También es muy usual que en los Órganos de Gestión Tributaria o Inspección, el actuario coja el detalle de llamadas y compruebe los números llamados, las duraciones, horas a las que realizamos las llamadas... Toda esta información es usada normalmente en contra del contribuyente y ahora, el Tribunal Supremo le ha parado los pies a la Agencia Tributaria y le recuerda que existe una cosa que es el secreto en de las telecomunicaciones. En esta línea, la Audiencia Nacional ha fallado que para pedir el detalle de la factura telefónica, es necesaria la orden judicial o bien, que una de las partes que interviene en la misma, la ceda libremente. Por tanto, queda fuera del alcance de la AEAT solicitar el detalle de llamadas de un número telefónico para comprobar la actividad económica, el destino de las llamadas o la duración.
Aquí se abren dos casuísticas diferenciadas, puesto que la AEAT también puede considerar que la línea de teléfono no está afectada íntegramente al uso empresarial y rechazar la imputación del gasto pasando la carga de la prueba al contribuyente y que éste a su vez, tenga que aportar el detalle de llamadas para demostrar de manera fehaciente el uso de la línea telefónica.
Tema complicado desde luego, pero que salva los datos al menos, frente a los requerimientos de la AEAT a las operadoras telefónicas, puesto que la transcendencia tributaria del detalle de llamadas va más allá de la propia imputación del gasto que se pueda hacer a efectos de impuestos.
Si la Agencia Tributaria tiene indicios de que un determinado contribuyente tiene comunicaciones con un banco en Suiza o relaciones con paraísos fiscales, que pase previamente por la orden judicial pero el secreto a las telecomunicaciones debe permanecer opaco para los inspectores de Hacienda.
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