Las redes clientelares que establece el Estado no solo abarcan los intereses vínculos con el ámbito empresarial sino que están llegando a unos límites verdaderamente sorprendentes. Y es que hoy, más de 14 millones de personas dependen de las rentas que ofrece la Administración Pública, mientras que los asalariados del sector privado están por debajo de esta cifra... 13,5 millones de trabajadores.
Pensemos que diferentes grupos perciben rentas del Estado o mejor dicho a través del Estado como son los pensionistas, los funcionarios y los desempleados.
Actualmente, los pensionistas son 9,8 millones de los cuales 6,09 millones representan a pensiones por jubilación, los empleados públicos del conjunto de administraciones es representa 2,58 millones y los desempleados sujetos a prestación son 1,96 millones. En total 14,34 millones de personas a las cuya renta depende exclusivamente del Estado.
Consolidando el sistema clientelar
El verdadero peligro existente de esta fórmula es que cada vez se generan más intereses por parte de perceptores de rentas del Estado que se traducen en votos para exprimir al sector privado y, con ello, "garantizar" el flujo de sus rentas.
Podríamos decir que este grupo de personas serían potencialmente menos favorables a una bajada drástica de impuestos ya que limitaría los ingresos del conjunto de administraciones públicas, y, consecuentemente, el gasto público que forma parte de la obtención de sus ingresos.
Al ser hoy un grupo mayoritario, sería el grupo con fuerza en las urnas, mientras que los asalariados del sector privado, cuantitativamente, se encontraría en una posición limitada en la defensa de sus intereses, aunque estos intereses sean los que aportan netamente a las actas públicas.
Sin lugar a dudas, una vez se abre esta red clientelar a la que se le ha concedido una posición mayoritaria en la sociedad **es muy difícil revertir su situación***. Dicho en otras palabras "Lo primero está la paga o la defensa de su revalorización frente a cualquier otra medida".
En la crisis que sufrió España, vimos la fuerza de este grupo. Cuando el Gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy se puso al frente del Ejecutivo, no dudó en preservar los intereses clientelares adquiridos frente al sector privado. Era una decisión meramente política: disminuir las rentas de todos aquellos que dependen del estado o un despido masivo de funcionarios para recortar gastos... Pero esta opción nunca estuvo encima la mesa.
Todo lo contrario, el importe de las pensiones siguió incrementándose, nunca se recortó e irá más con el envejecimiento de la población, y, como mucho, la paga de los funcionarios se recortó un 5% en 2010 y se congeló en 2011. Todo ello, soportado por el sector privado que veían despidos masivos y caídas salariales y además, con constantes déficits públicos -España era el país con mayor déficit de la UE- que se traducen en una losa de deuda, dificultando, de cara al futuro, el crecimiento potencial.
De ahí se explica medidas como la subida del IRPF, el IVA o demás impuestos indirectos bajo la batuta de Cristóbal Montoro, que fue el ministro que más impuestos ha subido en democracia.
La losa de los empleados públicos y su menor productividad
En el sector privado es muy sencillo valorar la aportación marginal de los trabajadores dentro del proceso productivo de todo organismo empresarial. Nunca una empresa pagará más de lo que un trabajador genera por el simple hecho de que en el supuesto de hacerlo, estaría asumiendo pérdidas por la contratación.
Es decir, existe una clara vinculación entre la productividad del trabajador y salario percibido. Si una empresa decidirá simplemente pagar más a los trabajadores de lo que verdaderamente generan, simplemente esas pérdidas imputadas irían contra capital hasta que el capital llegue a cero, lo que supone la quiebra de la empresa y su desaparición del mercado.
Pero en el sector público la productividad del funcionariado no queda vinculada a las leyes del mercado... El cliente es el Estado y aquellos a los que prestan servicios son los "usuarios". Por lo tanto, el importe de su salario no estará vinculado a la productividad o la generación de valor en un proceso productivo sino a una decisión política.
Y de ahí, podemos deducir que, en términos generales, los trabajadores del sector público son menos productivos que los trabajadores de la misma categoría en el sector privado porque, de no serlo, ya se estarían traspasando al sector privado para una mejora de sus condiciones laborales.
Pero el gran argumento utilizado es que a pesar de todo, tenemos pocos funcionarios en España. Y si uno acude a las estadísticas de la OCDE, es cierto, el porcentaje de trabajadores públicos representa el 15,7% sobre el total de trabajadores, mientras que la media de los países OCDE es del 18,1%.
Pero como siempre, más que la cantidad hay que poner atención al coste. Y ahí vemos el verdadero problema. Según las estadísticas que ofrece el INE, el salario medio bruto mensual en el sector privado es del 1.772 euros (dato de 2018), pero en el sector público vemos que escala hasta 2.654,4 euros, es decir 882,4 euros de diferencia entre ambos trabajadores... Queda la duda cómo se justifica desde el ámbito público semejante diferencia.