Tal y como se extrae de las cuentas anuales de la entidad, a cierre de 2012, el FROB presenta un agujero patrimonial de 21.832 millones de euros. Tal y como marca la legislación mercantil, si una entidad está en fondos propios negativos, tiene dos vías: declara el concurso de acreedores o bien realiza una ampliación de capital y restituye fondos propios. En el caso del FROB, tal y como ya dicen en las cuentas anuales, se va a llevar a cabo la recapitalización mediante la conversión en capital del préstamo de 39.468 millones de euros que la entidad ha obtenido del MEDE. La traducción es sencilla: esto lo pagamos entre todos.
El MEDE y los préstamos a la banca
El MEDE es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que pasa por la transformación del plan de rescate europeo en el brazo armado del Gobierno para disponer libremente de este dinero más allá de la propia ley. Tal como lo definió IC muy adecuadamente, un leviatán financiero en toda regla. Este plan de rescate, que en principio no iba a costar un solo euro al contribuyente y por el que Europa pasaba la ayuda financiera directamente a la banca, ha resultado ser lo esperado. Una vía transitoria para ahora volver a cambiar pegatinas y que el propio Estado tenga que asumir el pago de esa deuda al permutarla por acciones.
Cuando de aprobó el plan de rescate a España, todas las partes implicadas sabían que estos préstamos iban a ser reconvertidos antes o después en capital en las entidades financieras quebradas de facto y por ese motivo, dentro de las reglas de concesión del rescate, se fijaba la capacidad de la conversión de las emisiones de deuda del FROB por acciones.
Esta obviedad, la daba por hecha todo el mundo, excepto Rajoy, tal y como podemos ver en el vídeo superior. Es decir, la agrupación de entidades financieras quebradas, desde la fusión de las cajas en Bankia, el conglomerado gallego de NovacaixaGalicia, Unnim y Banco de Valencia, no iba a crear una entidad financiera sana y rentable, si no todo lo contrario. Lo que se ha creado es un monstruo financiero quebrado que dilapidará el total de fondos que se le inyecten, sin límite alguno y ahora, lo que iba a ser un préstamo que pagaría el mismo los intereses, nos va a pasar una factura pública que supone casi un 4% en términos de PIB.
El traspaso de la deuda de los bancos a los ciudadanos, la puntilla para España
El mantra de que no se pueden liquidar entidades, que no se podía dejar caer a ninguna caja y que los ahorros de los españoles corrían peligro si se hacía una intervención con liquidación ha sido una autoprofecía que no se ha ejecutado en todo el proceso de reestructuración bancaria para no meter en la cárcel a ningún responsable de las cajas de ahorros señaladas más arriba o de aquellas que se han traspasado a otras entidades como ha pasado por ejemplo con Cajasur.
Entidades dirigidas por políticos, que han derrochado sus recursos, que han usado las entidades financieras territoriales como la CAM, Bankia, CCM, Cajasol y un largo etcétera como el brazo armado perpetrador de sus políticas pseudo-corruptas y megalómanas, han destrozado la economía española en el pasado, en el presente y condenan nuestro crecimiento económico futuro.
Ahora, los españoles nos tomamos vacaciones y afrontaremos una carga tributaria pública de un plumazo de casi 40.000 millones de euros, mediante un decreto-ley que se aprobará para convertir en deuda pública directa esta deuda avalada por Europa y que de paso, conseguirá seguir esquilmando los bolsillos de los ciudadanos a base de más subidas de impuestos para recibir cada día que pasa menos prestaciones y servicios públicos.
Si esto es el concepto de Estado social que nos espera en el futuro, que paren máquinas que me bajo, que me digan dónde está la salida y dónde se renuncia a la nacionalidad, porque tener como dirigentes a ineptos que se creen con el poder divino e inalienable del BOE no le dan legitimidad para condenar a la pobreza y miseria más absoluta a sus súbditos. Esto es lo que realmente está pasando y lo que va a ocurrir en unas semanas, cuando todos seamos bankeros con derecho de pago por el poder divino del BOE y del Consejo de Ministros.
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