Las empresas vascas deben devolver a las Haciendas Forales más de 1.800 millones

Han tenido suerte las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. La noticia se ha conocido en pleno verano, con la gente, incluyendo los gestores, pensando en la playita. El Correo titula: Las Diputaciones exigen a 300 empresas que devuelvan las ayudas prohibidas por la UE. La noticia es especialmente grave, aunque muchos la veían venir. Es grave en lo cuantitativo, hablamos de una cantidad superior a los 1.800 millones de euros, que afecta a 300 empresas vascas, y a algunas de ellas en cuantías superiores a los 100 millones de euros. Y es grave en lo cualitativo, pues como he señalado en alguna ocasión, es un golpe más en la credibilidad de nuestro sistema institucional.

Los hechos son los siguientes. Las Diputaciones Forales son los auténticos sujetos fiscales en el País Vasco. La competencia fiscal es suya, y no del Gobierno Vasco, existiendo por tanto tres Haciendas, con su propia legislación, gestión e inspección, aunque suelen actuar coordinadas. Entre los años 93(con una aguda crisis económica en España en general, y en el País Vasco en particular) y 99 las Diputaciones aprobaron una serie de medidas fiscales que favorecían a las empresas radicadas en el País Vasco. Buscaban estimular la inversión generadora de empleo, así como atraer nuevas iniciativas empresariales. En el 99 la Comisión Europea comenzó a investigar estas ayudas, pues se consideraba que vulneraban la libre competencia, suponiendo un caso claro de ayuda estatal prohibida. Las autoridades vascas se negaron a colaborar en el expediente, e involucraron en su defensa al Gobierno español (curiosa paradoja, no podrán quejarse de que Madrid no les ayudó), que es el que finalmente ha sido demandado y condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea, apoyada por la sentencia, exige saber que empresas son las que recibieron las ayudas, y que devuelvan ese dinero. Es increíble. Las empresas, y los ciudadanos, debemos confiar en nuestros representantes y en la Administración de la que nos hemos dotado. Y tras confiar en ellos, y actuar conforme a la legalidad, muchas empresas van a sufrir un evidente daño. Está claro que muchas de ellas van a emprender acciones judiciales contra estas instituciones. Espero que ganen. Y que la Administración tenga que devolver, en concepto de daños y perjuicios lo que cobre como devolución de las subvenciones. Pero es evidente que, en esa fricción jurídica, todos perderemos, existirán costes judiciales, de financiación, etc...Que nunca llegarán a ser cubiertos. Es hora de que alguien se plantee la posibilidad de exigir en estos casos la responsabilidad económica personal de los políticos y de los partidos que causan estos episodios de desvergüenza.

Y yo me pregunto: ¿Quién volverá a confiar en el marco fiscal del País Vasco, y por extensión del del resto de España?