El problema aparece cuando miramos los datos desde un punto de vista no electoralista. Hemos de recordar que la Comisión Europea fijó como objetivo de déficit para este año una reducción desde el 7 % del PIB con el que se cerró 2012 (excluyendo las ayudas a la banca) hasta el 6,5 % en este ejercicio. Para conseguirlo, se repartió el desfase presupuestario de la siguiente forma: un 3,8 % del PIB a la Administración central, un 1,3 % a las comunidades y un 1,4 % a la Seguridad Social. Con los datos presentados hoy por Montoro podemos comprobar como el déficit público de la Administración central ya ha llegado a mitad de año a lo que el Gobierno tenía presupuestado para todo 2013: el 3,81 % del PIB, esto es, 40.001 millones de euros. ¿Conseguirá el Gobierno no incrementar el déficit público ni un sólo euro durante lo que queda de año para así cumplir con el objetivo impuesto por Bruselas?
La tarea se muestra bastante complicada porque, aunque ya se esperaba que la primera mitad del año fuera la peor y los ingresos impositivos probablemente mejoren en lo que queda de ejercicio, el Estado tendrá que hacer frente a unos intereses en constante aumento y además este año habrá que pagar a los funcionarios la paga extra que se suprimió el pasado año, lo cual supondrá un duro revés para el equilibrio de las cuentas públicas.
Con esto, llegamos a una situación que ya era bastante previsible: pese a que Bruselas relajó el objetivo de déficit para 2013, conseguir alcanzarlo se presenta bastante complicado. Las cuentas públicas son caóticas y tratar de ordenarlas en tiempo de crisis es prácticamente imposible. En este sentido, las previsiones son papel mojado, vengan de donde vengan.
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