Hace unos meses, Aurelio nos comentaba la iniciativa de Rasquera en Tarragona para ceder un terreno público para el cultivo de la marihuana por parte de una asociación. Este acuerdo inicial que aprobó el ayuntamiento de la localidad tarraconense, incluye un convenio de colaboración con la asociación que explotará los cultivos y ya ingresó 36.000 euros a la firma del contrato de cesión de los terrenos.
Pero ahora, un juzgado ha suspendido cautelarmente el acuerdo del consistorio hasta que se resuelva un recurso que presentó la Delegación del Gobierno de Tarragona por considerar que el acuerdo que firmó el ayuntamiento es lesivo y perjudicial contra los intereses generales de la administración. Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Rasquera aportó como aval ante la Agencia tributaria los 600.000 euros que recibirá en el futuro por la plantación de marihuana y así poder acogerse al plan de pagos a proveedores que se aprobó hace unos meses. Como vemos, el lío ya está montado y nos seguimos dejando en el tintero el debate importante: la legalización o no de las drogas en España.
Por si fuera poco, la Abogacía del Estado ha pedido un informe a la Fiscalía Antidrogas para que teste realmente el alcance del proyecto, la legalidad de dicha plantación dentro de los límites del consumo propio y pertenencia de los asociados a este club y que no se produzca una mercantilización de la marihuana que incurriría en delito penal por tráfico de estupefacientes.
Como ya he apuntado, negar que hay ciudadanos que fuman porros es tan absurdo como enrocarse en las posturas referentes al matrimonio entre personas de distinto sexo y que empujan y favorecen la existencia de mafias y del mercado negro. Ahora, este ayuntamiento había encontrado una fuente alternativa de ingresos en las arcas públicas mediante una serie de artimañas legales pero han errado el tiro.
¿Tan difícil es abrir un debate político serio y argumentado sobre los pros y contras de la legalización de algunas drogas? Como en todos los temas complicados, los políticos prefieren mirar hacia otro lado y no pronunciarse nunca, manteniendo situaciones alegales o legislando de cara a la sociedad. Ahora, tenemos un ayuntamiento con un problema descomunal, una asociación que va a perder dinero y un embrollo jurídico que se solventaría con una ley nacional de una manera muy sencilla.
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