El PSOE trabaja por recuperar su apuesta de abolición de la prostitución, tal y como reflejó recientemente en la convención política celebrada en A Coruña. Pese a ser un tema aprobado por el partido hace tres años, el informe ‘Impulso de País’ contempla la necesidad de concienciación colectiva en contra de la prostitución y de la explotación sexual.
De igual modo, el Ejecutivo de Sánchez quiere retomar su proposición de ley contra el proxenetismo, presentada durante la pasada legislatura y que se fue postergando y diluyendo como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales. Este movimiento se suma a la iniciativa del pasado verano de 2023, en la que el Gobierno anunció sanciones de hasta 100.000 euros para aquellas webs que publicitasen anuncios de connotación sexual.
Los datos de España son realmente preocupantes, pues sigue liderando el consumo de prostitución. Los expertos cifran que en el país la ejercen actualmente entre 45.000 y 150.000 personas, mientras que la ONU señala que el 39% de los hombres adultos en España admiten haber pagado por sexo, siendo uno de los países que más consume en Europa.
Todo ello es como consecuencia de la falta de una ley estatal capaz de regular la prostitución, lo que ha generado una amplia disparidad de ordenanzas municipales por parte de los diferentes gobiernos locales. De salir adelante la propuesta de ley del PSOE, contando con el apoyo del PP, aunque con el rechazo de los Comunes, supondrá la modificación del artículo 187 del Código Penal. De este modo, se castigará de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación.
Con el nuevo cambio normativo, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y una multa de 18 a 24 meses a quien, empleando la violencia, intimidación o abusando en condición de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima determinase a una persona a ejercer o a mantenerse en la prostitución.
La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha mostrado contundente en este aspecto y ha reseñado que es un aspecto prioritario en la agenda del gobierno socialista. Pues el objetivo no es otro que ofrecer una vida digna alternativa a las más de 60.000 mujeres que se encuentran actualmente en situación de prostitución en España, muchas de ellas inmigrantes y en situación residencial y laboral ilegal.
Al igual que en aquella ocasión, los Comunes son partidarios de defender un planteamiento que regule la prostitución, en lugar de abolirla, reconociendo los derechos de las trabajadoras sexuales que voluntariamente quieren ejercerla.
Antecedentes en Europa
Suecia y Francia son dos claros exponentes de países del viejo continente en los que se sanciona económicamente la prostitución. Desde que entrase en vigor el 13 de abril de 2016, Francia ha ido imponiendo multas que van desde los 1.500 a los 3.750 euros (en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas. No obstante a ellas se las dejó de penalizar por ejercer.
En el caso de Suecia, el país nórdico es pionero en medidas y sanciones para abolir la prostitución. Hay que remontarse al año 1999 para ver una normativa que entró en vigor y que penaliza con un año de prisión al cliente y que considera a la mujer como una víctima de violencia de género.
En el año 2009, Noruega copió la norma sueca, considerando la prostitución como un delito e imponiendo multas de hasta 25.000 coronas (3.164 euros). Islandia también ha penalizado a los clientes sexuales con multas económicas. En Hungría la prostitución es ilegal y se penaliza, especialmente, a la meretriz si la ejerce en zonas protegidas. Ellas se enfrentan a multas o incluso la cárcel. El cliente solo es sancionado si acepta los servicios de una menor.
La situación de España
Mientras se analiza la posibilidad de que entre en vigor la nueva normativa de abolición definitiva de la prostitución que plantea el PSOE, hay ciudades que ya la sancionan. Albacete, desde el año 2015, establece sanciones entre 121 y 3.000 euros, aplicándose la multa máxima cuando las prácticas se llevan a cabo a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. No obstante, desde 2022 se modificó la norma para adoptar una postura abolicionista similar a los países nórdicos.
En la Comunidad Valenciana existe un modelo de ordenanza abolicionista que sanciona a los clientes y proxenetas con hasta 3.000 euros, siendo los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet, pioneros en este sentido. En Alicante se imponían multas de hasta 750 euros, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la ordenanza al no contar con un informe de impacto de género obligatorio. En Valencia se inluyen sanciones en su ordenanza sexual que van hasta los 2.000 euros.
En el caso de Barcelona, desde el año 2005, comenzó a sancionar a prostitutas y clientes, siendo pionera a nivel nacional. Las medidas contemplan sanciones económicas para los clientes que van desde los 750 a los 3.000 euros. Por su parte, Bilbao, contempla desde 2010 sanciones por llevar a cabo la prostitución en espacios públicos y zonas próximas a colegios y residencias con cantidades hasta los 3.000 euros.
Por último, Andalucía presenta diferentes enfoques. Sevilla considera la prostitución una de las manifestaciones más extremas de violencia de género y sanciona únicamente a los clientes con multas que van hasta los 3.000 euros. No obstante, Málaga y Granada presentan un enfoque más amplio y también persiguen a las prostitutas. En Granada la norma impone sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce en lugares próximos a menores de edad y en Málaga hasta los 1.500 euros.
En España queda un largo camino por hacer, que comienza en poner de acuerdo a los grupos políticos para sacar adelante esta nueva normativa del Ejecutivo de Sánchez con la que se pretende abolir, de una vez por todas, la prostitución en España y castigarla con multas cuantiosas a quienes la consuman.