El derecho de secesión es una cuestión que ha sido fuente de conflicto históricamente ya que impacta frente al derecho de integridad territorial. Actualmente, en España existe un conflicto fruto del independentismo catalán que se integra en la administración catalana.
La Generalitat ha prometido que el día 1 de Octubre se celebrará un referéndum en el que su resultado será vinculante para que la autonomía catalana se autodetermine como estado, República de Derecho según el texto íntegro de la Ley de Transitoriedad.
Independientemente de si finalmente se celebra el referéndum o no, si se aplica el articulo 155 para la suspensión de la autonomía o no, es importante hacer una reflexión profunda sobre qué es el derecho de secesión y cuáles son las consecuencias económicas de su aplicación.
¿Quiénes han integrado el derecho de secesión?
En términos generales, las constituciones del mundo no establecen o reconocen el derecho de secesión de una parte del territorio del Estado. No obstante, existen pequeñas excepciones como la de Etiopía (artículo 39.1 de la Constitución de 1994) o en el pequeño archipiélago de San Cristóbal y las Nieves (artículo 115 de la Constitución de 1983).
Si nos remontamos al derecho constitucional histórico, se concluye que muy pocas constituciones han establecido el derecho de secesión:
La URSS contemplada en el artículo 70 y 72 de su constitución del derecho de secesión aunque no contemplaba el procedimiento del mismo.
Yugoslavia en el artículo 1 de la Constitución de 1974 quedaba establecido el derecho de secesión aunque sin quedar otorgado a la República sino generalmente a pueblos y naciones.
En Checoslovaquia con la reforma constitucional de 1990 también quedó integrado el derecho de secesión.
Birmania se decantó durante casi 30 años por el derecho de secesión ya que lo introdujo inicialmente en el artículo 201 de la Constitución de 1947, aunque lo derogó en 1974.
Como vemos el derecho de secesión no es la norma sino supuestos muy excepcionales que se dan en contadas ocasiones alrededor del mundo y a lo largo de la reciente historia del derecho constitucional.
¿Y el derecho internacional? De acuerdo con el derecho internacional tampoco se recoge el derecho de secesión como norma debido a que prevalece el principio de integridad territorial. Únicamente se incluye el derecho de secesión en la aplicación en aquellos procesos de descolonización o en situaciones de pueblos que han sido anexionados por conquista, dominación extranjera o bien ocupación.
Beneficia o perjudica económicamente el derecho de secesión
Economistas como Juan Ramón Rallo defienden el derecho de secesión, argumentando que toda comunidad política debe obtener la posibilidad de disolverse hasta la menor unidad funcional posible y también la posibilidad de agruparse en comunidades políticas bajo el principio de libre asociación. No obstante, como veremos a continuación, parece no tener mucho sentido económico en el largo plazo.
Imaginemos un supuesto... Nos encontramos ante dos territorios económicos formalizados como estados idénticos, con los mismos pesos sectoriales en sus economías, misma fiscalidad y mismo sistema jurídico que repercute sobre los agentes económicos pero con una diferencia relevante: En uno de estos estados se ha instaurado el derecho del secesión, mientras que el otro no incluye tal derecho.
En el estado en el que se aplica el derecho de secesión, existiría una probabilidad indeterminada que en un momento dado una parte de este territorio, ya sea de una región o incluso localidades determinadas -podemos extender el ejemplo hasta comunidades de vecinos o grupos más reducidos-, establezcan un nuevo marco legislativo y se autodetermine como estado de un día para otro.
En primer lugar, cabe preguntarse cuál de ambos países sería más atractivo en el momento de invertir. Recordemos que un proyecto de inversión tiene un horizonte temporal de largo plazo, por lo que un mayor grado de incertidumbre, como el que ofrece el derecho de secesión, no invita precisamente a que sea un país atractivo tanto para ser receptor de inversores como para la creación de nuevas empresas.
Una de las variables claves que condiciona la demanda interna es la variable expectativas. ¿Qué expectativas pueden establecerse en un entorno de presumible volatilidad jurídica? Obviamente, las decisiones de consumo e inversión perderían presencia por la falta de seguridad establecida en el entorno de derecho de secesión.
¿Y la financiación? El derecho de secesión tendría un coste añadido en el momento de solicitar financiación, lo que significa más intereses para todos los agentes económicos - hogares, empresa y administración-. Por lo que el territorio económico que cuente con un derecho secesión tendrá una mayor dificultad en el momento de acceder a la financiación, especialmente externa, pues el riesgo cotizaría bajo prima.
Evidentemente no existen dos países iguales por lo que se entiende que cualquier estado que determine en su carta magna o sistema jurídico el derecho de secesión, sería una economía más débil frente a su potencial, asediada constantemente por una incertidumbre jurídica, que impediría a los agentes económicos la posibilidad de ejecutar sus decisiones con unas mínimas garantías.
El derecho de secesión de manera excepcional
El derecho de secesión no tiene sentido aplicado de manera continuada, y por esa razón, los estados no integran dentro de sus constituciones o marcos legislativos el derecho de secesión. No obstante, pueden darse supuestos excepcionales en el que en un momento dado se aplique el derecho de secesión.
Bajo un supuesto excepcional, el Estado concedería la posibilidad de que un territorio pueda secesionarse y, en consecuencia, el territorio se enfrentaría, en un momento dado, a un incremento de incertidumbre de manera muy contextualizado hasta que se proceda con el referéndum.
Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en Escocia. El Reino Unido no se reconoce el derecho de secesión por parte de un territorio, sin embargo esta competencia fue transferida al pueblo escocés para decidir, a través de un referéndum celebrado en septiembre de 2014, si Escocia quería formalizarse como un estado -el Reino de Escocia se unió en Gran Bretaña en 1603-.
Durante los meses previos al referéndum vimos un incremento de volatilidad de la libra, una fuga de depósitos y traspaso de fondos de inversión desde Escocia hacia los bancos del Reino Unido por una fuerte incertidumbre en el proceso debido a que no quedó claro que si Escocia se independizaba seguiría con la libra.
La divisa fue un aspecto básico para la decisión de los escoceses. En 2013, Escocia vendió 50.000 millones de libras en bienes y servicios al resto del Reino Unido y compró 63.000 millones en bienes del resto del Reino Unido.
Escocia votó por seguir formando parte del Reino Unido. Y a partir de aquí empiezan los problemas, una vez sentado el precedente ¿Cuánto tiempo pasará para formalizarse otro referéndum? Pues muy poco... El parlamento de Escocia ya está impulsando nuevo referéndum de independencia, por lo que parece que la concesión del derecho de secesión debe terminar a lo largo del tiempo en la disolución territorial (votar y votar hasta que el resultado sea el deseado).