Montoro ha anunciado en una entrevista a la Cadena Ser (audio) que el Gobierno va a cambiar la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.
Este cambio, contemplaría la entrada en el Código Penal de delitos que incurran en falsedad de la contabilidad pública apoyados en los casos en los que los cargos públicos encargados de la gestión de los presupuestos, exceden sistemáticamente sus límites e incurren en incumplimientos presupuestarios. El cambio a priori, tiene buena pinta y no deja de ser una equiparación en el código penal a determinados delitos societarios, pero el camino a seguir es complicado.
- En primer lugar, se debe exigir una unificación de los criterios de la contabilidad pública y los criterios de imputación de gastos. No todas las administraciones siguen con los criterios que marca la ley y luego comienzan a aparecer facturas en los cajones por todos los lados.
- El segundo punto más importante si cabe, es el ajuste de los capítulos de ingresos. La mayoría de administraciones públicas suelen realizar presupuestos irrealizables en ingresos con el objetivo de poder aumentar las partidas de gasto sin incurrir en déficit presupuestario importante.
- Para que entendamos el ejemplo anterior, el ayuntamiento de PuebloArriba puede presupuestar ingresos por licencias de obras por 1 milón de euros y luego ingresar 10.000 euros. El presupuesto de gasto puede contemplar gastar 900.000 euros e incluso superávit, pero al cierre de ejercicio, nos encontramos con la sorpresa de déficit, no por el exceso del gasto sino por la caída de ingresos.
- Para evitar el punto anterior y para que las administraciones públicas tengan flexibilidad en la gestión, necesitamos una ley que no encorsete a la administración y una ley que marque claramente los criterios para confeccionar presupuestos públicos.
- Un ejemplo de esta flexibilidad lo tenemos por ejemplo en una partida de mantenimiento de locales públicos de 30.000 euros siendo su principal gasto la calefacción. Si cuando se hizo el presupuesto el gasóleo costaba 1 euro pero a la hora de su compra, su precio ha pasado a 1,5 euros, la administración debe contar con los mecanismos correctores que le permitan desviarse del presupuesto sin incurrir en el hipotético delito y sin tener que apagar la caldera por falta de presupuesto.
Por último, no olvidemos que la criminalización del déficit es una barrera de entrada importante para los políticos y gestores públicos, sobre todo en aquellas administraciones que se encuentran en quiebra técnica o aquellos que tienen que dirigir unos presupuestos que no han aprobado ellos. Tema espinoso importante y que debe marcar unas pautas muy claras sobre lo que se puede considerar delito o no para que sea una ley justa y efectiva realmente que es lo que se persigue finalmente.
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