La imparable privatización de los servicios públicos impropios: el caso del taxi

Taxistas en pie de guerra, huelga patronal y bastante anarcocapitalista por redes sociales defendiendo la desaparición de la regulación en el segmento del transporte. Curiosa percepción la que transmiten muchas personas que se muestran ancap total cuando hablamos de tecnología y los más férreos defensores del control y regulación estatal cuando son otros los sectores afectados. Ricardo mete el dedo en la llaga en gran parte de la población que presenta esta doble cara digna del Buen Pogre del amigo Jordi.

El segmento del taxi (y transporte de pasajeros por carretera) es un servicio público impropio, que permite el acceso a la prestación de estos servicios contando con el beneplácito y bendición de la administración de turno y cuyo cupo de licencias en circulación están controladas, regladas y sujetas al concejal de transportes del ayuntamiento o al consejero de transportes de la comunidad en cuestión. Ahora, nos hemos dado cuenta de que el sector del transporte de pasajeros puede mejorar mucho eliminando de la ecuación al sector público, entrando en escena nuevos operadores que plantean estos servicios de otras maneras y claro, llegan los lloros del sector.

El mercantilismo con el sector público, el primer problema

Cuando adquirir un coche en nuestro país era un privilegio, la limitación de licencias y la cobertura en transporte público mediante taxis podía tener sentido. Se presentó una revolución; la aparición del automóvil y se planteó un sistema para que toda la población pudiera acceder a este transporte de una manera regulada. Con la evolución económica y social, el coche pasó a formar parte del patrimonio personal de muchos, pero a la par que la economía ha ido creciendo y las personas aumentando sus desplazamientos por diferentes vías (avión, tren...) el taxi ha tenido siempre un hueco privilegiado dentro del segmento.

Son muchos los taxistas que han conseguido una concesión administrativa perpetua y que en principio estaba limitada al uso personal, se terminó comerciando con ella sin rubor alguno. El pago por el derecho de uso de un servicio público y su transmisión ha dado pingües beneficios a muchos taxistas (y operadores de media y larga distancia) y también ha generado una carga de deuda importante en aquellos que han optado por endeudarse para asegurarse un servicio con unos ingresos relativamente estables y fáciles de hacer. Si sabes conducir y te sacas el permiso adecuado, cualquiera puede ser taxista.

Pero el paradigma cambia y el segmento del transporte, ve peligrar su status de operaciones en monopolio, en muchos casos porque tienen el futuro resuelto y los propios taxistas ven en el coste de la licencia su jubilación y en otros porque están endeudados hasta las cejas y si se acaba el monopolio de la licencia del taxi, se quedan colgados con la deuda y futuro incierto. El problema de origen, en permitir por parte del sector público la compra venta de licencias de transporte, en lugar de ponerles fecha de caducidad y que se revocaran en el tiempo.

El futuro del transporte de pasajeros pasa por su liberalización

Cualquier gestión de flotas, cobertura de zonas despobladas, optimización en costes y mejora de la gestión de economías de escala, pasa por la propia liberalización del sector de manera que los precios dejen de estar regulados y que se permita el establecimiento libre de empresas de transporte de pasajeros. Ahora, los usuarios tenemos que pagar por ejemplo precios desorbitados por el transporte aeropuerto/ciudad y ver cómo el sector del taxi funciona a medio gas en casi todas las poblaciones.

Es evidente que una empresa que gestione 100 pólizas de seguro y realice compras al por mayor de combustible, consigue mejores precios que mi vecino el taxista. Ejemplo equivalente para la propia renovación y mantenimiento de vehículos y para ampliar la cobertura geográfica de esa propia flota. Ahora, la pelota está en el tejado de los gobernantes y en coger el toro por los cuernos. Zapatero ya avisó de que la liberalización del taxi estaba en su bandeja de entrada, pero eliminó este punto de la Ley Omnibus por las propias presiones del sector y Rajoy la terminó de aparcar.

La legalidad que esgrimen los taxistas es muy llamativa, porque la inmensa mayoría de ellos, han conseguido su propia concesión administrativa de maneras cuanto menos cuestionables, sobre todo, en aquellos ayuntamientos que estaba prohibida la venta de licencias de taxi, pero que se asociaban al vehículo permitiendo la transmisión del coche. Me gustaría saber cuántos concejales han pillado cacho del asunto, al igual que el fraude de ley en la transmisión de licencias ha sido más que evidente durante gran parte de la historia. Para el futuro, taxistas en pie de guerra y población cabreada, será la tónica durante bastantes días pero esperemos que algún gobierno sea capaz de cambiar de una vez la gran cantidad de sectores hiperegulados que tenemos.

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