Como parte de esto, he hablado de que debe haber un grupo de auditoría en el ministerio de administraciones públicas, o en el de economía o en el de justicia, donde todos los ayuntamientos sean evaluados bajo los mismos criterios contables, jurídicos, fiscales, etc. Este grupo de auditoría tendría esto como su único labor y podría mantenerlo bien bajo control, incluso comparando y contrastando distintos ayuntamientos, y por lo menos harían mejor trabajo que lo que se hace ahora, ¡que es exactamente nada!
Las empresas privadas tienen obligaciones de auditoría siguiendo leyes y normas comunes y los ayuntamientos también deben tener obligaciones de transparencia.
Las auditorías que menciono entrarían en todos los aspectos de las decisiones y los movimientos de dinero, el patrimonio de los políticos y sus familiares, antes y después de estar en el poder, contratos a familiares y amigos, precios pagados, comparados con otros lados, cuántos contratos recibe cada empresa, bufete, consultoría, etc. ¡todo se tendría en cuenta!
Es verdad que se suele trabajar con dinero negro, esos billetes de €500 otra vez, pero lo que compran estos billetes no es negro y se ve en la luz del día. La casa donde viven, el coche que conducen, los viajes que hacen. Es verdad que es intromisión en la vida privada de los políticos y de sus familiares, pero esto es parte del costo por el privilegio de servir al pueblo.
Como parte de esto, hay que incentivar las filtraciones y penalizar de forma notable a los chorizos. Para esto, yo sugiero varios caminos. Primero, las penas para los que son pillados deberían ser altísimas. No solo penas largas de carcel, pero también pérdida de patrimonio que no se puede justificar legalmente, como estamos haciendo con los traficantes y los mafiosos. ¿Por qué no?, ya que a esos se parecen. En Estados Unidos acabamos de ver varias penas de carcel de 25 y 30 años por delitos financieros. Esto sí que haría pensar a los chorizos.
Segundo, si alguien está participando en estas maniobras y viene a contarlo, se beneficiaría de menores condenas y multas.
Tercero, el pago a ciudadanos por filtrar información sobre qué está pasando. Ciudadanos saben lo que pasa, el albañil trabajando en un proyecto, el fontanero arreglando un grifo en la nueva casa del hermano del alcalde, el conductor, el de la limpieza. Darles un porcentaje de los muchos millones de euros en juego es un incentivo muy grande para que llamen.
Sería su lotería, y todos ganaríamos.
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