En los últimos diez años, España ha vivido una paradoja salarial que desafía toda lógica. Mientras los licenciados y profesionales con estudios superiores han visto estancarse e incluso reducirse sus salarios, los trabajadores con menor nivel educativo, incluidos analfabetos y aquellos que no terminaron la primaria, han experimentado un incremento en sus ingresos por encima IPC.
Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, refleja una cosa: la profunda distorsión en el mercado laboral español. Y plantea serias dudas sobre el valor que la sociedad (y las empresas) otorgan a la educación.
Hablamos de brecha salarial invertida
Los datos mandan. Los salarios de los trabajadores sin estudios o con niveles educativos muy básicos han crecido un 12% en la última década, superando el aumento del IPC, que se situó en torno al 10%.
Por el contrario, los licenciados y profesionales con formación universitaria han visto cómo sus salarios apenas han crecido un 2%, quedando por debajo de la inflación. Esta brecha salarial invertida es única en el contexto europeo y contrasta con la tendencia generalizada en otros países, donde a mayor nivel educativo, mayores son los ingresos.
Este fenómeno no solo afecta a los recién licenciados, sino también a profesionales con años de experiencia. Ingenieros, abogados, médicos y otros titulados superiores han visto cómo sus salarios se han estancado, mientras que sectores como la construcción, la hostelería y los servicios básicos han experimentado incrementos salariales significativos.
Pero, ¿por qué ocurre esto?
La explicación a esta paradoja salarial es multifactorial. En primer lugar, el mercado laboral español está altamente segmentado. Sectores como la construcción y la hostelería, que tradicionalmente emplean a trabajadores con menor formación, han sufrido una escasez de mano de obra en los últimos años. Esta falta de trabajadores ha llevado a los empleadores a aumentar los salarios para atraer y retener talento, incluso en puestos que no requieren cualificación.
Por otro lado, la sobrecualificación es un problema creciente en España. Según la OCDE, el 35% de los trabajadores españoles con estudios superiores están empleados en puestos que no requieren su nivel de formación. Este desajuste entre educación y empleo no solo limita las oportunidades de crecimiento profesional, sino que también ejerce una presión a la baja sobre los salarios de los licenciados.
Además, la precarización del empleo en sectores que tradicionalmente requerían estudios superiores, como la educación, la sanidad o la investigación, ha contribuido a esta distorsión. Los contratos temporales, los bajos salarios y la falta de inversión en estos sectores han hecho que muchos profesionales altamente cualificados se vean obligados a aceptar condiciones laborales que no reflejan su nivel de formación.
¿Y cómo impacta todo esto en la sociedad?
Esta situación tiene consecuencias profundas. En primer lugar, desincentiva la inversión en educación. Si los licenciados no pueden esperar un retorno adecuado por su formación, es probable que muchos jóvenes opten por abandonar los estudios o buscar oportunidades en el extranjero. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor fuga de cerebros, con miles de jóvenes altamente cualificados emigrando cada año en busca de mejores oportunidades laborales.
Además, esta brecha salarial invertida perpetúa las desigualdades sociales. Los trabajadores con menor nivel educativo, aunque hayan visto incrementar sus salarios, siguen siendo los más vulnerables a los ciclos económicos y a la automatización.
Por otro lado, los licenciados, aunque estén mal pagados, tienen más herramientas para adaptarse a los cambios en el mercado laboral. Sin embargo, el estancamiento salarial en este grupo contribuye a una sensación generalizada de descontento y frustración.
El papel en entredicho de las políticas públicas
La solución a esta paradoja salarial no es sencilla, pero requiere de un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias del problema. En primer lugar, es necesario fomentar la creación de empleos de calidad que requieran y valoren la formación superior. Esto implica una mayor inversión en sectores como la tecnología, la investigación y el desarrollo, que tienen un alto potencial de crecimiento y pueden absorber a trabajadores altamente cualificados.
Además, las políticas públicas deben abordar la precarización del empleo y garantizar que los salarios reflejen el nivel de formación y experiencia de los trabajadores. Esto incluye medidas como el establecimiento de salarios mínimos profesionales y la promoción de contratos indefinidos en sectores clave.
Por último, es crucial mejorar la orientación profesional y la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Los jóvenes deben tener acceso a información clara sobre las oportunidades laborales y los salarios esperados en función de su formación, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Solo así España podrá convertirse en un país donde la educación sea verdaderamente valorada y recompensada. De momento, no lo es.