Ya que tenemos la prórroga del Plan Prepara, plan que en sus orígenes estaba orientado a la formación y recualificación de los parados. Cito textual del primer decreto de la ayura de los 400 euros:
Es un programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo que permitan su recualificación para incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de crecimiento.
Después del análisis del primer año y medio en vigor del Plan Prepara que presentó la ministra Báñez, queda meridianamente claro que este programa ha podido servir para hacer una cobertura por caridad del Gobierno, no para recualificar a los parados desvirtuando totalmente el espíritu inicial de la ayuda. Tal y como vemos en la captura de la presentación, un 11% ha conseguido un contrato temporal superior a dos meses de duración y un 1% un contrato indefinido. Esta ayuda de 400 / 450 euros es un sinsentido, sobre todo si se toma en perspectiva su finalidad formadora para el empleo y no debería haberse prorrogado en estos términos.
El Plan Prepara ha puesto de manifiesto cómo un parado sin ingresos, sin formación y sin recursos económicos no puede aventurarse en la creación de empresas o incluso el autoempleo. Las cifras están ahí muy claras, menos de un 2% han sido dirigidos al autoempleo y la efectividad de los programas de reinserción ha sido un desastre al tener un mercado laboral en constante destrucción de empleo.
Introducir el factor económico en los criterios de concesión de las ayudas, así como el factor del desempleo de larga duración, es un factor negativo por dos motivos. El primero, desvirtúa el espíritu inicial de formación y reinserción laboral, dado que la ayuda pasa a ser una ayuda social y no con objetivos de creación de empleo y el segundo y más importante, es lo que dicen los estudios respecto los subsidios a parados de larga duración no son un revulsivo para la creación de empleo, sino todo lo contrario.
Es evidente que un subsidio que debería servir para dar reentrada en el mercado laboral se ha convertido ni más ni menos que en una ayuda social del Estado a colectivos sin ingresos durante seis meses y por un pago único con un importe de 2.500 euros. Por este motivo, el Real Decreto aprobado debería haberse reformado como un plan de ayuda social enfocado a colectivos con necesidades o bien, enfocar su presupuesto de unos 700 millones anuales a un verdadero plan de choque contra el paro orientado a las empresas y a la creación de puestos de trabajo, no a los propios parados.
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