Madrid está experimentando un crecimiento acelerado del sector universitario privado. La capital, que se consolida como un referente, elevará este año (a nivel nacional) a 37 el número de universidades privadas, que ya acortan distancia con las públicas (actualmente, 50).
El panorama educativo español está cambiando. Desde 2023, la capital acoge ya a más del 50 % de los estudiantes de Medicina en instituciones privadas, mientras que las becas en las universidades públicas se han reducido del 17,5 % al 14,8 % en solo nueve años. Una situación que traspasa las fronteras de la capital madrileña y afecta a todo el país.
Madrid y la educación privada
En Madrid, Isabel Díaz Ayuso está impulsando —envuelta en un clima de críticas y crispación— la décimo cuarta universidad privada de la región, tras la aprobación y el impulso en la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) en 2021.
En este caso, se trata de la Universidad Abierta de Europa, una institución privada de la cual se han señalado numerosas lagunas y deficiencias, e incluso siete comunidades gobernadas por el PP han votado en contra. El informe del ministerio responsable también ha sido demoledor.
El propio Ministerio de Universidades ha vetado su aprobación (si bien de forma preceptiva, y no vinculante), aunque no tiene verdadero poder para evitar la aprobación por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Otros medios, como La Marea, advierten de cómo el gobierno plantea, con una mano, endurecer los requisitos a las privadas y, a la vez, otorga subvenciones públicas.
Las universidades privadas han ido ganando terreno en España, donde ya representan más del 40 % del total de las instituciones. En la capital, no obstante, se produce una inversión notable, con 14 centros privados (si se aprueba la UAE) y 6 campus públicos.
La visión cambia entre territorios también, donde Cataluña parece gestionarlo mejor: 5 de los 10 campus con mayor rendimiento investigador y académico están entre las universidades catalanas, y se señala su apuesta por la investigación, la captación de talento y también el control de los centros privados, que aprovecha políticas favorables para ambos tipos de centros (públicos, privados).
En Andalucía, en cambio, al finalizar el pasado curso académico, muchos centros comunicaron su rechazo a una privatización que tildaron de preocupante en el sistema universitario andaluz.
El cambio de tendencia (y su porqué)
Entre las razones destacadas, tenemos el aumento de tasas en las universidades públicas, que han favorecido el movimiento de parte de los estudiantes hacia la privada, pero también la falta de una regulación estricta (que colea de la época del exministro José Ignacio Wert), sin requisitos claros en cuanto a investigación, evaluación y calidad educativa.
Para abrir un nuevo centro, solo se exigen ciertos estándares físicos y la oferta de ocho titulaciones oficiales, lo que resulta insuficiente para garantizar la calidad académica. Todo ello plantea preguntas sobre el impacto a largo plazo en el sistema educativo español.
Además, el auge de las universidades privadas está respaldado por la LOU (Ley Orgánica de Universidades), que otorga a las privadas competencias similares a las de las universidades públicas.
En otras palabras, la universidad privada está creciendo a toda velocidad gracias a una mayor oferta de másteres en un mercado cada vez más competitivo: el aumento de tasas en 2011 por parte de la administración de Mariano Rajoy y el punto anterior han supuesto que las privadas crezcan un 60 % en la oferta de másteres en ocho años y la pública disminuya en un 4%.
Por último, el sector universitario privado ha atraído el interés de los fondos de capital riesgo, como CVC o Pemira. Muchos inversores han detectado una alta rentabilidad en el sector, cercana al 10 % anual, lo que ha convertido a las universidades privadas en una máquina de hacer dinero.
La nueva ley de universidades madrileña
En cualquier caso, el crecimiento económico del sector y el auge de la universidad privada enfrentarán nuevos retos. La nueva ley de universidades que tiene pensado aprobar la Comunidad de Madrid abre la puerta a mercantilizar la enseñanza (también a sancionar la protesta estudiantil, por cierto), pero llegará de la mano de muchas críticas.
Las razones son variadas, pero podrían resumirse en la percepción de una escasa normativa de los nuevos centros por parte de los rectores, así como la falta de ayudas y fondos para los centros públicos (la última universidad pública data de principios de los años 90) y el desajuste entre oferta y demanda formativa.
Desde luego, el mercado laboral cada vez más competitivo y repleto de retos demanda una mayor especialización. Algo que obligará a las instituciones privadas a mejorar sus estándares si quieren mantenerse competitivas.
El futuro del sector dependerá no solo de las posibilidades para atraer estudiantes, sino de su capacidad para generar conocimiento y contribuir a la investigación académica. En teoría, las políticas públicas deberían priorizar que esto se mantenga, tanto en los centros públicos como en los privados. Ya lo veremos.