Una de las palabras más repetidas durante las últimas horas y que aspira a convertirse en ‘palabra del año’ es ‘Pajaporte’. Mucho ha dado que hablar la medida reciente lanzada por José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España. La ‘Cartera Digital Beta’, conocida popularmente como ‘Pajaporte’, pretende restringir el acceso de los menores a contenidos para adultos como la pornografía.
Lo cierto y verdad es que, pese a la buena actitud del Ejecutivo de Sánchez, la medida carece de evidencia científica. No existen pruebas fehacientes de que exista una relación directa entre el consumo del porno y los abusos y las actitudes sexistas. Tampoco queda probada que sea la principal causa del aumento de la violencia sexual.
Un informe emitido por Save the Children en octubre de 2023 recogía que el 53,8% de las personas encuestadas accedió a la pornografía, por primera vez, antes de los 13 años. Además, un 8,7% lo hizo antes de los 10 años. Preocupa que la edad media sea de 12 años, algo que ha podido influir directamente sobre las características de las relaciones íntimas de los más jóvenes.
La polémica está servida
La ‘Cartera Digital Beta’ o ‘Pajaporte’ no está exenta de polémica. El Partido Popular no ha tardado en criticar la medida, asegurando que el Gobierno no quiere proteger a los menores, sino controlar a todos los ciudadanos.
El partido liderado por Alberto Núñez Feijoo aboga por seguir los modelos implantados en otros países, que además de proteger a niños y adolescentes de la pornografía, consiguiesen frenar los casos de acoso, abusos sexuales, adicciones y violencia.
El problema es que la ‘Cartera Digital Beta’ o ‘Pajaporte’ no es demasiado eficiente. Su objetivo es verificar la edad de los usuarios antes de acceder a páginas de pornografía. Se asegura que está diseñada para ser segura y anónima, salvaguardando la identidad y los datos personales de los usuarios. Para poder utilizarla, habrá que descargar la aplicación en el móvil y solicitar la emisión de una credencial de mayoría de edad con la ayuda del DNI electrónico o de los certificados cualificados o las claves concertadas del sistema Cl@ve.
No obstante, si la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales gestiona una lista de plataformas para adultos con sede fiscal en España, las cuales son muy pocas, la Secretaría General de Administración Digital se encargará de la lista de emisores de credenciales.
Hay estudios que prueban que el 90% de los jóvenes considera que el porno es fiel a la sexualidad real, pero no hay vinculaciones entre el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores y la visualización de porno.
Un informe de la UIB refleja que la edad más baja de acceso a la pornografía es a los 8 años. A esto se le suma un informe del Senado Francés, que aseguraba que el 90% de los vídeos pornográficos contienen violencia sexual.
Sin ir más lejos, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) ha expresado su descontento, ya que implica limitaciones a los adultos. Y es que al final, se está acabando con la intimidad, la privacidad y la libertad de los adultos para acceder libremente a los contenidos que deseen. Una medida que no va en línea con lo que debería hacerse; fomentar la educación digital y los valores.
Las restricciones no funcionarán
Son muchos los expertos en la materia, como la sexóloga Laura Morán, que aseguran que ‘el discurso antiporno’ se basa en un puritanismo absurdo, ya que la violencia sexual ha existido siempre. Es un intento por demonizar la creatividad erótica del ser humano, limitando su poder fantasioso.
El verdadero problema reside en la falta de información y de educación sexual desde los primeros niveles formativos. De ahí que la campaña del Gobierno carezca de la parte más importante; educación sexual.
Al final, se acabarán produciendo unas consecuencias más graves, ya que los jóvenes buscarán el contenido pornográfico a través de páginas web más peligrosas. Las restricciones no serán efectivas si no van acompañadas de educación sexual a menores.
La historia se repite y una vez más se apuesta por la prohibición y la supresión de un servicio, en lugar de explicar las claves de la educación afectiva sexual, asignatura pendiente de España. Y es que siempre se ha enfocado en la ‘cultura del miedo’, con datos sobre la prevención de enfermedades, pero pocas veces se les enseña a los menores la capacidad para poner límites afectivos o la diferencia entre realidad y ficción.
Para más inri, si la medida no entra en vigor hasta 2027, implica que los menores puedan acceder a este tipo de contenidos durante tres años sin limitación alguna.
La Asociación de Productores y Editores de Obras y Grabaciones Audiovisuales (APEOGA) también critican la medida, señalando que obliga a su cumplimiento a las empresas españolas, pero no a las multinacionales extranjeras a las que remite simplemente una recomendación. Así pues, seguirá existiendo plena libertad para acceder a web internacionales.
España puede convertirse en pionera en este tipo de medidas en Europa. Pese a todo, está por ver que tenga efectos positivos en la violencia sexual y los métodos de relación entre jóvenes.