Actualmente, el mercado de determinados productos farmacéuticos ha sufrido un auge espectacular desde el Estado de Alarma, debido a la alta demanda existente frente a una oferta limitada. Nada que ver con el hundimiento, que según las previsiones actuales, veremos este año en el turismo (-32,4%), la hostelería (-40%) y la venta de vehículos (-69,3%).
Este contraste genera recelos y vuelve a sondearse la palabra "especulación". Que una actividad económica se esté beneficiando en un contexto en el que veremos una recesión estimada con una caída del 8% del PIB, predispone a identificar de especulación en esa actividad.
Se ha producido un desajuste entre la oferta y la demanda, debido a al gran número de casos de COVID-19 que ha tenido un crecimiento exponencial en estas semanas a escala global. Esto tiene una consecuencia directa en el incremento de los precios, acusando a las farmacias de especular con estos productos.
Anteriormente al confinamiento, un paquete de 50 mascarillas quirúrgicas tenía un precio de coste para las farmacias de 4 a 6 euros. Hoy, ese mismo paquete tiene un precio de coste alrededor de 60 euros. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento de precios alrededor del 1.100%. Unos costes que las farmacias repercuten al consumidor final tratando de mantener los márgenes el negocio y los impuestos repercutidos (IVA del 21%).
No es especulación, es escasez de un bien ampliamente demandado.
Quién desee garantizarse el suministro de estos productos debe ser precio aceptante hasta que los incentivos generados por el auge de los precios y la gran rentabilidad de esta actividad hagan que se incremente la oferta global por parte de los fabricantes para satisfacer a la elevada demanda presente.
Regular los precios y expropiar no es la solución
Muchos pueden pensar que debido a los altos precios generados, el Estado debería regular esta actividad, estableciendo precios máximos para mascarillas, geles desinfectantes, test y demás productos vinculados a esta pandemia cuya misión no es otra que la prevención del contagio.
En primer lugar, establecer medidas de este tipo, perjudicaría gravemente a la cadena de suministro porque se eliminarían los actuales incentivos para la producción y satisfacción de la demanda. Si los costes en el mercado global de estos productos son elevados pero el precio de venta al público queda limitado por la regulación, se rompe la cadena de suministro y por lo tanto, el acceso a estos productos tan necesarios hoy.
En otras palabras, aquellos que acepten los precios fijados por el mercado serán quiénes puedan dar una respuesta efectiva a la pandemia y ejecutar un desconfinamiento gradual efectivo, en un momento en el que ajustar la producción de manera inmediata, no está siendo posible, sino los precios ya estarían ajustados vía un incremento de la oferta proporcional a la demanda.
Además, esta medida tendría otra consecuencia y sería la aparición de un mercado negro que, contemplando el riesgo legal y la escasez, los productores buscarían colocar los productos y los consumidores consumidores asegurarse el suministro.
El Estado, incluso, puede llegar a expropiar aquellas empresas que hayan conseguido suministros. Esto ya ha sucedido con el Gobierno español en Siemens-Gamesa con la expropiación de test de COVID-19 que la empresa había adquirido en el mercado global por su experiencia previa con China y en cumplimiento de lo pactado entre sindicatos y empresa para la detección de los enfermos asintomáticos y preservar la actividad económica de la empresa.
Es decir, el gobierno español no solo está reflejando una incompetencia manifiesta para acceder a las cadenas de suministro, sino que aquellas empresas que responsablemente están tomando medidas para la prevención se les perjudica mediante una adquisición forzosa. El mensaje es peligroso... Aquellas empresas que sean responsables, reciben un mensaje negativo si acceden a las cadenas de suministro globales, se anula todo incentivo para mantener los ministros en la actividad privada.
Acceder a mascarillas en una fase de desconfinamiento
La finalidad del confinamiento de la población es llevar a cabo una medida de última instancia dada la ausencia de medidas preventivas y el acceso a productos que eviten el contagio como las mascarillas o test.
Que España haya llegado a los actuales niveles de restricciones solo manifiesta una pésima gestión el Gobierno tanto para tomar las medidas de prevención como para posicionarse en la cadena de suministro dada su inexperiencia (compró 659.000 tests defectuosos). Por todo ello, hoy tenemos colapsado el sistema sanitario español.
La realidad es que se ha alcanzado 429 muertes por millón de habitantes, casi cuatro veces más que las cifras de Estados Unidos (119 muertes por millón de habitantes), liderando esta ratio a escala global.
La situación del mercado de las mascarillas es compleja ya que los altos precios pueden limitar el acceso a este producto cuya finalidad es la de evitar la propagación de la epidemia en una futura fase de desconfinamiento. La utilidad percibida no recae específicamente en el cliente, sino en el conjunto de personas de su entorno dadas las externalidades positivas.
Ante esta situación hay dos alternativas posibles en favor de seguridad ciudadana y proteger las libertades individuales. La primera opción es que el Estado adquiera a precios de mercado las mascarillas necesarias para la población y establecer un suministro racionado, priorizando a los perfiles de riesgo.
La segunda opción es traspasar esta responsabilidad a la ciudadanía y que ellos sean quienes adquieran en las farmacias las medidas de seguridad. En este punto habría una condición necesaria y es que aquellos que no adquieran mascarillas se vean obligados a quedar confinados en sus respectivos hogares de tal modo que sea de uso obligatorio para aquellos que quieran salir a la calle.
Se está optando por la primera de las opciones. Esta estrategia se ha llevado a cabo muy tarde, pero es la más acertada dentro de un escenario previsto de desconfinamiento gradual en el tiempo preservando a los grupos de riesgo. Cuánto más se dilate en el tiempo peores serán las consecuencias económicas.
La semana pasada, el Gobierno empezó a repartir, en puntos logísticos de toda España, 10 millones de mascarillas en los principales nodos de transporte público del país que consiguió en el mercado global para aquellas personas que tengan que desplazarse para trabajar en medios donde sea más complejo mantener la distancia de seguridad.
No obstante, sin la realización de test masivos para detectar preventivemente a los asintomáticos, la estrategia pierde efectividad y el riesgo de que los nuevos casos diarios vuelvan a una tendencia alcista está presente. España llegó a tener el 1 de abril un máximo de 197 nuevos casos por millón de habitantes, una cifra que se ha ido relajando y hoy ha descendido hasta 78 nuevos casos.
