La fuerte crisis económica que está sufriendo hoy España vinculada a las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19, han llevado a una escalada desempleo importante en apenas dos meses.
Tenemos 3,83 millones de personas que desean un empleo y no lo pueden obtener, y si a estas cifras sumamos los tres millones de afectados por los ERTE, nos iríamos a tasas de paro del 34% aunque las fuentes oficiales no incorporan este último dato.
Y es en este contexto, en el que se vuelve a señalar la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 como uno de los problemas de la situación presente, tal y como sucedió en la anterior crisis financiera. Incluso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado ha firmar con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, aunque seguidamente lo ha matizado.
Así pues, vamos a reflejar cuáles fueron las medidas que se introdujeron la reforma laboral de 2012, cuál fue el papel de los ERTE en ese momento de cambios legislativos y las consecuencias finales para el mercado laboral.
Las tres dimensiones que abordó la reforma laboral
El paquete de reformas que fue promulgado en el año 2012 tenía como objetivo principal el abordar diferentes problemas estructurales que sufría el mercado laboral español. Mientras que la mayoría de reformas estudian orientadas en el año 2012, algunos ajustes complementarios se hicieron factibles hasta 2013.
El gran problema de España y que hoy en día sigue existiendo aunque en menor medida, era la flexibilidad interna de las empresas, y se buscó conceder mayor prioridad a los acuerdos a nivel de empresa, lo que facilitaba las cláusulas de exclusión de los acuerdos de ámbito superior como pueden ser sectoriales o regionales y facilitando las diferentes modificaciones unilaterales de los salarios y el resto de condiciones de trabajo.
Para entender como se estructuró esta reforma hay que mencionar tres categorías diferentes: Medidas para aumentar la flexibilidad de las empresas, medidas para reducir la dualidad y, medidas para mejorar las políticas activas del mercado de trabajo, con algunas medidas dirigidas a varios objetivos. Asimismo, debemos enfatizar que algunas de estas políticas únicamente se emplearon a los nuevos contratos o los futuros años de servicios en los contratos ya existentes.
Enfocando la flexibilidad empresarial, en primera instancia se dio prioridad a aquellos acuerdos a nivel de empresa frente a los acuerdos a nivel del sector en el marco de la negociación colectiva, se facilitó la exclusión voluntaria de los convenios colectivos, se redujo el periodo de actividad excesiva de los convenios colectivos, se utilizaron los contratos a tiempo parcial, incluso llegando a permitir horas extras horas complementarias, se amplio el uso de despidos justos basados en criterios objetivos y se facilitaron los acuerdos de despido a nivel de empresa.
En relación a aquellas medidas que abordaban la dualidad del mercado laboral, es decir la gran diferencia existente del blindaje de los contratos indefinidos frente a los contratos temporales, se tomaron medidas para reducir las diferencias. La más importante fue la reducción del coste de despidos improcedentes a los trabajadores indefinidos de 45 a 33 días de salario por año de antigüedad hasta un máximo de 24 meses, frente a los 42 meses anteriores. También vimos la introducción de un contrato especial para las pequeñas empresas al fin de conceder un incentivo para la contratación de trabajadores indefinidos, especialmente dirigido a jóvenes desempleados y se restableció el límite de 2 años para la prórroga de los contratos temporales.
En último lugar de esta batería de medidas, debemos de señalizar aquellas políticas activas. En este punto se introdujeron contratos de formación y aprendizaje concedían a las empresas diferentes incentivos para reciclar a jóvenes sin formación para que permanecieran dentro de la empresa y se puso en marcha un nuevo programa de activación para los desempleados de larga duración. Además, se concedió un papel más relevante a las agencias privadas de captación y colocación y ya en el año 2013 se introdujo un sistema de evaluación de asignación de fondos orientado a los resultados.
¿Y qué hay de los ERTE?
En relación a los ERTE que se han puesto muy de moda en estos meses para tratar de paliar coyunturalmente las consecuencias negativas que están sufriendo los negocios, tienen su punto de partida en el año 1995 en el Estatuto de los Trabajadores.
Específicamente, lo podemos ver regulados en los artículos 45,47 y 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995 del 24 de marzo por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de trabajadores que establecía entre las diferentes causas suspensión del contrato del trabajo, aquellas motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor temporal.
Con esta legislación, lo que hizo realmente el Partido Popular en su estapa de Gobierno fue crear una Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprobó Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
Se trataba pues regular el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones para que su permiso no fuera un requisito necesario y agilizar todo el trámite.
Por lo tanto, en un supuesto de derogación de la reforma laboral co o se está planteando, la inmediatez obtenida en este trámite quedaría obstaculizada, haciendo más complejo todo el proceso del ERTE tan necesario hoy en día para empresas y trabajadores porque, según el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, se estima que más de 900.000 trabajadores incluidos en un ERTE no están cobrando.
¿Fue positiva la reforma laboral?
Sin lugar a dudas, la reforma laboral mejor los resultados obtenidos en materia de empleo, incluyendo especificamente las altas tasas de jóvenes desempleados.
Podemos apreciar en el siguiente gráfico que el crecimiento del empleo después de la reforma fue sistemáticamente mayor y el desempleo juvenil se redujo en comparación a una posible evolución del crecimiento del empleo y el desempleo juvenil en ausencia de estas reformas.
Las desigualdades se redujeron. La fuerte creación de empleo, ayudada por las reformas, contribuyó a mejorar la distribución de la renta después de 2012. Si miramos el coeficiente de Gini cinco años después de las reformas vemos esa reducción.
Uno de los problemas que no se ha solucionado ha sido la temporalidad que sufre la economía española. Aunque, en este punto, hay que matizar que hemos visto una contracción del peso del sector de la construcción en el cómputo del PIB en favor de una economía orientada más a servicios con una dosis de mayor temporalidad.
Hay que tener en cuenta, que en el momento previo del estallido de la burbuja inmobiliaria, la proporción de empleos temporales era incluso superior al 30% (tasa del 34,6% en el tercer trimestre del 2006). La crisis borró muchos contratos temporales, y cuando la recuperación económica llego a los niveles de PIB que habíamos visto en el pasado, la tasa de temporalidad, aunque excesivamente elevada en el 26%, desde luego no ha llegado a los niveles anteriores.
