
“la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”, este fue el compromiso de Pedro Sánchez tras ganar la Secretaría General del PSOE. Pero lo cierto es que tras la moción de censura, y la vuelta al Gobierno, el PSOE, en ningún momento, se planteó la derogación de la reforma laboral y buscar los apoyos necesarios para lograr tales fines.
Lo que sí se hizo, es trazar algunas pinceladas en materia laboral enfocadas principalmente en materia de inspección. Bajo el nombre de Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio, se ofreció una línea estratégica con los siguientes objetivos: recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, luchar contra el fraude existente en el mercado laboral.
¿Cuáles han sido los resultados? De agosto a diciembre de 2018, la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos. Pero, para tener una visión más amplia de la influencia de este Plan, debemos observar la evolución en los trimestres de implantación (tercer y cuarto trimestre de 2018).
Si en el segundo trimestre teníamos una tasa de temporalidad del 26,8%, tras el Plan Director por un Trabajo Digno, las cifras de temporalidad fueron del 27,4% en el tercer trimestre y del 26,9% en el cuarto trimestre. Algo parecido pasó en 2017, si en el segundo trimestre la temporalidad fue del 26,8%, en el tercer trimestre alcanzó una tasa del 27,4% y en el cuarto trimestre se quedó en el 26,7%.
Por lo tanto, podemos decir que a pesar del Plan, las cifras de temporalidad relativa sobre el empleo no han mejorado, incluso, si comparamos el cuatro trimestre de 2017 con el de 2018, han empeorado dos décimas.
El SMI a los 900 euros: La gran medida
Probablemente la gran bandera del Gobierno del PSOE ha sido la aprobación de la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional para 2019, un incremento del 22,3% y la mayor subida en cuatro décadas.
El número de personas afectadas por la subida del SMI asciende a cerca de 2.500.000 de trabajadores: 1,3 millones personas trabajadoras del régimen general sin sistemas especiales, entre 750.000 y 800.000 del sistema especial agrario y 400.000 personas del sistema especial de empleadas de hogar.
Esta medida ha sido criticada en varios estudios como del Banco de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research, porque podría provocar una destrucción potencial de 190.000 puestos de trabajo.
Esta evidencia fue reconocida por el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado: "Tampoco nosotros hacemos una previsión de que vayan a destruirse demasiados puestos de trabajo con el salario mínimo, pero es evidente que si hay que subir un 22%, por ejemplo, las jornadas en la agricultura, pues puede haber alguna persona que tenga la tentación de contratar en vez de a 20 personas, a 18".
Y aunque es pronto para establecer conclusiones y entendiendo el entorno de desaceleración, lo cierto es que los primeros datos de enero nos han dado un incremento de 83.464 parados más, siendo el peor enero de 2014 y una pérdida de 204.865 afiliados, cerca de un 15% más de los descensos de los últimos años.
Y es que incrementar los salarios por decreto sin una subida de la productividad paralelamente, conlleva que muchos queden discriminados del mercado laboral, condenados al mercado negro o al paro, especialmente los jóvenes que son uno de los colectivos con menor tasa de productividad.
Relajación contra el déficit y Presupuestos fallidos
Si por algo se ha caracterizado este Gobierno breve, es que la falta de alianzas le ha llevado al uso de los decretos ley como forma de Gobierno. Es toda una irresponsabilidad impulsar decretos ley que afectan directamente al incremento del gasto estructural sin tener garantizadas las medidas recaudatorias que compensen ese incremento, la diferencia se llama déficit o mayores obligaciones que en un futuro deberán atenderse.
En primer lugar, recordemos que para 2019, el déficit comprometido con Bruselas es del 1,3%. Para alcanzar ese déficit es necesario un Presupuesto que evalúe los ingresos y gastos de manera realista.
Se intentó trampear esa cifra de dos maneras: la primera, negociando con Bruselas un mayor déficit (1,8%), pero el Senado finalmente lo tumbó y la segunda, con la elaboración de unos Presupuestos que inflaban la previsión de ingresos y fueron criticados por la Comisión Europea o el Banco de España.
Si nos ponemos en contexto, Sánchez tenía los compromisos heredaros del Gobierno anterior, un incremento de salario para los funcionarios y mejora de las pensiones (revalorización inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del Sistema y del 3% para las mínimas). Todo esto se ha aprobado al iniciar 2019 vía decreto ley, con una implicación de gasto de 6.000 millones.
Y si fuera poco todo esto, el Gobierno se propone a impulsar medidas sociales que comportarían un gasto anual estructural de más de 900 millones de euros antes de las elecciones. Entre estas medidas entrarían 300 millones por la ampliación del permiso de paternidad, 323 millones para los parados de más de 52 años y 315 millones por las cuotas a la Seguridad Social de cuidadores.
Al sacar del Presupuesto estas medidas de gasto de carácter estructural, implica no compensar ese gasto con un ingreso estructural para alcanzar los objetivos de déficit. Ingresos estructurales como el incremento del tipo de efectivo mínimo de sociedades al 15% o el mayor IRPF para rentas de más de 130.000 euros quedaban a la merced de los Presupuestos.
Y aquí viene el problema... El Ejecutivo socialista no ha sido capaz de aprobar los Presupuestos para este año y por ello, se ha visto obligado a adelantar las elecciones generales. Si nos ponemos en antecedentes, pudieron conseguir un acuerdo para los presupuestos con Unidos Podemos, pero más allá de este acuerdo el Gobierno fue incapaz de tejer alianzas.
Dos grupos parlamentarios claves para su aprobación, el PDeCat y ERC presentaron enmiendas a la totalidad en las cuentas públicas. El Congreso de los Diputados terminó rechazando los Presupuestos, siendo la segunda ocasión desde que se aprobó la Constitución en el año 1978 después de que me octubre de 1995 le tumbaron las cuentas a Felipe González.
Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez perdió la capacidad de impulsar aquella ley que verdaderamente implica hacer política, los presupuestos, dónde se definen los beneficiarios de las partidas y las obligaciones que afectan a los diferentes agentes económicos.