El Gobierno español pretende impedir la matriculación de cualquier con emisiones directas de dióxido de carbono a partir del año 2040, es decir, tanto diésel como gasolina incluso híbridos o gas natural (GNC) o licuado (GLP) dejarían de comercializarse. Esto se está planteando en la Ley de Cambio Climático que se está elaborando actualmente.
Este veto solo se detendría en la venta de vehículos eléctricos, que son impulsados por hidrógeno o por cualquier tecnología que no tenga un impacto medioambiental con la emisión de dióxido de carbono.
Objetivos del cambio normativo que se está cocinando
El Gobierno español justifica esta medida en cumplimiento de los objetivos firmados en el Acuerdo de París para dar la batalla contra el cambio climático. La prohibición de venta respondería a la necesidad de que para el año 2050 no circulen ningún automóvil que emite CO2, tal y como se establece en el acuerdo entre los países.
Se está valorando un objetivo intermedio de *reducir las emisiones de gases en un 20% para el año 2030, partiendo de los niveles alcanzados en 1990. Si la Unión Europea plantea un objetivo para España de 290 millones de toneladas de CO2, esta medida tendría como objetivo alcanzar las 230 millones de toneladas.
Otro de los objetivos planteados en el documento previo es una obligación para que aquellos municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes adopten "Zonas de Bajas Emisiones" antes de 2023, lo que se traduciría en medidas como la restricción al tráfico en muchas ciudades.
El cambio normativo que se plantea daría un plazo de 10 años de circulación permitida para este tipo de vehículos y, a partir del año 2050, dejaríamos de ver por las calles estos vehículos.
Para impulsar el coche eléctrico el Gobierno quiere que sea de obligado cumplimiento la instalación de puntos de carga eléctrica en todas las gasolineras, prohibir cualquier incentivo en forma de ayuda que puedan favorecer el consumo de combustibles fósiles.
Y paralelamente al coche eléctrico coma el Gobierno también quiere que cambiar el modelo energético del país... Adiós al fracking para el 2040, y el sistema eléctrico español se fundamentará exclusivamente en fuentes renovables para el 2050, con un plan de objetivos intermedios para alcanzar estos objetivos.
Críticas al plan: La Comisión Europea y el sector del automóvil
En Europa ven esta medida con cierto recelo ya que limitar la oferta de este tipo de vehículos va en contra de los principios que se forjan en la Unión Europea de de unidad de mercado y de neutralidad tecnológica para que ninguna alternativa se vea perjudicada frente a otra.
Esto se refiere a que al ser un proyecto que tiene un impacto directo contra el sector del automóvil, de las petroleras u otros productores vinculados y no se puede limitar su producción por parte de un país, aunque se plantee en un horizonte de 20 años, porque son productos que hoy en día están homologados desde la Unión Europea y no queda bajo la competencia del Gobierno de España sino en un marco legislativo superior.
De hecho, el Comisario Europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, ha declarado que "establecen trayectorias con la contribución de cada sector a la descarbonización, pero no se propone medidas concretas tan drásticas".
Desde ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) están criticando todas las medidas de este Gobierno que han tenido fijación en el diésel y que han propiciado una caída de demanda del diésel en España. Si bien no es un hecho aislado dentro del contexto europeo, en España la venta está cayendo más rápido que en otros países y la cuota del mercado estaría en niveles de 1995.
Los expertos han comparado esta medida con las prohibiciones establecidas tanto en el Reino Unido como en Francia, que limitan la venta en fechas similares en los vehículos de combustión.
El sector critica que no se está teniendo en cuenta que el Reino Unido aprobó un plan estructural para la compra de vehículos alternativos y una gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras, de manera similar en Alemania, a finales de 2017 aprobó un plan dotado de 1.000 millones de euros. En comparativa, España únicamente habría destinado 74,5 millones de euros a estos planes en 5 años y en el último año no habría aprobado ningún tipo de ayudas.
En el aspecto económico obviamente habrá implicaciones ya que el tejido industrial del sector del automóvil implica el 10% del PIB español y el 9% de la población activa del país. Esta reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas en su conjunto, necesitaría un plan de inversiones paralelo para que las plantas no pierdan competitividad, unas medidas que actualmente se desconocen.
Forzar la transición va en contra del consumidor
El problema de este tipo de medidas es que se pretende forzar una transición que desde el punto de vista del consumidor es absolutamente un error. No debería existir ningún problema en que convivan varias alternativas de transporte y que el consumidor pueda elegir aquellas que más se adecuen a sus necesidades de consumo.
Cuando se pretende prohibir un determinado producto, en este caso la matriculación de coches diésel, gasolina e híbridos, lo que se hace es limitar la oferta destinada a los consumidores, es decir, una menor cantidad de bienes sustitutivos entre sí que puede implicar mayores costes finales para el consumidor.
Sí el vehículo eléctrico otorga más beneficios que el motor de combustión, no hace falta ningún tipo de transición o control de la oferta desde arriba, sino que serán los propios consumidores los que prefieran adoptar el vehículo eléctrico mayoritariamente, desplazando al resto de ofertas.
A pesar de que sea una medida planteada para dentro de 20 años, se desconocen los costes vinculados a las diferentes alternativas que puedan existir en el mercado (cómo madurará la eficiencia de las baterías, el precio de la electricidad y los precios de los combustibles). Independientemente de lo que suceda en el futuro, siempre será mejor que existan diferentes alternativas que suprimirlas.