Cataluña, y en concreto los partidos independentistas, tienen la llave de la investidura de Pedro Sánchez. Conscientes de ello, ERCy Junts han manifestado conjuntamente sus exigencias al Gobierno de España para dar luz verde a la continuidad de Sánchez en la Moncloa. No obstante, entre sus exigencias, hay que tener en cuenta su petición de solventar, sin dilación en el tiempo, el déficit fiscal crónico que sufre la comunidad.
Según la última actualización calculada por la Generalitat, el déficit fiscal asciende a 22.000 millones de euros anuales, con datos de 2021. Esto supone el 9,8% del PIB catalán en 2020 y el 9,6% del PIB en 2021, lo que equivale al 50% del Presupuesto de la Generalitat para este año. Cataluña exige disponer de los ingresos del modelo de financiación, que representan más del 80% de los recursos de la Generalitat.
En la actualidad, según datos del Banco de España, la deuda de las comunidades autónomas representa el 23% del total de la deuda nacional, lo que suponen 325.402 millones de euros. Valencia y Cataluña son las comunidades que mayor deuda alcanzan porcentualmente, con el 43,7% y el 33%, respectivamente.
El presidente, Pere Aragonés, también ha instado a que pronto se pueda ejecutar el traspaso integral de Rodalies, algo que incluye la gestión y los recursos tanto humanos como económicos. En principio, la operación está cifrada por el gobierno entre 270 y 350 millones de euros anuales.
De este modo, la economía juega un papel clave en el proceso independentista catalán, y por extensión, en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. No obstante, la hipotética declaración de independencia de Cataluña acabaría afectando a España, pero también al propio gobierno catalán, por lo que ambas partes están condenadas a entenderse.
¿Qué pierde Cataluña?
Cierre de puertas en Europa
De celebrarse un referéndum, y por consiguiente aprobarse la declaración de independencia, se cerrarían las puertas del Espacio Económico Europeo a Cataluña, por lo que no tendría acceso a un mercado único. De ser así, Cataluña debería solicitar su ingreso a la institución y cumplir con las condiciones rigurosas que se exigen.
Esto llevaría a que las empresas y universidades catalanas dejasen de participar en programas europeos de investigación, que se convierten en una fuente de financiación fundamental para muchos científicos.
Desde el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) se aseguró que Cataluña seguiría utilizando el euro, aún quedando fuera de la Eurozona. Lo declararía moneda de curso legal para dar seguridad jurídica a las transacciones empresariales de sus compañías. Utilizar una moneda extranjera significaría no poder influir sobre los tipos de cambio ni los de interés, aunque también podría encarecer las exportaciones, reduciendo drásticamente la competitividad.
Al quedar fuera de la Eurozona, Cataluña perdería la red de seguridad que supone el Banco Central Europeo (BCE), así como que otras entidades bancarias españolas, tal y como sucediese con Sabadell y CaixaBank en la primera declaración de independencia de Puigdemont, optasen por trasladar sus sedes a otras regiones de España.
Situación preocupante para el comercio exterior
Cataluña es muy dependiente del comercio exterior, pues el 80% de sus ventas al exterior van destinadas al mercado comunitario europeo. Una Cataluña independiente podría sufrir aranceles, poniendo en riesgo sus exportaciones y haciendo que éstas se encareciesen en un 15%.
En 2022, la inversión extranjera aumentó en un 13,9% interanual hasta los 34.178 millones de euros, destacando: EEUU (con un 27,7%), Reino Unido (17,8%) y Alemania (14%). Los datos en frío muestran que la inversión extranjera en Catalunya creció el año pasado un 26%, hasta los 3.883 millones de euros.
El Ejecutivo catalán se vería obligado a bajar los impuestos en la misma proporción en que se incrementan los ingresos fiscales. De ahí que en caso de independencias se pudiese generar un escenario marcado por un excesivo intervencionismo.
Hay que tener en cuenta que una de cada tres firmas exportadoras en España reside en Cataluña, por lo que representa el 25% de las exportaciones del país. En 2022, Cataluña superó por primera vez los 14.000 millones de euros en exportaciones, lo que supuso un incremento del 15,30% con respecto a 2021. De este modo, España necesita el impulso productivo de Cataluña y Cataluña necesita el respaldo legal y económico de España.
Situación interna alarmante
La declaración de independencia de España supondría una caída masiva de la actividad y del PIB de Cataluña, lo que haría desplomarse la economía y conllevaría en una destrucción de los puestos de trabajos. El PIB catalán podría contraerse entre el 25% y el 30% en caso de sucesión.
Boicot y fuga de empresas
Cataluña necesita a España para seguir atrayendo talento, especialmente al sector tecnológico, dando una imagen férrea de seguridad y de prosperidad económica. En caso de anunciar la declaración de independencia, no sería extraño que España acometiese un boicot económico hacia las empresas catalanas. De hecho, durante los 20 días posteriores al referéndum del 1 de octubre, 917 empresas retiraron su sede social de Cataluña, según datos del Colegio de Registradores de España.