La semana pasada el Ministro de Trabajo e Inmigración desató la polémica al decir en una entrevista que debido a la subida del paro las contrataciones en origen debían tender a desaparecer. Las contrataciones en origen son la forma legal que tienen los inmigrantes de venir a España a trabajar, que consisten en que las empresas van a los países donde hay gente que quiere emigrar, les contrata, y vienen con papeles y contrato de trabajo. Todo esto está controlado por el Gobierno para que la inmigración sea ordenada (otra cosa es los inmigrantes que vienen de otras formas, con visados de turismo o que directamente entran saltándose los controles de frontera).
La paradoja que expresó el Ministro es la siguiente: mientras que este año el paro ha aumentado en 300.000 personas, ha habido unas 90.000 contrataciones en origen, lo que hace que a la vez que la población ocupada se estanca estemos "importando" población activa.
A las pocas horas de sus declaraciones recibió bastantes críticas y tuvo que rectificar (o más bien le hicieron rectificar) y se dijo que se seguirían haciendo las contrataciones en origen que sean necesarias para las empresas.
Este es un tema bastante complejo. Por un lado tenemos la vertiente social, y es que aumentar la población activa sin que aumente la población ocupada crea una bolsa cada vez mayor de gente sin empleo, que si eventualmente cobran un subsidio por desempleo, a la larga tendrán que afrontar problemas económicos serios que afectarán a la sociedad en su conjunto.
Por otro lado tenemos el problema económico, y que hay empresas que no encuentran trabajadores para realizar ciertas labores entre la bolsa de parados que hay en la actualidad, ya sea porque dichos parados no quieren realizar trabajos desagradables con sueldos bajos y a veces desplazamientos dentro de territorio o porque no encuentran a personal suficientemente cualificado (este supuesto no es tan común porque normalmente las contrataciones en origen no van buscando trabajadores con alta cualificación).
Socialmente puede parecer razonable pensar que si el Estado cierra la puerta a las contrataciones en origen los empresarios estarían obligados a contratar a parados y para lograrlo tendrían que ofrecer salarios más altos, con lo cual se solucionarían dos problemas: el social y los bajos salarios. Pero seguramente las empresas no pueden permitirse pagar más si quieren que sus productos sean competitivos después de tantos años con un diferencial de inflación tan alto con la UE.
Otra opción que hay es endurecer las condiciones a los parados para cobrar el subsidio. Esto se ha debatido largo y tendido en otra entrada del blog y existen posiciones encontradas. Por un lado el subsidio del paro es un ayuda para encontrar trabajo. Si el parado rechaza ofertas, ¿no debería dejar de cobrar esa ayuda? Pero es polémico porque si estás buscando un trabajo que encaje en tu perfil en una provincia y te ofrecen otro que no encaja en otra es muy difícil seguir buscando el trabajo que quieres. Al final, por los que se aprovechan del sistema pagarían todos.
Y luego queda la opción de dejarlo todo como está, que beneficia a las empresas pero que puede crear problemas sociales, que es la que de momento parece que sigue el Gobierno aunque con las discrepancias que han aparecido.
Como digo es un tema complejo cuya solución no es nada fácil.
Vía | El País Foto | exquisitur