El Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley del gobierno para liberalizar el sector de la estiba. Se trata de una situación con muy pocos precedentes: es la tercera vez en cuatro décadas de régimen democrático en que el Congreso tumba un decreto gubernamental. El PP comienza así a experimentar las consecuencias de un gobierno en precaria minoría.
La reforma del sector pretendía acabar con el monopolio de las denominadas SAGEP ('sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios') en la contratación de estibadores. Este monopolio tiene su origen en un privilegio concedido por la dictadura de Franco a los veteranos de la División Azul que se ha mantenido intacto hasta ahora: cualquier empresa que quiera operar en los puertos españoles se ve obligada a contratar estibadores de la SAGEP correspondiente.
Semejante situación atenta contra las leyes comunitarias sobre la competencia, de modo que la Comisión Europea denunció al estado español. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión falló a favor de la Comisión, en una sentencia que además condena a España al pago de las costas judiciales. El decreto ley rechazado por el Congreso pretendía dar cumplimiento a la sentencia del tribunal, pero su rechazo abre una incógnita: ¿cuáles son las consecuencias del desacato de España a la justicia europea?
Multas diarias pagadas del bolsillo de todos hasta que se logre un acuerdo
Desacatar las sentencias europeas no es algo que le salga gratis a los estados miembros. En este caso concreto, España deberá pagar una multa de 23 millones de euros, correspondientes a una multa diaria de 27.500 acumulada desde la publicación de la sentencia. Ahora, a esa cantidad hay que sumar una cantidad adicional de 134.000 euros por día hasta que la reforma llegue a implementarse.
La activación de la segunda multa no es automática, para ello tiene que haber una segunda sentencia en contra de España: la primera por incumplir la normativa, la segunda por no tomar medidas correctivas. Existen varios precedentes de multas similares a varios estados (incluyendo España) y el ministro De Guindos ya ha asumido que la segunda sentencia es inevitable.
Un posible acuerdo también tendrá impacto en las arcas públicas
La solución gubernamental para resolver el problema tampoco era barata para el bolsillo público. El gobierno había propuesto un generoso plan de prejubilaciones para los estibadores, con un coste de 250 millones de euros (actualmente se jubilan a los 55 años). A ello habría que sumar 350 millones de euros asumidos por la sociedad pública Puertos del Estado para hacer frente a despidos y otras indemnizaciones asociadas a la liberalización. En total, una cantidad equivalente a pagar la multa europea durante unos 12 años.
Sin embargo para la patronal del sector esta cantidad era insuficiente, y exigían que el gobierno cubriese el coste total de las prejubilaciones (250 millones adicionales sobre lo comentado anteriormente). Esta fue una de las razones fundamentales por las que los estibadores amenazaron con paralizar los puertos españoles en caso de aprobarse el decreto.
¿Se podría mantener el régimen actual?
Al margen del coste de la multa diaria, mantener un régimen que atenta contra la legalidad europea podría acabar causando un conflicto importante con nuestros socios. Pero además, el sistema actual es un monopolio ineficiente, que viene suscitando problemas y quejas ya desde principios de los años 80. Los puertos son un sector clave para la economía española ya que a través de ellos sale el 85% de sus exportaciones, y por tanto es crucial que operen de una forma eficiente.
Sin embargo el actual monopolio de la estiba incrementa los costes de los puertos españoles, perjudicando las exportaciones del país: la estiba supone el 53% del coste de manipulación de mercancías en los puertos españoles, frente al 38% de media europea. Este sobrecoste se debe fundamentalmente a los altos salarios y la rigidez laboral de la plantilla de estibadores.
Mantener el sistema actual supone además desperdiciar la oportunidad de reducir los costes de exportación e importación, lo que, según la consultora PwC, podría llegar a aumentar el PIB español un 0,22% y crear 18.000 nuevos empleos. Por tanto, más allá del coste de la multa europea, mantener el actual régimen supone seguir prolongando un problema enquistado durante décadas y limitar el potencial de las exportaciones españolas.