La mayor ambición de todo Gobierno es dar forma a su política económica mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), determinando qué nivel de recursos se extrae del sector privado y seguidamente decidir cómo hay que gastarlos.
El actual Gobierno de Sánchez convive con los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo anterior y pretende, como no podría ser de otra manera, aprobar los suyos propios de cara al 2019. El Gobierno del PSOE junto a Unidos Podemos habían alcanzado un pacto para aprobar los PGE, pero aún falta el visto bueno del resto de fuerzas políticas necesarias para su aprobación final.
Los PGE para el siguiente año presentan una gran batería de medidas. Desde el punto de vista de los ingresos, se contemplan nuevos impuestos: Limitar las exenciones y tributación mínima en el Impuesto de Sociedades, rebajar el tipo para pymes, crear el Impuesto sobre Transacciones Financieras, impulsar una fiscalidad "verde", la creación del impuesto sobre Servicios Digitales y el incremento del Impuesto de Patrimonio.
Si nos dirigimos a los gastos, se ha presupuestado una revalorización de las pensiones al IPC, subir las pensiones mínimas y las no contributivas en un 3%, más financiación de becas, subir el SMI hasta los 900 euros, mejorar nivel mínimo y acordado de Dependencia y un Plan de Eficiencia Energética Hogares Vulnerables (FEDER).
El bloqueo independentista no da los números para aprobar los PGE
Si el Gobierno quiere sacar adelante los PGE, necesita aprobar la Ley en estos dos meses que quedan para finalizar el año. De no ser así, los PGE del Gobierno del Partido Popular quedarían prorrogados de acuerdo al artículo 134.4 de la Constitución: "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
Para evitar esta situación el PSOE necesita los votos necesariamente del PDeCat y ERC para para levantar el veto del Senado que controla el Partido Popular y hacer frente al 'no' de Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados (166 diputados). La combinación necesaria que el Gobierno está buscando sería el voto 'sí' de ERC y la 'abstención' del PDeCat.
Y es en este punto donde el Gobierno tiene problemas... Los partidos independentistas se niegan a dar su "sí" a los presupuestos ni tan siquiera entrar a una negociación.
En unos Presupuestos el eje de debate es más impuestos o menos y los beneficiarios finales del gasto público. Pero ambos partidos independentistas quieren anteponer este debate focalizando sus exigencias en el proceso judicial que viven lo líderes independentistas, encausados por el 1-O.
Solicitan que la Fiscalía General del Estado a retirara todos los cargos a los líderes independentistas, y también poner sobre la mesa una propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación. Y ni uno ni lo otro, es más la Fiscalía y la a Abogacía del Estado ya ha elaborado los escritos de los líderes del 'procés', pidiendo 25 años de prisión para Oriol Junqueras.
Si se prorrogan, tocará tirar de proyectos ley
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, esta semana ya ha abierto la puerta a la prórroga a los presupuestos de este año. Si su 'Plan A' es aprobar los PGE, Calviño está ya pensando en el 'Plan B' que consistiría en la prórroga presupuestaria y sobre la marcha ir haciendo los ajustes necesarios que el Congreso apruebe en forma de decreto ley.
Estos decretos-ley saldrían adelante sin tener que pasar por el Senado y únicamente con mayoría simple del Congreso. De hecho, hasta hoy todos los reales decretos que el gobierno ha puesto en marcha han sido aprobados con los votos de los independentistas, a pesar de que en primera instancia se posicionaban en la negativa.
Con ello, buscarían satisfacer las diferentes medidas de gasto social presentadas por partes hasta agotar la legislatura. Entre estas medidas encontraríamos el SMI, la revalorización de las pensiones y dependencia.
Por ejemplo, la subida del 22,3% sobre el SMI hasta los 900 euros anunciada en los PGE, podría fijarse en un decreto ley. Una medida que de aprobarse, no sólo perjudica al 'stock' de parados (tasa de paro del 14,55%), sino que dada la relación con la base mínima de cotización, el 85% autónomos verían incrementadas sus cotizaciones, lo que aumentaría sus obligaciones a 420 euros más al año.
Desde el punto de vista de los impuestos que contemplan los PGE, habrá que ver cuáles finalmente salen adelante. Las mayores ambiciones del Gobierno serían el aprobar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, el impuesto sobre Servicios Digitales y varias medidas contra el fraude fiscal que pueden acoger consenso en la Cámara Baja.
Sea como sea, el Gobierno tiene un compromiso ineludible con Bruselas y para este año el ajuste estructural que se contempla con la reducción del déficit público sería de 8.000 millones de euros, el 0,65% del PIB.