Una de las funciones del Estado es ayudar a los vulnerables. De hecho, quizá sea su función principal. Para ello cobra impuestos que luego redistribuye, ya sea en forma de rentas (pensiones, por ejemplo) o en servicios (medicina y educación gratuitas, etc.).
Sin embargo existen muchas ocasiones, en especial en España, donde el Estado no está ayudando realmente a los vulnerables. No tiene mecanismos, la capacidad o, en algunas ocasiones, la voluntad. Y en su lugar ponen normativas y deja que sean las manos privadas las que paguen el pato.
Prohibir desahucios
Hace poco se pudo ver un caso en Twitter en el que un pequeño propietario tenía unos inquilinos que no le pagaban. Los tribunales determinaron que las personas que no pagaban eran vulnerables... ¿qué pasó? Pues que el desahucio quedó parado.
El gobierno MIENTE. Utiliza a pequeños propietarios como escudo social y el resultado es que la clase media de este país mantiene a falsos vulnerables. #leyantiocupas
— Marina (@MCanizaresT) January 23, 2022
El propietario, además, apenas vio compensados todos los costes de tener una vivienda durante 24 meses alquilada sin cobrar (ni siquiera los suministros). En este caso parece que los inquilinos supuestamente se están aprovechando del sistema, pero incluso si no fuera así, ¿por qué una persona privada debe asumir el coste de la vulnerabilidad de una familia?
No digo que el Estado tenga que desahuciar a estas personas, pero si el tribunal efectivamente determina que esas personas son vulnerables es el Estado quien tiene que recolocar a estas familias en otras viviendas o asumir los costes pasados y futuros de las rentas de alquiler.
SMI, bono social, IMV
Pero no es el único caso. Como existen trabajadores pobres, en lugar de crear complementos salariales sufragados por el Estado, se sube el SMI y que lo pague la empresa (comprometiendo la viabilidad de muchas empresas o empujando al mercado negro a muchos trabajadores).
Como hay consumidores de energía vulnerables, en 2013 se crea el bono social para energía. Y los descuentos recaen en exclusiva en las empresas del sector, cosa que fue declarada ilegal hasta por el TJUE. Ahora se sufraga con los Presupuestos Generales del Estado y pone a la administración en su sitio.
Otro asunto es que el Estado por fin creó un Ingreso Mínimo Vital, ya que el soporte que tenían los vulnerables anteriormente era ridículo. El peso de la vulnerabilidad caía en las familias, y si no las había esas personas quedan directamente a la merced de la pobreza. Y aún con el IMV aprobado, su lento despliegue es todo un escándalo.
El Estado debe asumir sus competencias
Ya es hora de que el Estado asuma que debe cuidar a los vulnerables y no dejarlos a merced de normativas que cuesta poco aprobar (no hay partidas presupuestarias) pero crea problemas en los particulares y empresas privadas que deben asumir los costes de algo completamente ajeno.
Parece que el Estado ha asumido que la única redistribución que sabe hacer es la que va desde los trabajadores a los pensionistas. El Estado debe asumir sus competencias de una vez y dejar de distorsionar fuertemente lo bueno que tiene el mercado. Debemos mirar más a los nórdicos, pero no solo en lo de los impuestos altos: ellos dan mucha libertad a la iniciativa privada, con pocas ingerencias, y luego redistribuyen bien, no como aquí.